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Digesto Departamental
Volumen I Normas que refieren a los Gobiernos Departamentales

Título I
Constitución de la República

La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio.

FuentesObservaciones
art. 1

Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero.

FuentesObservaciones
art. 2

Jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna.

FuentesObservaciones
art. 3

La soberanía en toda su plenitud existe radical­mente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

FuentesObservaciones
art. 4

Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destina­das al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religio­nes.

FuentesObservaciones
art. 5

Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguri­dad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se estable­cieren por razones de interés general.

FuentesObservaciones
art. 7

Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

FuentesObservaciones
art. 8

Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

FuentesObservaciones
art. 10

El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o direc­ción.

FuentesObservaciones
art. 24
Nota:

Ver: art. 31 ley 17.296 promulgada el 21 de febrero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 23 de febrero de 2001: este art. fue derogado por la Ley 17.930 promulgada el 19 de diciembre de 2005 y publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 2005, art. 52.


Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.

FuentesObservaciones
art. 25

Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.

FuentesObservaciones
art. 30

La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas esta­blecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación.
Cuando se declare la expropiación por causas de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los pro­pietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

FuentesObservaciones
art. 32

Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado, y la Ley establecerá(*) lo que estime oportuno para su defensa.

FuentesObservaciones
art. 34
Nota:

Ver: (*) Ley 14.040


Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.

FuentesObservaciones
art. 36

El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de preven­ción y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

FuentesObservaciones
art. 44

Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisi­ción y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

FuentesObservaciones
art. 45

La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La Ley reglamentará (*) esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.
El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.(**)
1) La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en:
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.
b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.
d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.
2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.
3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
4) La ley por tres quinto de votos del total de componentes de cada cámara podrá autorizar el suministro de agua a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.

FuentesObservaciones
art. 47
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
El inciso segundo fue agregado por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 31 de octubre de 2004.
Ver: (*) Ley 17.283 promulgada el 28 de noviembre de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2000.

(**) Ley 18.610 promulgada el 2 de octubre y publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2009.

 


El Estado o los Gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias. Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso.

FuentesObservaciones
art. 51

La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promove­rá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.

FuentesObservaciones
art. 57

Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la fun­ción, reputándose ilícita la dirigida a fines de proseli­tismo de cualquier especie.
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de repar­ticiones públicas o invocándose el vínculo que la fun­ción determine ente sus integrantes.

FuentesObservaciones
art. 58

La Ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.
Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes:
A) del Poder Ejecutivo, con excep­ción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especia­les;
B) del Poder Judicial y del Tribunal de lo Conten­cioso Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura;
C) del Tribunal de Cuentas;
D) de la Corte Electoral y sus dependencias, sin per­juicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos;
E) de los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos.

FuentesObservaciones
art. 59

La ley creará (*) el Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Des­centralizados, que tendrá los cometidos que ésta es­tablez­ca para asegurar una administración eficiente.
Establécese la carrera administrativa para los fun­cionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y de lo estableci­do en el inciso 4o. de este artículo.
Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Constitución.
No están comprendidos en la carrera administrativa, los funcionarios de carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por Ley aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano ad­ministrativo correspondiente.

FuentesObservaciones
art. 60
Nota:

Ver: (*) Ley 15.757


Para los funcionarios de carrera, el Es­tatuto del Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII.

FuentesObservaciones
art. 61

Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes, y mientras no lo hagan regirán para ellos las disposiciones que la Ley establezca para los funcionarios públicos.
A los efectos de declarar la amovilidad de sus fun­cionarios y de calificar los cargos de carácter político o de particular confianza, se requerirán los tres quintos del total de componentes de la Junta Departamental.

FuentesObservaciones
art. 62

La Ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas espe­ciales que por su generalidad o naturaleza sean aplica­bles, a los funcionarios de todos los Gobiernos Departa­mentales, y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos.

FuentesObservaciones
art. 64

La Ley podrá autorizar que, en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatu­to, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organiza­ción de los servicios, reglamentación del trabajo y apli­cación de las medidas disciplinarias.
En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la Ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender en las desinteligen­cias entre las autoridades de los servicios y sus emplea­dos y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la conti­nuidad de los servicios.

FuentesObservaciones
art. 65

Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.

FuentesObservaciones
art. 66

Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.

FuentesObservaciones
art. 69

Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científi­ca y obrera, y el establecimiento de bibliotecas popula­res.
En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.

FuentesObservaciones
art. 71

Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales.

FuentesObservaciones
art. 73

Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualesquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico.

FuentesObservaciones
art. 74
Nota:

Ver: Ley 16.021 promulgada el 13 de abril de 1989 y publicada en el Diario Oficial el 27 de abril de 1989.


Tienen derecho a la ciudadanía legal:
A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena con­ducta, con familia constituida en la República, que poseyen­do algún capital en giro o propiedad en el país, o profesan­do alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República;
B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena con­ducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual en el país;
C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por ser­vicios notables o méritos relevantes.
La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada.
Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los incisos A y B hasta tres años después del otorgamiento de la respectiva carta.
La existencia de cualquiera de las causales de sus­pensión a que se refiere el artículo 80(*) obstará al otor­gamiento de la carta de ciudadanía.

FuentesObservaciones
art. 75
Nota:

Ver: Ley 16.017 promulgada el 20 de enero de 1989 y publicada en el Diario Oficial el
6 de abril de 1989.

(*) Se refiere al artículo 35 del Volumen I del Digesto Departamental.


Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Los ciudadanos legales no podrán ser desig­nados sino tres años después de habér­seles otorgado la carta de ciudadanía.
No se requerirá la ciudadanía para el desem­peño de funciones de profesor en la enseñanza superior.

FuentesObservaciones
art. 76

Todo ciudadano es miembro de la soberan­ía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.
El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes:

4º.- Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuen­tas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servi­cios Descentralizados, los militares en actividad, cual­quiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto.
No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legis­lación y administración.
Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales, la Corte Elec­toral. La denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los Partidos.
Sin perjuicio de lo dispuesto anterior­mente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la justicia ordi­naria a los demás efectos a que hubiere lugar;

9º.- La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Presidente y del Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el proce­dimiento de la elección por el Cuerpo Elec­toral, a excep­ción de los referidos en el inciso ter­cero de este nume­ral, se realizará el último domingo del mes de octubre cada cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 151.
Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para Presidente y Vicepresidente de la República deberán figu­rar en una hoja de votación individualizada con el lema de un Partido político.
La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales.
Las listas de candidatos para los cargos departamen­tales deberán figurar en una hoja de votación in­dividualizada con el lema de un Partido político.
10º.- Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cum­plido el período completo para el que fue elegido.
Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente jus­tificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que correspon­dan, ni a los Intendentes que renuncien tres meses antes de la elec­ción para poder ser candidatos.

FuentesObservaciones
art. 77
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996
Ver: Ley 17.239 promulgada el 9 de mayo de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 2000; Ley 17.113 promulgada el 9 de junio de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 1999; Ley 17.045 promulgada el 14 de diciembre de 1998 y publicada en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 1998; Ley 16.910 promulgada el 9 de enero de 1998 y publicada en el Diario Oficial el 20 de enero de 1998.


La ciudadanía se suspende:
1º.- Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente.
2º.- Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría.
3º.- Por no haber cumplido dieciocho años de edad.
4º.- Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de dere­chos políticos durante el tiempo de la condena.
5º.- Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que determinará la Ley sancionada de acuerdo con el numeral 7º del artículo 77(*).
6º.- Por formar parte de organizaciones sociales o políti­cas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales a los efectos de esta disposición, las contenidas en las Secciones I y II de la presente Constitución.
7º.- Por la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 75(**).
Estas dos últimas causales sólo regirán respecto de los ciudadanos legales.
El ejercicio del derecho que otorga el artículo 78 se suspende por las causales enumeradas precedentemente.

FuentesObservaciones
art. 80
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 34 del Volumen I del Digesto Departamental.

(**) Se refiere al artículo 32 del Volumen I del Digesto Departamental.


La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico.
La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior.

FuentesObservaciones
art. 81

A la Asamblea General compete:

9º.- Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos; establecer aduanas y derechos de exportación e importación aplicándose, en cuanto a estos últimos, lo dispuesto en el artículo 87; así como declarar de interés nacional zonas turísticas, que serán atendidas por el Ministerio respectivo.

17º.- Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.

FuentesObservaciones
art. 85
Nota:

Ver: Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 163.


La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.
Toda otra Ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cu­biertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asig­nación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, estableci­miento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilato­rios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.

FuentesObservaciones
art. 86

La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación propor­cional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país.
No podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos.
Corresponderán a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos.
El número de Representantes podrá ser modificado por la ley la que requerirá para su sanción, dos tercios de votos del total de los componentes de cada Cámara.

FuentesObservaciones
art. 88
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.


No pueden ser Representantes:
1º.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, los miembros del Poder Judicial, del Tribunal de Cuen­tas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, de los Consejos o Directorios o los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentraliza­dos, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales y los Intendentes.
2º.- Los empleados militares o civiles dependientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del de Cuentas, de los Gobiernos Depar­tamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, por servicios a sueldo, con excepción de los retirados o jubilados. Esta disposición no rige para los que desempe­ñen cargos universitarios docentes o universitarios técni­cos con funciones docentes; pero si el elegido opta por continuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure su man­dato. Los militares que renuncien al destino y al suel­do para ingresar al Cuerpo Legislati­vo, conservarán el grado, pero mientras duren sus funcio­nes legislativas no podrán ser ascendidos, estarán exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan desempe­ñando funciones legislativas a los efectos de la antigüedad para el ascenso.

FuentesObservaciones
art. 91

No pueden ser candidatos a Representantes el Presidente de la República, el Vicepresidente de la Repú­blica y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquél, cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo o discontinuo. Tampoco podrán serlo los Jueces y Fiscales Letrados, ni los Intendentes, ni los funcionarios policiales en los Departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral.
Para los Consejeros y Directores de los Entes Autóno­mos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto en el artículo 201.

FuentesObservaciones
art. 92

Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresi­dente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Conten­cioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

FuentesObservaciones
art. 93

Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio, y, en ambos casos, treinta años cumplidos de edad.

FuentesObservaciones
art. 98

A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus compo­nentes.

FuentesObservaciones
art. 102

Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores haya separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley.

FuentesObservaciones
art. 103

Los Senadores y los Representantes, después de incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los Poderes del Estado, de los Gobier­nos Departamentales, de los Entes Autónomos, de los Servi­cios Descentralizados o de cualquier otro órgano público ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, quedando en todos los casos vacante su representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el servicio.
Cuando un Senador sea convocado para ejercer temporal­mente la Presidencia de la República y cuando los Senadores y los Representantes sean llamados a desem­peñar Ministerios o Subsecretarías de Estado, quedarán suspendi­dos en sus funciones legislativas, sustituyén­doseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspon­diente.

FuentesObservaciones
art. 122

La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público electivo, cualquiera sea su naturaleza.

FuentesObservaciones
art. 123

Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato:
1º.- Intervenir como Directores, Administradores o emplea­dos en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano públi­co;
2º.- Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Admi­nistración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.

FuentesObservaciones
art. 124

La incompatibilidad dispuesta por el inciso primero del artículo 122(*), alcanzará a los Senadores y a los Representantes hasta un año después de la terminación de su mandato, salvo expresa autorización de la Cámara respectiva.

FuentesObservaciones
art. 125
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 46 del Volumen I del Diegesto Departamental.


La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá reglamentar las prohibi­ciones establecidas en los dos artículos preceden­tes o establecer otras, así como extenderlas a los inte­grantes de otros órganos.

FuentesObservaciones
art. 126

Todo proyecto de Ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros, sin perjui­cio de lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 85 y artículo 86.
Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada.
El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios, ni tampoco, disminuir los precios máximos propuestos.

FuentesObservaciones
art. 133
Nota:

Ver: Ley 16.017 promulgada el 20 de enero de 1989 y publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 1989.


El Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros que deberán reunir las mismas calidades exigidas para ser Senador.
Serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Regirán a su respecto las incom­patibilidades establecidas en los artículos 122, 123, 124 y 125(*).
Sus miembros cesarán en sus funciones cuando la Asamblea General, que sustituya a la que los desig­nó, efectúe los nombramientos para el nuevo per­íodo.
Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacan­cia, impedimento temporal o licencia de los titulares.

FuentesObservaciones
art. 208
Nota:

Ver: (*) Se refiere a los artículos 46, 47, 48 y 49 del Volumen I del Digesto Departamental.


Compete al Tribunal de Cuentas:
A) Dictaminar e informar en materia de presupuestos;
B) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la Ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto.
Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efec­tos.
En los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el cometido a que se refiere este inciso podrá ser ejercido con las mismas ulteriorida­des, por intermedio de los respectivos contadores o fun­cionarios que hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la superintendencia del Tribunal de Cuen­tas, con sujeción a lo que disponga la Ley, la cual podrá hacer extensiva esta regla a otros servicios públicos con adminis­tración de fondos;
C) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondien­tes en caso de responsabilidad, exponiendo las considera­ciones y observaciones pertinentes;
D) Presentar a la Asamblea General la memoria anual rela­tiva a la rendición de cuentas establecida en el inciso anterior;
E) Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, Gobiernos Departamen­tales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infrac­ciones a las leyes de presupuesto y contabilidad;
F) Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza;
G) Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder Ejecu­tivo, para ser incluidos en los presupuestos respectivos. El Poder Ejecutivo, con las modificaciones que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo, estándose a su resolución.
 

FuentesObservaciones
art. 211
Nota:

Ver: para los lits. B), C) y E): Ley 17.296 promulgada el 21 de febrero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 23 de febrero de 2001, arts. 473, 474, 475, 476, 477.


El Tribunal de Cuentas tendrá superintendencia en todo lo que corresponda a sus cometidos y con sujeción a lo que establezca su Ley Orgánica, sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentraliza­dos, cualquiera sea su naturaleza, pudiendo proponer, a quien corresponda, las reformas que creyere convenientes.

FuentesObservaciones
art. 212

El Tribunal de Cuentas presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, el que lo elevará al Poder Legis­lativo con las observaciones que le mereciera. Dicho proyecto comprenderá las normas reguladoras de la adminis­tración financiera y económica y especialmente la organi­zación de los servicios de contabilidad y recaudación; requisitos con fines de contralor, para la adquisición y enajenación de bienes y contratación que afecten a la Hacienda Pública; para hacer efectiva la intervención preventiva en los ingresos, gastos y pagos; y las respon­sabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcio­narios que intervienen en la gestión del patrimonio del Estado.

FuentesObservaciones
art. 213

El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupues­to, el Presupuesto Nacional que regirá para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
El Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá:
A) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada Inciso por programa.
B) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa.
C) Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, correspon­derá a los Gobiernos Departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 230(*), asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipa­ción al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupues­to no compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislati­vo.
Los Gobiernos Departamentales remitirán al Poder Legislativo, dentro de los seis meses de ven­cido el ejer­cicio anual, una rendición de cuentas de los recur­sos recibidos por aplicación de este literal, con in­dicación precisa de los montos y de los destinos aplicados.
D) Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto.
Los apartados precedentes podrán ser objeto de leyes separadas en razón de la materia que comprendan.
El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de venci­do el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Ren­dición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupues­tal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversio­nes y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresio­nes y modificaciones de programas por razones debidamente justifi­cadas.

FuentesObservaciones
art. 214
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ver: Ley 16.017 promulgada el 20 de enero de 1989 y publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 1989.

(*) Se refiere al artículo 30 del Volumen I del Digesto Departamental.


El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar modifica­ciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.

FuentesObservaciones
art. 215

Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprendan los Gastos Ordinarios permanentes de la Administración, cuya revisión periódica no sea indispensable.
No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquéllas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.
Todos los proyectos de presupuestos serán elevados a quien corresponda para su consideración y aprobación, en forma comparativa con los presupuestos vigentes.

FuentesObservaciones
art. 216

Sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos, en el caso exclusivo del Proyec­to de Presupuesto Nacional y sólo dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada Cámara.

FuentesObservaciones
art. 219

Se aplicarán al Presupuesto Departamen­tal, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 86, 133, 214, 215, 216 y 219(*).

FuentesObservaciones
art. 222
Nota:

Ver:(*) Se refiere a los artículos 38, 51, 57, 58, 59 del Volumen I del Digesto Departamental.


Cada Intendente proyectará el Presupuesto Depar­tamental que regirá para su período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.

FuentesObservaciones
art. 223

Las Juntas Departamentales considerarán los proyectos de presupuestos preparados por los Intendentes dentro de los cuatro meses de su presentación.

FuentesObservaciones
art. 224

Las Juntas Departamentales sólo podrán modificar los proyectos de presupuestos para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o viola­ción de las disposiciones constitucionales o leyes aplica­bles.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran éstas, sancionará definitivamen­te el presupuesto.
En ningún caso la Junta podrá introducir otras modi­ficaciones con posterioridad al informe del Tribunal.
Si la Junta Departamental no aceptase las observacio­nes formuladas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las dis­crepan­cias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sanciona­do.

FuentesObservaciones
art. 225

Vencido el término establecido en el artículo 224(*) sin que la Junta Departamental hubiese tomado resolución definitiva, se considerará rechazado el proyec­to de presu­puesto remitido por el Intendente.
 

FuentesObservaciones
art. 226
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 62 del Volumen I del Digesto Departamental.


Los presupuestos departamentales declarados vigentes, se comunicarán al Poder Ejecutivo para su inclu­sión, a título informativo, en los presupuestos respecti­vos y al Tribunal de Cuentas con instrucción a éste de los antecedentes relativos a sus observaciones, cuando las hubiere.

FuentesObservaciones
art. 227

La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a la Hacienda Pública, será de cargo del Tribunal de Cuentas.
Mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigen­tes.

FuentesObservaciones
art. 228

El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear car­gos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, con excepción de las asignacio­nes a que se refieren los artículos 117, 154 y 295(*).

FuentesObservaciones
art. 229
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 110 del Volumen I del Digesto Departamental.


Habrá una Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dependerá directamente de la Presidencia de la Repú­blica. Estará dirigida por una Comisión integrada con representantes de los Ministros vin­culados al desarrollo y por un Director designado por el Presidente de la Repúbli­ca que la presidirá.
El Director deberá reunir las con­diciones necesarias para ser Ministro y ser persona de reconocida competencia en la materia. Su cargo será de particular confianza del Presidente de la República.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se comunicará directamente con los Ministerios y Organismos Públicos para el cumplimiento de sus funciones.
Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públi­cas y privadas.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de los Planes y Progra­mas de Desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización que serán ejecutadas:
A) Por el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, respecto de sus correspondien­tes cometidos.
B) Por los Gobiernos Departamentales respecto de los cometidos que les asignen la Constitución y la ley.
A estos efectos se formará una Comisión Sec­torial que estará exclusivamente integrada por delegados del Congreso de Intendentes y de los Ministerios competentes, la que propondrá planes de descentralización que, previa aproba­ción por el Poder Ejecutivo, se aplicarán por los organis­mos que corresponda. Sin perjuicio de ello, la ley podrá establecer el número de los in­tegrantes, los cometidos y atribuciones de esta Comisión, así como reglamentar su funcionamiento.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tendrá además los cometidos que por otras disposiciones se le asignen expresamente así como los que la ley determine.

FuentesObservaciones
art. 230
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ver: Ley 17.243 promulgada el 29 de junio de 2000 y publicada en le Diario Oficial el 6 de julio de 2000 artículo 48.


La ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara podrá disponer expropiaciones correspondientes a planes y programas de desarrollo económico, propuestas por el Poder Ejecutivo, mediante una justa indemnización y conforme a las normas del artículo 32(*).

FuentesObservaciones
art. 231
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 12 del Volumen I del Digesto Departamental.


Dicha indemnización podrá no ser previa, pero en ese caso la ley deberá establecer expresamente los recur­sos necesarios para asegurar su pago total en el término establecido, que nunca superará los diez años; la entidad expropiante no podrá tomar posesión del bien sin antes haber pagado efectivamente por lo menos la cuarta parte del total de la indemnización.
Los pequeños propietarios, cuyas carac­terísticas determinará la ley, recibirán siempre el total de la indemnización previamente a la toma de posesión del bien.

FuentesObservaciones
art. 232

Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.

FuentesObservaciones
art. 256

A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

FuentesObservaciones
art. 257

La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afec­tadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquél que se considere lesionado en su interés directo, per­sonal y legítimo:
1) Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia.
2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial.
El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier proce­dimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso-Admi­nistrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inapli­cabilidad, antes de dictar resolución.
En este caso y en el previsto por el numeral 2, se suspenderán los procedimientos, eleván­dose las actuaciones a la Suprema Corte de Jus­ticia.

FuentesObservaciones
art. 258

El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.

FuentesObservaciones
art. 259

Los Decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción, podrán tam­bién ser declarados inconstitucionales, con sujeción a lo establecido en los artículos anteriores.

FuentesObservaciones
art. 260

La ley reglamentará los procedimientos pertinen­tes.

FuentesObservaciones
art. 261

El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Depar­tamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada depar­tamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección.
Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.
La ley establecerá la materia depar­tamental y la municipal, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamen­tales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin per­juicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275(*).
El Intendente, con acuerdo de la Junta Departamen­tal, podrá delegar en las autoridades locales la ejecución de determinados cometidos, en sus respec­tivas circunscripcio­nes territoriales.
Los Gobiernos Departamentales podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo, así como con los Entes Autó­nomos y los Servicios Des­centralizados, la organización y la prestación de ser­vicios y actividades propias o comu­nes, tanto en sus respectivos territorios como en forma regional o inter­departamental.
Habrá un Congreso de Intendentes, in­tegrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo es­tuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales. El Congreso, que también podrá celebrar los convenios a que refiere el inciso precedente, se comunicará direc­tamente con los Poderes del Gobierno.

FuentesObservaciones
art. 262
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.

Ver: (*) Se refiere a los artículos 88 y 90 del Volumen I del Digesto Departamental.


Las Juntas Departamentales se compondrán de treinta y un miembros.

FuentesObservaciones
art. 263

Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá dieciocho años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos.

FuentesObservaciones
art. 264
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.


Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes.

FuentesObservaciones
art. 265

Los Intendentes durarán cinco años en el ejer­cicio de sus funciones y podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renun­cien con tres meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones.

FuentesObservaciones
art. 266
Nota:

Ver: Ley 17.797 promulgada el 10 de agosto de 2004 y publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2004, art. único.


Para ser Intendente se requerirán las mis­mas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes de la fecha de toma de posesión por lo menos.

FuentesObservaciones
art. 267

Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llama­dos por su orden a ejercer las funciones en caso de vacan­cia del cargo, impedimento temporal o licencia del titu­lar. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal, excepto que la convoca­toria fuese para suplir una vacancia tem­poral.
Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementa­rio del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental - siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267(*) - y en su defecto por los Vicepresidentes que reunie­sen dichas con­diciones.
Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente electo o fuese anulada la elección departamental quedará pror­rogado el período del Intendente cesante, hasta que se efectúe la transmi­sión del mando.

FuentesObservaciones
art. 268
Nota:

Ver: Se refiere a los artículos 81 y 82 del Volumen I del Digesto Departamental.


La ley sancionada con el voto de dos ter­cios del total de los componentes de cada Cámara podrá modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales.

FuentesObservaciones
art. 269

Las Juntas Departamentales y los Inten­dentes serán elegidos directamente por el pueblo, con las garan­tías y conforme a las normas que para el sufragio estable­ce la Sección III.

FuentesObservaciones
art. 270

Los Partidos políticos seleccionarán sus candi­datos a Intendente mediante elecciones internas que regla­mentará la ley(*) sancionada por el voto de los dos tercios de componentes de cada Cámara.
Para la elección de Intendente Municipal se acumu­larán por lema los votos en favor de cada Partido políti­co, quedando prohibida la acumulación por sub-lemas.
Corresponderá el cargo de Intendente Municipal al candidato de la lista más votada del lema más votado.
La ley, sancionada por la mayoría es­tipulada en el primer inciso, podrá establecer que cada Partido presenta­rá una candidatura única para la Inten­dencia Municipal.

FuentesObservaciones
art. 271
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.

Ver: (*) Ley 17.063 de 24/12/1998.


Los cargos de miembros de las Juntas Departamen­tales se distribuirán entre los diversos lemas, proporcio­nalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguien­tes.
Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que serán distribuidos proporcionalmen­te entre todas sus listas.
Los demás cargos serán distribuidos por el sistema de la representación proporcional integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior.

FuentesObservaciones
art. 272

La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental.
Su jurisdicción se extenderá a todo el ter­ritorio del Departamento.
Además de las que la Ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales:
1.- Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesa­rios, dentro de su competencia;
2.- Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el Intendente, conforme a lo dispuesto en la Sección XIV;
3.- Crear o fijar, a proposición del Intendente, impues­tos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes;
4.- Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacien­da o a la Administración Departamental. El requerimien­to deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de los componentes de la Junta;
5.- Destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas;
6.- Sancionar, por tres quintos del total de sus componen­tes, dentro de los doce primeros meses de cada perío­do de Gobierno, su Presupuesto de Sueldos y Gastos y remitirlo al Intendente para que lo incluya en el Presu­puesto res­pectivo(*).
Dentro de los cinco primeros meses de cada año podrán establecer, por tres quintos de votos del total de sus componentes, las modificaciones que estimen indispensables en su Presupuesto de Sueldos y Gastos;
7.- Nombrar los empleados de sus dependencias, corregir­los, suspenderlos y destituirlos en los casos de inepti­tud, omisión o delito, pasando en este último caso los anteceden­tes a la Justicia;
8.- Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes;
9.- Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales;
10.- Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule;
11.- Solicitar directamente del Poder Legislativo modifi­caciones o ampliaciones de la Ley Orgánica de los Gobier­nos Departamentales(**).

FuentesObservaciones
art. 273
Nota:

Ver: (*) Ley 17.296 promulgada el 21 de febrero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 23 de febrero de 2001, art. 483.

(**) Ley 9.515.


Corresponden al Intendente las funciones ejecu­tivas y administrativas en el Gobierno Departamen­tal.

FuentesObservaciones
art. 274

Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:
1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes;
2.- Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resolucio­nes que estime oportuno para su cumplimiento;
3.- Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispues­to en la Sección XIV;
4.- Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y contribuciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servi­cios departamentales y homologar las tarifas de los servi­cios públicos a cargo de concesionarios o permisarios;
5.- Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Depar­tamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacer­lo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito pasará, además, los antecedentes a la Justicia;
6.- Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar los que aquella sanciones dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la sanción;
7.- Designar los bienes a expropiarse por causa de nece­sidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta Depar­tamental;
8.- Designar los miembros de las Juntas Locales, con anuencia de la Junta Departamental;
9.- Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria, preparatoria, industrial y artística, propo­niendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento.

FuentesObservaciones
art. 275

Corresponde al Intendente representar al depar­tamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales, y sus contrataciones con órganos oficiales o privados.

FuentesObservaciones
art. 276

El Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fija­dos.
El Secretario será nombrado por cada Intendente y cesará con él, salvo nueva designación, pudiendo ser removido o reemplazado transitoriamente en cualquier momento.

FuentesObservaciones
art. 277

El Intendente podrá atribuir a comisiones espe­ciales la realización de cometidos específicos, delegando las facultades necesarias para su cumplimien­to.

FuentesObservaciones
art. 278

El Intendente determinará la competencia de las direcciones generales de departamento y podrá modificar su denominación.

FuentesObservaciones
art. 279

Los directores generales de departamento ejerce­rán los cometidos que el Intendente expresamente delegue en ellos.

FuentesObservaciones
art. 280

Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal.
Este podrá observar aquellos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia.
Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales.
No podrán ser observados los presupuestos que hayan llegado a la Asamblea General por el trámite establecido en el artículo 225(*).

FuentesObservaciones
art. 281
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 63 del Volumen I del Digesto Departamental.


El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y de sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto.

FuentesObservaciones
art. 282

Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del depar­tamento, en la forma que establezca la ley.

FuentesObservaciones
art. 283

Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que estime nece­sarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departa­mental, el que lo remitirá de inmediato al Inten­dente.
Si éste, no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.

FuentesObservaciones
art. 284

La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcio­narios de sus dependencias que estime necesarios, o hacer­se representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo anterior.

FuentesObservaciones
art. 285

La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesa­rios para el cumplimiento de sus funciones, quedan­do obligados el Intendente y las oficinas de su dependen­cia, a facilitar los datos solicitados.

FuentesObservaciones
art. 286

El número de miembros de las autoridades loca­les, que podrán ser unipersonales o pluripersonales, su forma de integración en este último caso, así como las calidades exigidas para ser titular de las mismas, serán establecidos por la ley.
Los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales no podrán integrar las autoridades loca­les.

FuentesObservaciones
art. 287
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996


La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudien­do, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respec­tivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aque­llas, en las poblaciones que, sin ser capital de Departa­mento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desar­rollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas.

FuentesObservaciones
art. 288

Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docen­tes, o con cualquier situación personal que importe reci­bir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Depar­tamental.

FuentesObservaciones
art. 289

No podrán formar parte de las Juntas Departamen­tales y de las Juntas Locales, los empleados de los Go­biernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contra­ten con el Gobierno Departamental.
No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos, los funcionarios comprendidos en el inciso 4) del artícu­lo 77(*).

FuentesObservaciones
art. 290
Nota:

 Ver: Ley 15.775 promulgada el 11 de octubre de 1985 y publicada en el Diario Oficial el 25 de octubre de 1985 art. 1.

(*) Se refiere al artículo 34 del Volumen I del Digesto Departamental.


Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, tampoco podrán durante su mandato:
1.- Intervenir como directores o administradores en empre­sas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departa­mental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo;
2.- Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.
 

FuentesObservaciones
art. 291

La inobservancia de lo preceptuado en los ar­tículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo.

FuentesObservaciones
art. 292

Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interi­namente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndose, mientras dure la suspen­sión, por el suplente correspondiente.

FuentesObservaciones
art. 293

Los cargos de Intendentes y de miembros de Junta Departamental, son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.

FuentesObservaciones
art. 294

Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios.
Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elec­ción. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos.

FuentesObservaciones
art. 295

Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Sena­dores por un tercio de votos del total de componen­tes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93(*).
La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus desti­nos por dos tercios de votos del total de sus componentes.

FuentesObservaciones
art. 296
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 42 del Volumen I del Digesto Departamental.


Serán fuentes de recursos de los Gobier­nos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdic­ción, con excepción, en todos los casos, de los adiciona­les nacionales establecidos o que se establecieren. Los impues­tos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totali­dad de su producido, excepto el de los adicionales esta­blecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamen­tales respec­tivos. La cuantía de los impuestos adicionales naciona­les, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental.
2) El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada en las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados.
3) Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artícu­lo.
4) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles benefi­ciados por obras públicas departamentales.
5) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo de las empresas concesionarias de servicios exclusivamente departamentales.
6) Los impuestos a los espectáculos públicos con excep­ción de los establecidos por ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transpor­te.
7) Los impuestos a la propaganda y avisos de todas cla­ses. Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, cultural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
8) Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que ésta determine.
9) Los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que se efectúen apuestas mutuas, con excepción de los establecidos por ley, mientras no sean derogados.
10) El producido de las multas:
a) que el Gobierno Departamental haya es­tablecido mientras no sean derogadas, o estableciere según sus facultades;
b) que las leyes vigentes hayan establecido con destino a los Gobiernos Departamentales;
c) que se establecieran por nuevas leyes, con destino a los Gobiernos Departamentales.
11) Las rentas de los bienes de propiedad del Gobierno Departamental y el producto de las ventas de éstos.
12) Las donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptare.
13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presu­puestal.

FuentesObservaciones
art. 297
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ver: Ley 18.456 promulgada el 26 de diciembre de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2009.


La ley, que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo y por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, podrá:
1) Sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los tributos depar­tamentales, así como ampliar las fuentes sobre las cuales éstos podrán recaer.
2) Destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo. Con su producido se formará un fondo presupuestal, afectado al financiamiento de los programas y planes a que refiere el inciso quinto del artículo 230(*). Dicha alícuota deberá ser propuesta precep­tivamente en el Presupuesto Nacional.
3) Exonerar temporariamente de tributos nacionales, así como rebajar sus alícuotas, a las empresas que se instalaren en el interior del país.

FuentesObservaciones
art. 298
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.

Ver: (*) Se refiere al artículo 68 del volumen I del Digesto Departamental.


Los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios, sino después de diez días de publicados en el Diario Oficial y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una Sección especial.
Deberán publicarse, además, por lo menos, en dos periódicos del departamento.

FuentesObservaciones
art. 299

El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de publicados en el Diario Oficial, fundándose en razones de interés general, los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensi­vo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, anteceden­tes complementarios, quedando, en este caso, interrum­pido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos precedentemente.

FuentesObservaciones
art. 300

Los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública Departamental, ni concertar préstamos ni empréstitos con organismos inter­nacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuen­cia del Poder Legislativo, otorgada por mayoría ab­soluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de un término de sesenta días, pasado el cual se en­tenderá acordada dicha anuencia.
Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobier­no del Intendente proponente, se re­querirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental.

FuentesObservaciones
art. 301

Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departa­mentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradas, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamen­tal, a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.

FuentesObservaciones
art. 302
Nota:

Ver: Ley 16.170 promulgada el 28 de diciembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1991, art. 661.


Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Depar­tamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspen­sivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, anteceden­tes complementarios, quedando, en este caso, interrum­pido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.

FuentesObservaciones
art. 303
Nota:

Ver: Ley 18.045 promulgada el 23 de octubre de 2006 y publicada en el Diario Oficial el 31 de octubre de 2006 art. 1.


La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.
También podrá la Ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.

FuentesObservaciones
art. 304

El quince por ciento de los inscriptos, residentes en una localidad o circunscripción que determine la Ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción.

FuentesObservaciones
art. 305

La fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e Intendentes Municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones.

FuentesObservaciones
art. 306

Habrá un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el que estará compuesto de cinco miembros.
En los casos de vacancia y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento para el cumplimiento de su función jurisdic­cional, se integrará de oficio en la forma en que es­ta­blezca la ley(*).

FuentesObservaciones
art. 307
Nota:

Ver: (*) Ley 15.524.


Las calidades necesarias para ser miembro de este Tribunal, la forma de su designación, las prohibiciones e incompatibilidades, la dotación y duración del cargo, serán las determinadas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

FuentesObservaciones
art. 308

El Tribunal de lo Contencioso-Ad­ministrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con des­viación de poder.
La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Des­centralizados.
La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto ad­ministrativo.

FuentesObservaciones
art. 309

El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.
Para dictar resolución, deberán concurrir todos los miembros del Tribunal, pero bastará la simple mayoría para declarar la nulidad del acto impugnado por lesión de un derecho subjetivo.
En los demás casos, para pronunciar la nulidad del acto, se requerirán cuatro votos conformes. Sin embar­go, el Tribunal reservará a la parte demandante, la acción de reparación, si tres votos conformes declaran suficiente­mente justificada la causal de nulidad in­vocada.

FuentesObservaciones
art. 310

Cuando el Tribunal de lo Contencioso-Administración declare la nulidad del acto administrativo por causar lesión a un derecho subjetivo del deman­dante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.
Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos.

FuentesObservaciones
art. 311

La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309(*) se interpondrá ante la jurisdicción que la ley deter­mine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legiti­mación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare.
El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.
En el primer caso y si obtuviere una sentencia anula­toria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declara suficientemente jus­tificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación.

FuentesObservaciones
art. 312
Nota:

La redacción de este artículo fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.

Ver: Se refiere al artículo 124 del Volumen I del DIgesto Departamental.


El tribunal entenderá, además, en las contiendas de competencia fundadas en la legislación y en las dife­rencias que se susciten entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y también, en las contiendas o diferencias entre uno y otro de éstos órganos.
También entenderá en las contiendas o diferencias que se produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o Consejos de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de la voluntad del órgano.
De toda contienda fundada en la Constitución entende­rá la Suprema Corte de Justicia.

FuentesObservaciones
art. 313

Habrá un Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo, nombrado por el Poder Ejecutivo.
Las calidades necesarias para desempeñar este cargo, las prohibiciones e incompatibilidades, así como la duración y dotación, serán determinadas para los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

FuentesObservaciones
art. 314

El Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo será necesariamente oído, en último térmi­no, en todos los asuntos de la Jurisdicción del Tribunal.
El Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo es independiente en el ejercicio de sus funciones. Puede, en consecuencia, dictaminar según su convicción, estableciendo las conclusiones que crea arre­gladas a derecho.

FuentesObservaciones
art. 315

La autoridad demandada podrá hacerse representar o asesorar por quien crea conveniente.

FuentesObservaciones
art. 316

Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspon­diere, o de su publicación en el Diario Oficial.
Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además con el recur­so jerárquico, el que deberá interpo­nerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revoca­ción.
Cuando el acto administrativo provenga de una autori­dad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309(*), mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.
Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley.

FuentesObservaciones
art. 317
Nota:

Ver: Ley 17.292 promulgada el 25 de enero de 2001 y publicada el 29 de enero de 2001, art. 40.

(*) Se refiere al artículo 124 del Volumen I del Digesto Departamental.


Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administra­tivos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimien­to del último acto que ordene la ley o reglamento aplicable.
Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

FuentesObservaciones
art. 318
Nota:

Ver: Ley 17.292 promulgada el 25 de enero de 2001 y publicada el 29 de enero de 2001, art. 40.


La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes.
La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que en cada caso deter­mina la ley.

FuentesObservaciones
art. 319

La ley podrá, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, crear órganos infe­riores dentro de la jurisdicción contencioso-administrati­va.
Estos órganos serán designados por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo que disponga la ley sobre la base de las disposiciones que se es­tablecen para el Poder Judicial y estarán sometidos a su superin­tendencia directiva, correccional, consultiva y económica.

FuentesObservaciones
art. 320

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo proyectará sus presupuestos y los remitirá, en su oportu­nidad, al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los respectivos proyectos de presupuestos, acompañándolos de las modificaciones que estime pertinentes.

FuentesObservaciones
art. 321

Los miembros de la Corte Electoral no podrán ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el Cuerpo Electoral, salvo que renuncien y cesen en sus funciones por lo menos seis meses antes de la fecha de aquella.

FuentesObservaciones
art. 325

Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la regla­mentación respectiva, sino que ésta será suplida, recu­rriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los princi­pios generales derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

FuentesObservaciones
art. 332

Disposiciones Transitorias y Especiales

Y) Mientras no se dicten las leyes previstas por los artículos 262 y 267(*), las autoridades locales se regirán por las siguientes normas:
1) Se llamarán Juntas Locales, tendrán cinco miembros y, cuando fueren electivas, se integrarán(**) por representa­ción proporcional, en cuyo caso serán presididas por el primer titular de la lista más votada del lema más votado en la respectiva circunscripción territorial. En caso contrario, sus miembros se desig­narán por los Intendentes con la anuencia de la Junta Departamental y respetando, en lo posible, la propor­cionalidad existente en la representación de los diver­sos Partidos en dicha Junta.
2) Habrá Juntas Locales en todas las poblaciones en que ellas existan a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución, así como en las que, a partir de dicha fecha, cree la Junta Departamental, a propues­ta del Intendente.
Z) Mientras no se dictare la ley prevista en el artículo 271(**), los candidatos de cada partido a la Intendencia Municipal serán nominados por su órgano deliberativo departamental o por el que, de acuerdo a sus respectivas Cartas Orgánicas o Estatutos haga las veces de Colegio Elector.
Este órgano será electo en las elecciones internas a que se refiere la disposición transitoria letra W).
Será nominado candidato quien haya sido más votado por los integrantes del órgano elector. También lo podrá ser quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el treinta por ciento de los sufragios emitidos. Cada conven­cional o integrante del órgano que haga las veces de Colegio Elector votará por un solo candidato.
De sobrevenir la vacancia definitiva en una candida­tura a la Intendencia Municipal antes de la elec­ción departamen­tal, será ocupada automáticamente por su primer suplente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del Colegio Elector Departamental u Organo Deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.
De producirse con relación al primer suplente, co­rresponderá al Colegio Elector Departamental u Organo Deliberativo equivalente, la designación de su sus­tituto.
Z­­­­,) El mandato actual de los Intendentes Municipales, Ediles Departamentales y miembros de las Juntas Locales Electivas, se prorrogará, por única vez, hasta la asun­ción de las nuevas autoridades según lo dispone el artículo 262 de la presente Constitución.

FuentesObservaciones
Disposiciones transitorias y especiales Y), Z) y Z')
Nota:

La redacción de las Disposiciones Transitorias y Especiales letras Y), Z) y Z´) fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ver: para el Literal Y): Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario el 19 de octubre de 2009 artículos 1 y 2.

(*) Se refiere a los artículos 77 y 102 del Volumen I del Digesto Departamental.

(**) Ley 16.900.

(***) Se refiere al artículo 86 del Volumen I del Digesto Departamental.

Título II
Ley Orgánica Departamental No. 9.515

Cada Departamento será ad­minis­trado y gobernado por un Intendente que ejercerá las funciones ejecu­tivas, y por una Junta Departamental que tendrá funciones de contralor y legislativas.
Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del Departamento y tendrán su sede en la Capital del mismo.

FuentesObservaciones
art. 1
Nota:

Este artículo fue modificado por el inc. 1 del art. 262 de la Constitución de la República, por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996:
“El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Depar­tamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada depar­tamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección. …”
Ver: Coincide en lo demás con los acápites de los arts. 273 y 274 de la Constitución de la República.


En toda población fuera de la planta urbana de la capital del Departamento, podrá, además, haber una Junta Local.

FuentesObservaciones
art. 2
Nota:

Este artículo fue modificado por el inc. 2 del art. 262 de la Constitución de la República por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996:
“… Podrá haber una autoridad local en toda población que reúna las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haber una o más autoridades locales en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental, a iniciativa del Intendente.”
Ver: Disposición Transitoria Letra Y num.2);  Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009.


Las Juntas Departamentales se com­pondrán, de once miembros en Montevideo y de nueve en los demás Departamentos, distribuyéndose los cargos entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno.
La elección se hará directamente por el pueblo con las garantías que para el sufragio se establece en la Sección III de la Constitución.
Se atribuirá a la lista cuyo candidato a Inten­dente haya resultado triunfante, la totalidad de los cargos que correspondan a su lema.
Dentro de los demás lemas, la distribución se hará por el sistema de la representación proporcional in­tegral.
Los miembros de las Juntas durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
Conjuntamente con los titu­lares serán elegidos hasta el triple número de suplen­tes.

FuentesObservaciones
art. 3
Nota:

El inc. 1 fue modificado por los arts. 263 y 272 inc.1 de la Constitución de la República:
Art. 263 “Las Juntas Departamentales se compondrán de treinta y un miembros” 
Art. 272: “Los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se dividirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes”.
El inc. 3 fue modificado por el art. 272 de la Constitución de la República: “Los cargos de miembros de la Juntas Departamentales se distribuirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que serán distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas.
Los demás cargos serán distribuídos por el sistema de la representación proporcional integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior”.
El inc. 5 fue modificado por el artículo 265 de la Constitución de la República: “Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes”.


Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser proclamadas, a fin de proceder a su instalación.
Una vez instaladas, nombrarán en carácter definitivo un Presidente y dos Vicepresidentes, los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos.

FuentesObservaciones
art. 4

En los casos de muerte, incapacidad, renuncia aceptada, inhabilidad o cese de los titulares, los suplen­tes respectivos los reemplazarán con carácter permanente. En los demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares por ausencia o inasistencia de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.

FuentesObservaciones
art. 5

Las Juntas Departamentales sesionarán ordinariamente en las fechas que ellas mismas designen. Tres de sus miembros o el Intendente podrán convocar extraordinariamente a la Junta en cualquier momento.

FuentesObservaciones
art. 6

Los miembros de las Juntas Departamentales se denominarán ediles y sus funciones serán honorarias.

FuentesObservaciones
art. 7

Para ser miembro de la Junta Departamental, se requerirán 25 años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio, y ser nativo del Depar­tamento o estar radicado en él desde tres años antes, por los menos.

FuentesObservaciones
art. 8
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 264 de la Constitución de la República por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá dieciocho años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes por lo menos”. 


No podrán ser ediles los empleados del Poder Ejecutivo, con excepción de los dependientes de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados; los dependientes de las autoridades departamentales; los que desempeñen funcio­nes electivas -cualquiera que sea su naturaleza- y quienes estén a sueldo o reciban retribución de empresas privadas que contraten con el Municipio.

FuentesObservaciones
art. 9
Nota:

Este art. fue modificado por los arts. 290 a 294 de la Constitución de la República:
Art. 290 “No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de los Gobiernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el Gobierno Departamental”.
No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos, los funcionarios comprendidos en el inciso 4.o) del artículo 77”.
El art. 290 de la Constitución de la República fue interpretado por Ley 15.775 de 25 de octubre de 1985, art. 1º: “Declárase que la incompatibilidad establecida por el parágrafo 1°, del artículo 290 de la Constitución, entre la calidad de Edil o de miembro de las Juntas Locales y la de empleado de los Gobiernos Departamentales se refiere sólo al caso que un Edil o miembro de una Junta Local es empleado del propio Gobierno Departamental”.
Art. 291 “Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, tampoco podrán durante su mandato:
1º) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo.
2º) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental”.
Art.292 “La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo”.
Art. 293 “Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente”.
Art. 294 " Los cargos de Intendente y de miembros de Junta Departamental, son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza”.
Ver: Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009 art.10 en la redacción dada por el art. 1º de la Ley 18.644 promulgada el 12 de febrero de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 22 de febrero 2010.  


Los ediles no serán responsables por las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones, con propósi­to de interés general.

FuentesObservaciones
art. 10

La Junta celebrará sesión con la mayoría de sus miembros, y la Secretaría pondrá a disposición de quien lo solicite, un resumen de los asuntos tratados y resueltos, salvo los que hubieran sido declarados secretos por la mayoría de los presentes.

FuentesObservaciones
art. 11

Todas las resoluciones de la Junta serán revoca­das por el voto de la mayoría absoluta de sus componen­tes, sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán ventilados en la vía correspondiente.

FuentesObservaciones
art. 12

El Presidente presidirá las sesiones, firmará con el Secretario las resoluciones de la Junta, a la que representará y tendrá las demás funciones que le acordase el reglamento interno.(*)

FuentesObservaciones
art. 13

El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta y tendrá voz en ella, pero no voto.

FuentesObservaciones
art. 14
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 282 de la Constitución de la República: “El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto”. 


Los libros de actas y demás documentos de la Junta son instrumentos públicos, si para su expedición se hubieren llenado las formalidades legales y reglamentarias. Ninguna ordenanza y, en general, ninguna resolución de las Juntas será válida si no consta en el acta de la sesión en que haya sido adoptada. Se excep­túan las medidas y resolucio­nes urgentes y demás que esté facultado para hacer cumplir el Presidente de la Junta, de acuerdo con los reglamentos y ordenanzas vigentes.

FuentesObservaciones
art. 15

Todo edil puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta, el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si éste no facilitare los informes dentro del plazo de diez días el edil podrá solicitarlos por intermedio de la Junta.

FuentesObservaciones
art. 16
Nota:

El inc. 2 fue modificado por el art. 284 inc.2 de la Constitución de la República ”Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma”.


La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente o al funcionario municipal que aquélla indique, para pedirle y recibir los informes que es­time convenien­tes, ya sea para tomar sus resoluciones, ya sea con fines de inspección o de fiscalización.

FuentesObservaciones
art. 17
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 285 de la Constitución de la República “La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo anterior”.
Ver: art. 284 inc. 2º de la Constitución de la República: “...Si éste no facilitare los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.” 


La Junta podrá nombrar de su seno comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesa­rios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados.

FuentesObservaciones
art. 18
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 286 de la Constitución de la República “La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos solicitados". 


A cada Junta Departamental compete dentro de su Departamento y en cuanto no se oponga a la Constitución ni a las leyes de la República:
Nota: Este inc. fue modificado por el acápite del art.273 de la Constitución de la República “La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental…
Su jurisdicción se extenderá a todo territorio del departamento.
Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales: …”

1. Acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas, para solicitar del Poder Legislativo la creación de nuevos impuestos municipales;
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por el art.273 num.3) de la Constitución de la República “…3) Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes”.
Ver: Arts. 273 num.4 y 297 de la Constitución de la República, éste último con la redacción dada por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.

2. Aprobar o reprobar anualmente el presupuesto del Municipio que presente el Intendente. Este remitirá cada año, a la Junta Departamental, para su estudio y sanción, un proyecto de presupuesto equilibrado. La Junta podrá modifi­carlo solamente para aumentar los recursos o dismi­nuir los gastos no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto y en la fecha que indique la ley de Contabilidad y Ad­ministración Financiera, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo formular observaciones únicamente sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de las disposiciones constitu­cio­nales o leyes aplicables.
Si el Tribunal de Cuentas notare que el presupues­to adolece de defectos de forma o que faltaren antecedentes ilustrativos que considere indispensables para expedirse de acuerdo con los preceptos constitucionales y la ley de Contabilidad, podrá solicitarlos, y en ese caso, el plazo para informar se suspenderá hasta que se reciba el presupuesto corregido o los antecedentes que hubiere pedido, computándose a los efectos del término, el tiempo transcu­rrido con anterioridad.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediaran éstas, sancionará definitivamente el presupuesto.
En ningún caso la Junta podrá introducir modificaciones, con posterioridad al informe del Tribunal.
Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepan­cias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión el presupuesto se tendrá por sancionado.
Los presupuestos municipales declarados vigentes se comunicarán al Poder Ejecutivo para su inclusión, a título informativo, en el Presupuesto General de Gastos, y al Tribunal de Cuentas, con instrucción de éste de los antecedentes relativos a sus observaciones cuan­do lo hubiere.
Regirán respecto de los presupuestos municipales los principios generales fijados para el Presupuesto General de Gastos del Estado, por los artículos 194 (inciso 1), 197, 198 y 199 de la Constitución de la República;
Nota: El inc. 1 fue modificado por los arts. 273 num. 2, 223y 224 de la Constitución de la República:
Art. 273. “...2º) Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el Intendente, conforme a lo dispuesto en la Sección XIV.”
Art. 223.- “Cada Intendente proyectará el Presupuesto Departamental que regirá para su período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.”
Art. 224.- “Las Juntas Departamentales considerarán los proyectos de presupuesto preparados por los Intendentes dentro de los cuatro meses de su presentación.”
Ver: Sección XIV arts. 222 a 229 de la Constitución de la República.
Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, art. 20.
El inc.2 fue modificado por el art. 225 inc. 2 de la Constitución de la República: “... Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo formular observaciones únicamente sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de las disposiciones constitu­cio­nales o leyes aplicables. ...”
Ver: para el inc.4 el art. 225 inc.3 de la Constitución de la República.
Ver: para el inc.5 el art. 225 inc.4 de la Constitución de la República.
Ver: para el inc.6 el art. 225 inc.5 de la Constitución de la República.
Ver: para el inc. 7. el art. 227 de la Constitución de la República.
El inc. 8 fue modificado por el art. 222 de la Constitución de la República: “Se aplicarán al Presupuesto Departamental, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 86, 133, 214, 215, 216 y 219”.
Ver: arts. 228, 229, 273 inc. 3 num. 6 y 275 num. 3 de la Constitución de la República.

3. Fijar con anuencia del Tribunal de Cuentas y del Poder Legislativo, en su caso, una Sección especial en el Presupuesto Municipal que comprenda los gastos ordinarios permanentes del Municipio, cuya revisión anual no sea indispensable. No se incluirá en el presupuesto disposi­ciones cuya vigencia exceda la del ejercicio económico que no se refieran exclusivamente a su interpretación y ejecu­ción;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 216 de la Constitución de la República “Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprenda los Gastos Ordinarios permanente de la Administración cuya revisión periódica no sea indispensable”.
No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de rendición de cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquéllas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución”.

4. Aprobar o reprobar en todo o en parte, las cuentas que presente el Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas;

5. Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para dictaminar sobre cuestiones relacionadas con las finanzas o administración departamental, bastando un tercio del total de votos para tener por aprobada la solicitud de intervención;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc. 3 num.4 de la Constitución de la República: “…4°) Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o la Administración Departamental. El requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de componentes de la Junta”.

6. Acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas, para solicitar del Poder Legislativo la contratación de empréstitos. No se entende­rá por tales los préstamos bancarios en cuenta corriente, destinados exclusi­vamente al pago regular del presupuesto, los que deberán quedar cancelados dentro del ejercicio. Este límite de esta cuenta lo fijará el Intendente con anuen­cia de la Junta y del Tribunal de Cuentas, pudiendo estos últimos modificar sus alcances en cada ejercicio;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 301 de la Constitución de la República “Los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública Departamental, ni concertar préstamos y empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuencia del Poder Legislativo, otorgada por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras dentro de un término de sesenta días pasado el cual se entenderá acordada dicha anuencia.
Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental”.

7. Acordar autorización al Intendente para destituir a los empleados de su dependencia, incluso los de las Juntas Locales, en caso de ineptitud, omisión o delito. La Junta deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num.5 de la Constitución de la República: “… Además de las que  la ley determine, sus atribuciones son: 5°) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días de no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito, pasará, además, los antecedentes a la Justicia”.

8. Destituir los miembros de las Juntas Locales a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos, oyendo previamente las exposiciones que aquellos quisieren formular;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc. 3 num. 5 de la Constitución de la República: “5) Destituir a propuesta del Intendente y por mayoría de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas”.

9. Nombrar y destituir por sí los empleados que necesite para su funcionamiento y fijar su dotación, previo informe del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 2 de este artículo;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc. 3 nums. 6 y 7 de la Constitución de la República: “…6) Sancionar por tres quintos del total de sus componentes, dentro de los doce primeros meses de cada periodo de gobierno su Presupuesto de Sueldos y Gastos y remitirlo al Intendente para que lo incluya en el Presupuesto respectivo”. Dentro de los cinco meses de cada año podrán establecer, por tres quintos de votos del total de sus componentes, las modificaciones que estimen indispensables en su Presupuesto de Sueldos y Gastos”.
“…7) Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los antecedentes a la Justicia”.

10. Acusar ante el Senado por un tercio de votos, al Intendente o a los Ediles por los motivos previstos en el artículo 84 de la Constitución, siempre que para esto haya sido convocada expresamente con diez días de an­tici­pación indicándose el objeto de la reunión. El Senado podrá separarlos de su destino por dos tercios de votos del total de sus componentes;
Nota: La referencia al art. 84 debe entenderse actualmente realizada al art.93 de la Constitución de la República.
Este num. fue modificado por el art. 296 de la Constitución de la República “Los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos por el artículo 93.
La Cámara de Senadores podrá separarlos por sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

11. Crear Juntas Locales a propuesta del Intendente;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc.3 num. 9 de la Constitución de la República: “… 9°) Crear a propuesta del Intendente nuevas Juntas Locales”.

12. Dictar, a propuesta del Intendente o por propia iniciativa ordenanzas y demás resoluciones en materia de su competencia;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc. 3 num. 1 de la Constitución de la República “…1°) Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa los decretos y resoluciones que juzgue necesarios dentro de su competencia”.

13. Resolver en definitiva las apelaciones interpuestas contra los decretos y demás resoluciones del Inten­dente;
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por el art. 317 de la Constitución de la República “Los actos administrativos pueden ser impugnados por el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el “Diario Oficial.
Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquía, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.

Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometido a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.
Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley”.
Ver: Leyes Nos.15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 1987 art. 4 y 17.292 promulgada el 25 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 2001, art. 40.

14. Aprobar todos los actos del Intendente que por la ley de 23 de diciembre de 1919 requerían la aprobación de la Asamblea Representativa;

15. Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule con arreglo a la presente ley;
Nota: Ver: art. 273 inc. 3 num. 10 de la Constitución de la República

16. Solicitar directamente del Poder Legislativo las modificaciones o ampliaciones de esta ley;
Nota: Ver: art.273 inc. 3 num. 11 de la Constitución de la República

17. Otorgar concesiones para servicios públicos locales o departamentales, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos de sus componentes, y salvo lo dispuesto en leyes especiales.
Las concesiones no podrán darse a perpetuidad en ningún caso;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc. 3 num. 8 de la Constitución de la República respectivamente: “… 8) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes”; y Art. 51 de la Constitución de la República: “El Estado o los Gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de los servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.
Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso”.

Ver: art. 51 de la Constitución de la República

18. Otorgar concesiones de tranvías u otros servicios de transportes con sujeción a las leyes y previa propuesta del Intendente;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 num. 8 de la Constitución de la República: “… 8°) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes”.

19. Autorizar en la misma forma del inciso anterior, concesiones de alumbrado, excepto el eléctrico de generación central;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 273 inc. 3 num. 8 de la Constitución de la República respectivamente: “… 8) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes”.
Ver: Decreto Ley 14.694 promulgada el 1 de setiembre de 1977 y publicado en el Diario Oficial el 7 de setiembre de 1977, art. 21.
Ley 16.832 promulgada el 17 de junio de 1997 y publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1997, arts. 2, 3.
Ley 17.598 promulgada el 13 de diciembre de 2002 y publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2002
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20. Autorizar, a propuesta del Intendente, el establecimiento de teléfonos y alumbrado eléctrico, previa intervención, en lo que se refiere a la parte técnica, de las Usinas Eléctricas del Estado, en las poblaciones en que esta institución no los hubiera establecido.
El plazo de concesión será el que fijen las Usinas Eéctricas del Estado, siempre que este organismo se obligue a establecer dichos servicios dentro del plazo fijado;
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por Decreto Ley 14.694 promulgado el 1 de setiembre de 1977 y publicado en el Diario Oficial el 7 de setiembre de 1977: “Art.1. Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley, las actividades de la industria eléctrica que comprenden la generación, transformación, trasmisión, distribución, exportación, importación y comercialización de la energía eléctrica”. Art. 21.” El alumbrado público de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, será efectuado por las Intendencias Municipales, quienes serán responsables de su instalación y mantenimiento.
El suministrador del servicio público de electricidad, queda obligado a proveer únicamente a dichas Intendencias Municipales, la energía eléctrica necesaria para su buen funcionamiento”.
Este num. fue derogado tácitamente por Decreto No. 14.235 promulgado el 25 de julio de 1974 y publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1974: art. 1 “Créase, con el nombre de Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), un servicio público descentralizado”.
Ver: Ley 16.832 promulgada el 17 de junio de 1997 y publicada en el Diario Oficial el 27 de julio de 1997; Ley 17.598 promulgada el 13 de diciembre de 2002 y publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2002

21. Gestionar de las Usinas Eléctricas del Estado la aplicación de las utilidades líquidas que resulten en cada Departamento, con excepción del de Montevideo, para reba­jar las tarifas o ampliar las instalaciones. A ese efecto, se llevará a cada Departamento una cuenta de ganancias y pérdidas, de acuerdo con la contabilidad industrial. Las Usinas Eléctricas del Estado, anual­mente, comunicarán a cada Municipio el estado de su cuenta en la forma más amplia posible;
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por la Ley 16.832 promulgada el 17 de junio de 1997 y publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1997: art. 1: “Créase la unidad ejecutora Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica, que dependerá directamente del Poder Ejecutivo. La misma estará dirigida por una Comisión integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo”. Art. 3. “Dicha unidad tendrá como cometidos: … A) Asesorar al Poder Ejecutivo: B) En la fijación de tarifas de venta de energía eléctrica a terceros por parte de los suministradores del servicio público de electricidad”. Art. 18. “La tarifa aplicable para la venta de energía eléctrica a terceros por los distribuidores del servicio público de electricidad serán fijadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las normas correspondientes”.
Ver: Ley 17.598 promulgada el 13 de diciembre de 2002 y publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2002.

22. Homologar el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos municipales a cargo de empresas concesionarias, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución y vigilar el funcionamiento de dichos servicios;
Nota: La referencia al art. 50 debe entenderse actualmente realizada al art. 51 de la Constitución de la República.
Este num. fue modificado por el  art. 275 num.4 de la Constitución de la República: “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: …4) Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y contribuciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios”.

23. Denunciar a los Poderes Públicos toda organización comercial o industrial trustificada, a los fines previstos en el artículo 49 de la Constitución;
Nota: La referencia al art. 49 debe entenderse realizada actualmente al art. 50 inc. 2 de la Constitución de la República en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de diciembre de 1996.

24. Tomar en consideración y resolver dentro de los sesenta días de presentada, la iniciativa que sobre asun­tos de interés local tome el quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad. Si la iniciativa escapara a la jurisdicción legal de la Junta, ésta le dará trámite ante las autoridades respec­tivas;
Nota: Ver el art. 305 de la Constitución de la República.

25. Aprobar por mayoría absoluta de votos de sus componentes la designación de las propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente, siendo entendido que, a los efectos de la expropiación de los bienes para usos depar­tamentales, la Junta tendrá todas las facultades que con respecto a dichos bienes, la ley de 28 de marzo de 1912 acordaba al Poder Ejecutivo;
Nota: Ver el art. 275 num. 7 de la Constitución de la República; Ley 3.958 de 28 de marzo de 1912, art. 3; Ley 16.871 promulgada el 28 de setiembre de 1997 y publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre de 1997, art. 17.

26. Requerir el apoyo de la policía siempre que lo crea necesario para el cumplimiento de sus funciones;
Nota: Ver: art. 306 de la Constitución de la República.

27. Suministrar a los Poderes Públicos todos los informes que le soliciten;

28. Fijar la remuneración del Intendente de acuerdo con el artículo 252 de la Constitución;
Nota: La referencia al art. 252 debe entenderse realizada actualmente al art. 295 inc. 2 de la Constitución de la República.

29. Velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del Departamento:
A) Ejercitando la acción judicial pertinente a fin de hacer efectivos los artículos 16 y 17 de la Constitución;
Nota: Ver: arts. 15, 16 y 17 de la Constitución de la República.
B) Reclamando ante los Poderes Públicos la obser­vancia de las leyes tutelares de aquellos derechos;
Nota: Ver Ley 15.737 promulgada el 8 de marzo de 1985 y publicada en el Diario Oficial el 22 de marzo de 1985.
C) Prestando especialmente su apoyo a los ciudadanos que fueran obligados a prestar servicio en el Ejército, fuera de los casos previstos por las leyes;
Nota: Este lit. fue derogado tácitamente por el art. 29 de la Ley 18.650 promulgada el 19 de febrero de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 8 de marzo de 2010: “Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario”.
Ver: art. 35 de la Constitución de la República.
D) Designando los ciudadanos que han de componer el Jurado con sujeción a las leyes de la materia;
Nota: Este lit. fue derogado tácitamente por Ley 9.755 promulgada el 7 de enero de 1938 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1938, art. 1: “Declárase abolido el juicio por jurados en las causas criminales.”
E) Calificando los ciudadanos para el servicio de la Guardia Nacional, según los disponga la ley especial o el Código Militar.
Nota: Este lit. fue derogado tácitamente por el art. 29 de la Ley 18.650 promulgada el 19 de febrero de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 8 de marzo de 2010: “Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario”.
Ver: Ley 9.943 promulgado el 20 de julio de 1940 y publicado en el Diario Oficial el 5 de agosto de 1940; Decreto Ley 14.157 promulgado el 21 de febrero de 1974 y publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1974

30. Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientas cincuenta Unidades Reajusta­bles) en todos los Gobiernos Departamentales.
Las mayores de 70 UR (setenta Unidades Reajustables), y menores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajus­ta­bles) sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización del órgano legis­lativo departamen­tal por mayoría absoluta de votos.
Las mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajus­tables) sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización de dicho ór­gano, otorgada por los dos tercios de votos del total de sus componentes. Las multas im­pagas, podrán ser perseguidas judicial­mente, siendo aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes del Intendente Municipal por las cuales se impongan dichas sanciones.
Las sanciones se determinarán en consideración a la grave­dad de la infracción y a la naturaleza del bien jurídico protegido. Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre sí destinados a propiciar or­denan­zas que aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional.
Nota: Texto dado por la Ley 15.851 promulgado el 24 de diciembre de 1986 y publicado el 31 de diciembre de 1986, art. 210.
Ver: Decreto Ley 14.979 promulgado el 24 de diciembre de 1979 y publicado en el Diario Oficial el 18 de enero de 1980, art. 1.
Decreto Ley 14.168 promulgado el 7 de marzo de 1974 y publicado en el Diario Oficial el 19 de marzo de 1974, art.1.
Ley 13.835 promulgado el 7 de enero de 1970 y publicado en el Diario Oficial el 9 de enero de 1970, art. 313.

31. Determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas y paseos.
Para cambiar su nombre y la numeración de las puertas, y cuando se pretendiere dar nombre de personas, no podrá hacerse sin oír previamente al Intendente, y se requerirán dos tercios de votos;

32. Crear y sostener, según las necesidades y recursos, laboratorios municipales, químicos y bacteriológicos, y otras oficinas técnicas, a propuesta del Intendente;

33. Vigilar la seguridad del tránsito en los pasos a nivel establecidos o que deban establecerse en el cruce con caminos municipales, sin perjuicio de la interven­ción que corresponda a las oficinas técnicas nacionales;

34. Reglamentar los espectáculos públicos, velando espe­cialmente por todo lo que haga referencia con la cultura, moral, decoro y orden en el desarrollo de los mismos, así como en lo referente a la higiene, seguridad y comodidad de sus locales, sin perjuicio de lo dispuesto en los Códigos Penal y del Niño.

35. Dictar reglas para la edificación, en todo el territorio del departamento, siendo de su cargo:
A) La regulación normativa de la actividad de ordenamiento del ámbito territorial departamental.
B) Formular y aprobar las ordenanzas y demás instrumentos de ordenamiento territorial.
C) El contralor de la actividad administrativa del ordenamiento territorial.
Nota: El texto del num. 35 fue agregado por el art. 83 num.4 lit. a) ley 18.308 promulgado el 28 de junio de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

FuentesObservaciones
art. 19

En todos los casos en que de acuerdo con esta ley sea necesaria la aprobación o autorización de la Junta para determinados actos o resoluciones, ésta deberá conce­derla o denegarla dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.

FuentesObservaciones
art. 20

Si el Intendente a quien se hubiese remiti­do una ordenanza u otra resolución de carácter legislativo, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmedia­tamente, quedando así de hecho, sancionada y expedita para ser promulgada sin demora.

FuentesObservaciones
art. 21
Nota:

Este art. fue modificado por el art.281 inc. 1 de la Constitución de la República “Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal”. 


Si el Intendente no devolviese el proyecto cum­plidos los cinco días hábiles que establece el número 7 del artículo 34, tendrá fuerza ejecutiva y se publicará como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por la Junta.

FuentesObservaciones
art. 22
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 281 inc.3 de la Constitución de la República “Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales”. 


Reconsiderado por la Junta un proyecto que hubie­se sido devuelto por el Intendente con objeciones u obser­vaciones, si aquella lo confirmase por dos terceras partes de votos, se tendrá por su última sanción y comunicado, al Intendente, éste lo hará cumplir enseguida

FuentesObservaciones
art. 23
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 281 inc.2 “Este podrá observar aquellos que tenga por inconveniente, pudiendo la Junta Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia”. 


Si la Junta desaprobara el proyecto devuelto por el Intendente, quedará suprimido por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta el año siguiente.

FuentesObservaciones
art. 24

En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Intendente, las votaciones serán nominales por sí o por no, y los nombres y fundamentos de los sufra­gantes como las objeciones y observaciones del Intendente, se podrán publicar por la prensa.

FuentesObservaciones
art. 25

No podrán ser observadas:
A) Las venias, acuerdos, autorizaciones o resoluciones de la Junta en que ésta actúa por vía jurisdiccional o de contra­lor;
B) Las resoluciones de carácter interno de la Junta;
C) El presupuesto municipal que haya llegado a la Asamblea General por el trámite establecido en el artículo 254 de la Constitución.

FuentesObservaciones
art. 26
Nota:

La referencia al art. 254 debe entenderse realizada actualmente al art. 225 de la Constitución de la República.
Ver: art. 281 inc.4 de la Constitución de la República.


El Intendente tendrá a su cargo la fun­ción ejecu­tiva del Gobierno Departamental.
Los Intendentes durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos, pero por una sola vez, y en ese caso deberán renunciar con tres meses, por lo menos, de anticipación a la fecha de la elección.

FuentesObservaciones
art. 27
Nota:

El inc. 1 fue modificado por el art.274 de la Constitución de la República “Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental”.
El inc. 2 fue modificado por el art.266 de la Constitución de la República “Los Intendentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renuncien con tres meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones”.
Ver: Decreto Ley 10.255 promulgado el 21 de octubre de 1942 y publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre de 1942, art.1 


Los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo a mayoría simple de votantes, mediante el siste­ma del doble voto simultáneo y con las garantías que para el sufragio se establecen en la Sección III de la Consti­tución, teniéndose por triunfante al candidato de la lista más votada del lema más votado.

FuentesObservaciones
art. 28
Nota:

Este art. fue modificado por los arts. 270 y 271 de la Constitución de la República, Art. 270 “Las Juntas Departamentales y los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo, con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio establece la Sección III.”
Art. 271 con la redacción dada por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “Los Partidos políticos seleccionarán sus candidatos a Intendente mediante elecciones internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios de componentes de cada Cámara.
Para la elección de Intendente Municipal se acumularán por lema los votos a favor de cada Partido político, quedando prohibida la acumulación por sub-lemas.
Corresponderá el cargo de Intendente Municipal al candidato de la lista más votada del lema más votado.
La ley, sancionada por la mayoría estipulada en el primer inciso, podrá establecer que cada Partido presentará una candidatura única para la Intendencia Municipal”.


Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos.

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art. 29
Nota:

Este art. fue modificado por el art.267 de la Constitución de la República “Para ser Intendente se requerirá las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes de la fecha de toma de posesión por lo menos”.  


Es incompatible el cargo del Intendente con todo otro cargo o empleo público o privado, excepción hecha de los docentes. Podrá ejercer oficio, profesión, comercio o industria, siempre que en sus actividades no contrate con el Municipio.

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art. 30
Nota:

Este art. fue modificado por el art.289 de la Constitución de la República “Es incompatible el cargo del Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental”. 


Los Intendentes no gozarán de licencia con remu­neración por más de un mes al año, que le será acorda­da por la Junta Departamental; tampoco podrán obtener licen­cia sin remuneración por más de seis meses.

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art. 31

El Intendente tendrá un primer y segundo suplen­te, electos conjuntamente con el titular, que deberán poseer las mismas calidades y que en caso de vacancia temporal o definitiva, lo sustituirán con sus mismas atribuciones.
Cuando se conceda licencia al Intendente o se produz­ca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo, quien percibirá en todos los casos igual remuneración que el titular

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art. 32
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 268 de la Constitución de la República “Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal.
Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental –siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267- y en su defecto por los Vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones.
Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente electo o fuese anulada la elección departamental quedará prorrogado el período del Intendente cesante, hasta que se efectúe la trasmisión del mando”. 


El cargo de Intendente suplente es compatible con el de miembro de la Junta Departamental. El Edil que pase a ocupar la Intendencia quedará entre tanto suspenso en sus funciones.

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art. 33
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 293 de la Constitución de la República: “Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.” 


Las resoluciones del Intendente, debidamente refrendadas por el funcionario que corresponda, se asen­tarán en los libros registros, y sus constancias o tes­timonios expedidos en forma, constituirán instrumen­tos públicos. Dichas resoluciones no serán válidas si no constan en el libro respectivo. Se exceptúan las medidas y resoluciones urgentes, que deberán hacerse constar por acta especial.

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art. 34
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 277 inc.1 de la Constitución de la República “El Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fijados”. 


Compete al Intendente:
1. Promulgar y publicar las ordenanzas y resoluciones sancionadas por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportunos para su cumplimiento;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num. 2 de la Constitución de la República , “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: … 2. Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportuno para su cumplimiento”.

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las ordenanzas y resoluciones de la Junta Departamen­tal;
Nota: Ver art. 275 num.1 de la Constitución de la República.

3. Ejercer la superintendencia de las oficinas de su dependencia, nombrar sus empleados, incluso los de las Juntas Locales, establecer su disciplina y suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo o con medio sueldo, por períodos que en su conjunto no pasen de dos meses por año para cada empleado. Los empleados de las Juntas Locales autónomas serán nombrados por el Intenden­te, a propuesta de dichas Juntas;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num.5 de la Constitución de la República “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:… 5°) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito pasará además los antecedentes a la Justicia”.
Ver: Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, art. 9.

4. Destituir a sus empleados y a los de las Juntas Locales, en caso de ineptitud, omisión o delito, rigiendo siempre la garantía establecida en el inciso 4 del ar­tículo 57 de la Constitución de la República, con autori­zación de la Junta Departamental que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada;
Nota: La referencia al inc.4 del art. 57 debe entenderse realizada actualmente al art. 62 inc. 2 de la Constitución de la República.
Este art. fue modificado por el art. 275 num. 5 de la Constitución de la República: “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: 5°) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito pasará además los antecedentes a la Justicia”.

5. Preparar anualmente el presupuesto del Municipio y someterlo a la aprobación de la Junta en la fecha que indique la Ley de Contabilidad y de acuerdo con los ar­tículo 254 y 255 de la Constitución;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num. 3 de la Constitución de la República “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:… 3°) “Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV”.
Ver: arts. 222 a 227 de la Constitución de la República.

6. Ordenar los pagos, previa intervención de la Conta­duría;
Nota: Este num. fue modificado por la Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 476 en la redacción dada por la Ley 16.170 promulgada el 28 de diciembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1991, art. 653, incorporado al art. 27 lit. f) del TOCAF/12: “En especial son ordenadores primarios:… f) En los Gobiernos Departamentales, el Intendente Municipal y el Presidente de la Junta Departamental, cada uno dentro de su competencia”.

7. Presentar proyectos de ordenanzas y resoluciones a la Junta Departamental y hacer observaciones a los que ella sancione, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya hecho saber la aprobación;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num. 6 de la Constitución de la República “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:… 6°) Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar los que aquella sancione dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la sanción”.

8. Designar los miembros de las Juntas Locales y sus suplentes, con aprobación de la Junta Departamental, dada por tres quintos de votos. Las designaciones se harán respetando en lo posible la proporcionalidad de la Junta Departamental en la representación de los diversos parti­dos;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num.8 de la Constitución de la República “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: …8°) Designar los miembros de las Juntas Locales, con anuencia de la Junta Departamental”.
Ver: Letra Transitoria Y) en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996, Ley 18.567 promulgado el 13 de setiembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, art. 9

9. Representar al Departamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Depar­tamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados;
Nota: Ver: art. 276 de la Constitución de la República.

10. Celebrar contratos sobre la administración de las propiedades inmuebles, arrendamientos y utilización de bienes departamentales o confiados a los Municipios, requiriéndose la aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus miembros si el contrato tuviese una duración mayor que su mandato.
Nota: Texto dado por la Ley 18.719 promulgada el 27 de diciembre de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2011, art. 776.

11. Transigir, previo dictamen del Ministerio Fiscal, en los asuntos inferiores a dos mil pesos, requiriéndose además la autorización de la Junta Departamental, en los de mayor cantidad;

12. Requerir el apoyo de la policía siempre que lo crea necesario para el cumplimiento de sus funciones;
Nota: Ver art. 306 de la Constitución de la República.

13. Suministrar a los Poderes Públicos todos los informes que le soliciten;

14. Velar por la enseñanza primaria:
A) Nombrando al Presidente y demás miembros de la Comisión Departamental de Instrucción Primaria, con arreglo a las leyes vigentes;
B) Inspeccionando cuando lo juzgue oportuno, las escuelas privadas y públicas del Departamento;
C) Representando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y ante los Poderes Públicos las necesi­dades de las escuelas y cuanto pueda contribuir a propa­garlas y mejorarlas;
D) Cuidando por la conservación de los edificios escolares a fin de que las escuelas puedan funcionar en condiciones de seguridad e higiene;
Nota: El inc. 1 y lits. A), B) y C) fueron modificados por el art. 275 num. 9 de la Constitución de la República, “ Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: …9°) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento”.
E) Reclamando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Prima­ria y Normal, el fiel cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y programas sobre educación e instrucción primaria, en caso de violación u omisión, con recursos, para ante el Poder Ejecutivo, a los efec­tos de lo dispues­to en el artículo 190 de la Constitución, y sin perjuicio de lo dispuesto en el subinciso anterior.
Las atribuciones de los subincisos B), C), D), y E), podrá también ejercerlas con relación a los Liceos Departamenta­les y a las Escuelas Industriales, formulando las observa­ciones y deduciendo los recursos ante las autoridades competentes, según las leyes respectivas.
Nota: El lit. E) fue derogado tácitamente por el art. 202 de la Constitución de la República: “La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos.
Los demás servicios docentes del Estado, también estarán a cargo de Consejos Directivos Autónomos, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.
Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias. Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan.
La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza”.
Ver: Ley 14.101 promulgada el 4 de enero de 1973 y publicada en el Diario de 9 de enero de 1973, ley 15.736 promulgadoael 2 de marzo de 1985 y publicada en el Diario Oficial el 22 de marzo de 1985, ley 15.739 promulgada el 28 de marzo de 1985 y publicada en el Diario Oficial el 25 de abril de 1985, ley 18.437 promulgada el 12 de diciembre de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2009, art. 120.

15. Velar, del mismo modo que la Junta y por los mismos medios, por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del Departamento;

16. Dictar resoluciones tendientes a evitar inundaciones, incendios y derrumbes y aliviar sus consecuencias previo acuerdo de la Junta Departamental. En cuanto al incendio dictará sus resoluciones, reglamen­tos u ordenanzas, previa consulta al Ministerio del Interior, estableciendo la obligatoriedad de medios preventivos de defensa en todo lo que atañe:
A) A los edificios destinados a alojar numerosas personas;
B) A las salas de espectáculos públicos;
C) A los establecimientos industriales;
D) A los depósitos de inflamables;
E) A las barracas, aserraderos, molinos, grandes casas de ventas y todo establecimiento que sea juzgado peligroso, dando seguridades para los que concurran, trabajen o vivan en los precitados locales;

17. Determinar, previo acuerdo de la Junta Departamental, las zonas inaptas, por su carácter de inundables, para la construcción de viviendas;

18. Fiscalizar la fiel observancia del sistema legal de pesas y medidas, denunciando las irregularidades que constate;

19. Conservar, cuidar y reglamentar las servidumbres constituidas en beneficio de los pueblos y de los bienes de que esté en posesión la comunidad, para que queden expedi­tas al servicio público;

20. Administrar:
A) Las propiedades del Departamento y las que fuesen cedidas para su servicio, proveyendo a su conservación y mejoras, así como a las de todos los establecimientos y obras departamentales;
B) Los servicios de saneamiento, de acuerdo y en la medida que fijen las leyes especiales que organicen la transfe­rencia de estos servicios a los Municipios;
Nota: El literal B) fue derogado tácitamente por la Ley 11.907 promulgada el 19 de diciembre de 1952 y publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 1953; Ley 17.277 promulgada el 17 de noviembre de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2000.
Ver: Ley 17.598 promulgada el 13 de diciembre de 2002 y publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2002, Ley 18.610 promulgada el 2 de octubre de 2009 y publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2009.

21. Velar, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Central, por la conservación de las playas marítimas y fluviales, así como de los pasos y calzadas de ríos y arroyos:
A) Prohibiendo la extracción de tierra, piedras y arena dentro del límite que juzgue necesario para la defensa de los terrenos ribereños;
B) Haciendo o disponiendo que se hagan plantaciones desti­nadas a defender los terrenos de la invasión de las are­nas, y a sanear las playas y defender las costas;
C) Evitando la destrucción de las zonas boscosas situadas en terrenos ribereños o adyacentes de las costas o resulten defensi­vas para la conservación de las playas;
Nota: Ver: Ley 16.112 promulgada el 30 de mayo de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 8 de junio de 1990
Ley 16.466 promulgada el 19 de enero de 1994 y publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 1994
Ley 17.234 promulgada el 22 de febrero de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 2000
Ley 17.283 promulgada el 28 de noviembre de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2000
Ley 18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008

22. Aceptar herencias, legados y donaciones. Si las herencias, legados o donaciones fueran condicionales, modales u onerosas, el Intendente las aceptará o repudiará según lo estime conveniente, previo dictamen del Ministe­rio Fiscal y con acuerdo de la Junta Departamental. La responsa­bilidad del Municipio quedará siempre limitada a la impor­tancia de la herencia;
Nota: Este num. fue modificado por la ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987 art. 516 con la redacción dada por el artículo 24 de la Ley 18.834 promulgada el 4 de noviembre de 2011 y publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2011, incorporado al art. 42 del TOCAF/12: “Las donaciones, de acuerdo con su monto, deberán ser aceptadas por el ordenador competente. El mismo deberá verificar la posibilidad y legalidad de las condiciones o modos que eventualmente se impongan en la donación, además de la conveniencia con respecto a los intereses del Estado.
Exceptúanse las pequeñas donaciones de objetos o elementos cuyo justiprecio no exceda el límite de las contrataciones directas, las que podrán ser aceptadas por la autoridad de la oficina o servicio respectivo.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, en todos los casos en que el Estado o persona pública no estatal sea o haya sido gravada por un plazo, modo o condición establecida por voluntad testamentaria o por una donación onerosa, (artículos 947, 956 y 1615 del Código Civil), dicho gravamen podrá cumplirse en una forma razonablemente análoga a la prescripta por el testador o por el donante siempre que lo autorizare el Juzgado competente por motivos fundados de interés público, a petición del organismo beneficiario y con audiencia de quienes pudieren tener derecho a oponerse.
La pretensión se tramitará en la forma establecida para el proceso extraordinario (art. 346 y concordantes del Código General del Proceso).
Lo previsto en este artículo se aplicará aún si el modo contiene cláusula resolutoria (art. 958 del Código Civil).
En los casos a que se refiere esta disposición, siempre que no se hubiere obtenido la autorización judicial prevista anteriormente, la acción para exigir el cumplimiento del plazo, condición o modo caducará a los cuatro años de la apertura legal de la sucesión o de la fecha del contrato de donación.
El Estado o cualquier otra persona pública estatal, podrán disponer por acto administrativo la venta de los inmuebles habidos por donación o legado sujetos a modo o condición, luego de transcurridos treinta años.
En este caso el acto administrativo que disponga la enajenación del inmueble se notificará mediante tres publicaciones en dos diarios de circulación nacional y en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a los efectos del debido conocimiento de los interesados.
Ver: art. 297 num. 12 de la Constitución de la República
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23. Organizar y publicar la estadística departamental; formar los empadronamientos de contribuyentes y los catas­tros, según convenga a las necesidades de la administra­ción local y al mejor asiento, distribución y percepción de los impuestos departamentales y organizar los registros de vecindad;
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por la Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987 art. 114, Ley 16.616 promulgada el 20 de octubre de 1994 y publicada en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1994.

24. Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, sin perjuicio de la competencia que corres­ponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen la materia, siendo de su cargo:
A) La adopción de medidas y disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades nacionales, para combatir las epidemias, disminuir sus estragos y evitar y remover sus causas;
B) La desinfección del suelo, del aire, de las aguas y de las ropas en uso;
C) La vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas;
Nota: Ver: Art. 47 de la Constitución de la República en la redacción dada por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996, el inciso segundo de este art. fue agregado por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 31 de octubre de 2004.
Decreto Ley 14.859 promulgado el 15 de diciembre de 1978 y publicado en el Diario Oficial el 11 de enero de 1979
Ley 15.239 promulgada el 23 de diciembre de 1981 y publicada en el Diario Oficial el 7 de enero 1982
Ley 15.576 promulgada el 15 de junio de 1984 y publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 1984
Ley 17.142 modificaciones al Código de Aguas
Ley 17.283 promulgada el 28 de noviembre de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2000
Ley 18.610 promulgada el 2 de octubre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2009

D) La limpieza de las calles y de todos los sitios de uso público;
E) La extracción de basuras domiciliarias y su traslación a puntos convenientes para su destrucción, transformación o incineración;
F) La reglamentación e inspección periódica y permanente de las casas de inquilinato, pudiendo deter­minar la capa­cidad de las habitaciones y patios, números de sus habi­tantes y servicio interior de limpieza; de los estableci­mientos calificados de incómodos, peligrosos o insalubres, pudiendo ordenar su remoción, siempre que no sean cumpli­das las condiciones que se establezcan para su funciona­miento, o que éste fuera incompatible con la seguridad o salubridad públicas; de los establecimientos de uso público aun­que pertenezcan a particulares, como ser: mercados, mataderos, lecherías, carnicerías, panaderías, fondas, hoteles, fábricas de conservas, casas de baños, salas de espectáculos públicos y demás establecimientos análogos;
G) La inspección y el análisis de toda clase de sustancias de consumo y uso humano, con la facultad de prohibir el expendio y de decomisar las que se reputen o resulten nocivas a la salud, sin obligación de indemnizar y sin perjuicio de la facultad de imponer multas dentro de los términos señalados por esta ley.
Nota: El texto del lit. g) fue dado por la Ley 13.892 promulgada el 19 de octubre de 1970 y publicada en el Diario Oficial el 20 octubre de 1970, art. 429.
H) La inspección veterinaria y adopción de las medidas que juzgue necesarias para garantía de la salud pública;
I) La propagación y difusión de las vacunas, y coadyuvar en la ejecución de toda medida preventiva y profiláctica que impongan las leyes o que dicten el Poder Ejecutivo o las autoridades competentes;
J) La iniciativa o propaganda para el establecimiento de baños y lavaderos públicos, reglamentándolos de acuerdo con las ordenanzas pertinentes.
Las ordenanzas que se dicten sobre la materia a que hacen referencia los apartados F y G), deberán tener en cuenta las determinaciones de orden técnico que las leyes pongan a cargo del Ministerio de Salud Pública;

25. Organizar y cuidar la vialidad pública siendo de su cargo:
A) Dictar reglas, de acuerdo con las ordenanzas respectivas, para el trazado, nivelación y delineación de las calles y caminos vecinales y departamentales, y velar por las servidumbres de alineación, según los planos y trazados vigentes o que se adopten en lo sucesivo; pero no podrá ser reducida la anchura de los caminos departamenta­les existentes;
B) Resolver los conflictos entre la propiedad privada y las exigencias del servicio público en todo lo relativo a las vías de comunicación, de acuerdo con las leyes y ordenanzas vigentes;
C) Decidir todas las cuestiones relativas a caminos depar­tamentales y vecinales, oyendo previamente a las oficinas técnicas, y a las Juntas Locales en su caso, y con aproba­ción de la Junta Departamental;
Nota: Ver: Decreto Ley 10.382 promulgado el 13 de febrero de 1943 y publicado en el Diario Oficial el 26 de febrero de 1943, arts. 9, 13, 18 y 22.
Decreto Ley 14.197 promulgado el 17 de mayo de 1974 y publicado en el Diario Oficial el 24 de mayo de 1974
Decreto Ley 14.936 promulgado el 27 de setiembre de 1979 y publicada en el Diario Oficial el 23 de octubre de 1979

D) Proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de todas las vías indicadas, y de las plazas y paseos, según las necesidades y recursos locales;
E) Reglamentar el tránsito y los servicios de transpor­tes, de pasajeros y carga, de conformidad con las or­denanzas y consentir el estacionamiento de vehículos en los sitios de uso público, pudiendo fijar en todos los casos las tarifas del servicio y las normas a que deben sujetarse;
F) Entender en todo lo relativo a puentes, balsas, canales o calzadas, con sujeción a las leyes y ordenan­zas;
G) Aplicar especial atención al ejercicio de las facul­tades que en materia de caminos y sendas de paso atribuye a las autoridades municipales el Código Rural;

26. Dictar reglas para la edificación en los centros urbanos, siendo de su cargo:
A) Ejercer las facultades que sobre construcción de cercos y veredas acuerdan las leyes vigentes a las autoridades municipales;
B) Intervenir especialmente en la construcción de las salas de espectáculos públicos, así como en las de las casas de inquilinato, de apartamentos, y de todo edificio destinado a contener aglomeración de personas;

27. Establecer, reglamentar, suprimir y trasladar cemen­terios o crematorios, en los dos últimos casos previo dictamen del Ministerio de Salud Pública y Ministerio Fiscal, siendo de su cargo:
A) Adjudicar derechos de uso de locales y sepulturas de acuerdo con los reglamentos;
B) La colocación y cuidado de los monumentos;
C) La adopción de medidas generales o especiales para asegurar el orden y respeto;

28. Ordenar la inscripción de defunciones en los casos de no ser posible la obtención de certificado médico, dando cuenta de ello a la justicia ordinaria;

29. Entender en todo lo concerniente a abasto, tabladas, plazas de frutos y mercados, siendo de su cargo:
A) Reglamentar el consumo y abasto para las poblaciones y para los buques surtos en los puertos;
Nota: Este lit. fue derogado tácitamente por la Ley 15.605 promulgada el 27 de julio de 1984 y publicada en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1984: crea el Instituto Nacional de Carnes (INAC); Ley 15.838 promulgada el 14 de noviembre de 1986 y publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1986: control de instalación y funcionamiento de carnicerías en todo el territorio nacional, excepto en el departamento de Montevideo; Decreto Ley 14.810 promulgado el 11 de agosto de 1978 y publicado en el Diario Oficial 16 de agosto de 1978, art. 3; Ley 10.940 promulgadoael 19 de setiembre de 1947 y publicada  en el Diario Oficial el 29 de setiembre de 1947 arts. 8, 11, 13 y 49: regulación de la comercialización de los artículos de primera necesidad; Ley 11.907 promulgada el 19 de diciembre de 1952 y publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 1953 suministro de agua potable OSE, art.2; Ley 15.640 promulgada el 4 de octubre de 1984 y publicada en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 1984 abastecimiento de leche, derogado por Ley 18.242; Ley 17.598 de 24 de diciembre de 2002; Ley 16.246 promulgada el 8 de abril de 1992 y publicada en el Diario Oficial el 23 de abril de 1992.
Ver: Ley 17.250 promulgada el 11 de agosto de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2000, arts. 40, 41, y 42.
Ley 17.598 promulgada el 13 de diciembre de 2002 y publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2002.

B) Establecer, suprimir o trasladar tabladas, corrales de abasto, mataderos y plazas de frutos y cuidar de su régi­men administrativo, de conformidad con el Código Rural y con las ordenanzas y disposiciones complementarias que el mismo Intendente o la Junta dictaren en su caso;
Nota: Este lit. fue derogado tácitamente por el Decreto Ley 15.605 promulgado el 27 de julio de 1984 y publicado en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1984: creación del Instituto Nacional de Carnes (INAC)
Ver: Ley 15.838 promulgado el 14 de noviembre de 1986 y publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1986

C) Establecer, suprimir o trasladar mercados; señalar a los existentes o a los que en adelante se establezcan, el radio dentro del cual no será permitida la venta de ar­tículos similares; fijar las tarifas de arriendo de los puestos dentro de los mercados y la de los derechos que deben pagar los puestos situados fuera de ellos.
Esta disposición no es aplicable a los mercados de propie­dad particular, con respecto de los cuales la intervención del Intendente se limitará a la inspección y reglamenta­ción higiénica y a las que consientan las respectivas concesio­nes;

30. Prohibir la exhibición de objetos, figuras o libros obscenos, y solicitar el concurso de la policía para la clausura de las casas de juegos prohibidos por las leyes;

31. Autorizar rifas de acuerdo con las leyes y ordenan­zas;
Nota: Ver: Decreto Ley 14.841 promulgado el 22 de noviembre de 1978 y publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 1978, arts. 1 y 2.

32. Cooperar a la celebración de las fiestas y solemnidades que la ley consagre;

33. Imponer las multas a que se refiere el numeral 30 del artículo 19 de la presente ley y las que establezca como sanción a las infracciones contra sus reglamentos, las que no podrán exceder de N$5.000.00 (nuevos pesos cinco mil). Esta cantidad se actualizará en la forma y oportunidad previstas por el inciso final del citado numeral.
Nota: Texto dado por el art. 2 del Decreto Ley 14.979 promulgado el 24 de diciembre de 1979 y publicado en el Diario Oficial el 18 de enero de 1980.

34. Llenar, respecto de las obras legalmente autorizadas, las formalidades de las expropiaciones que dichas obras requieran, con sujeción a las leyes que rijan dicha materia;

35. Designar los inmuebles a expropiarse para obras departamentales, debiendo someterse esa designación a la aprobación de la Junta Departamental;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num. 7 de la Constitución de la República: “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:…7. Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta Departamental”.

36. Coadyuvar con el Ministerio de Salud Pública en la inspección y fiscalización de la asistencia pública con excepción del Intendente de Montevideo;
Nota: Este num. fue modificado por el art. 275 num. 9 de la Constitución de la República: “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: 9°) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento”.

37. Ejecutar obras, llenando el requisito previo de la licitación pública cuando su importe exceda de quinien­tos pesos en Montevideo, y de doscientos en los demás Departa­mentos, y que no hayan de efectuarse con el per­sonal o elementos a su cargo, pudiendo con autorización de la Junta, acordada por mayoría absoluta de sus miembros, prescindir de esa formalidad:
Nota: El acápite fue modificado por el art. 482 de la Ley 15.903 promulgado el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, con la redacción dada por el art. 653 de la Ley 16.170 promulgado el 28 de diciembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial el 10 de enero de 1991, art. 738 de la Ley 16.736 promulgado el 5 de enero de 1996 y publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996 y artículo 17 de la Ley 18.834 promulgado el 4 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2011, incorporado al art. 33 del TOCAF/12: “Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
No obstante podrá contratarse:
1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos).
2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).
3) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción:…”

38. Ejecutar las obras de vialidad del Departamento, con sujeción a las siguientes reglas:
A) Elevará, dentro de los dos primeros meses de cada año, el plan de obras a realizar a la aprobación de la Junta Departamental debiendo solicitar, en el transcurso del año, la misma aprobación previa para toda obra a ejecutar­se no comprendida en el plan primitivo;
B) Para la preparación de los proyectos, estudios y presu­puestos de estas obras, se asesorará de la Inspec­ción Técnica Municipal;
C) Aprobados los proyectos por la Junta Departamental, o si ésta no se expidiese durante los primeros treinta días, las obras serán sacadas a licitación por el Intendente;
D) Podrá prescindir de las formalidades establecidas en los subincisos que anteceden los casos de reparaciones de carácter urgente, y sin perjuicio de dar cuenta inmediata­mente a la Junta Departamental;
E) Podrá prescindir también, con autorización, de la Junta, de la licitación, cuando las obras de vialidad se encuentren en alguno de los casos previstos por el número 37;
F) La inspección, y en su caso la dirección de las obras, se efectuará por medio de las Inspecciones Técnicas Muni­cipales;
G) Los Intendentes elevarán al Ministerio de Obras Públi­cas, en el mes de Diciembre de cada año, una memoria descriptiva de los trabajos ejecutados, debien­do expresar­se en ella:
1. Dimensiones de cada obra y materiales empleados;
2. Precios pagados por la medida de trabajo ejecutado;
3. Precio total de la obra;
4. Si los trabajos se han sacado a licitación pública o de que manera se han realizado;
5. Producido de las rentas aplicadas a vialidad. Dicha memoria comprenderá los trabajos ejecutados o manda­dos ejecutar por las Juntas Locales;

39. Gestionar ante cualquier autoridad los asuntos de su competencia, personalmente o por intermedio del funciona­rio que designe.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior excepto el Municipio de Montevideo, los Departamentos, cuando se trate de sus bienes y derechos serán citados o emplazados en la persona del Intendente y si se tratare de iniciar o contestar acciones judiciales serán representados por el Ministerio Fiscal o por el abogado que designe el Intenden­te, previa autorización de la Junta acordada por dos tercios de votos. Podrá igualmente dirigirse a cualquier autoridad o poder del Estado solicitan­do el cumplimiento de sus resoluciones;
Nota: El texto fue dado por la Ley 13.835 promulgada el 7 de enero de 1970 y publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 1970, art. 353
Este num. fue modificado por el art.316 de la Constitución de la República “La autoridad demandada podrá hacerse representar o asesorar por quien crea conveniente”.

40. Pasar anualmente al Poder Ejecutivo una memoria que comprenda los trabajos y proyectos de cada una de sus reparticiones con la recopilación de las disposiciones más importantes que hubiesen dictado. Dichas memorias serán remitidas por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General;

41. Ejercer la superintendencia y fiscalización sobre las Juntas Locales, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección VII;

42. Ejercer todas las demás facultades que las leyes vigentes acordaban al Departamento Ejecutivo de los Muni­cipios;

43. La actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del departamento, especialmente:
A) Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en la materia.
B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta Departamental.
Nota: Este num. fue incorporado por la ley 18.308 promulgado el 18 de junio de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num. 4 lit. b)
Ley 17.657 promulgado el 17 de junio de 2003 y publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2003, art. 7: Incorpórase a las competencias del Intendente, según lo establecido por el artículo 35 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935, la facultad e denegar la autorización para la instalación de establecimientos de grandes superficies comerciales en función del asesoramiento de la Comisión Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, creada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.188, de 20 de setiembre de 1999”.

FuentesObservaciones
art. 35

Compete igualmente al Intendente, sin perjuicio de las medidas o iniciativas que tomare la Junta Departa­mental:

1. Adquirir terrenos y edificios para oficinas y estable­cimientos departamentales o mandar construir otros nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Depar­tamental por dos tercios de votos;

2. Dirigir a los Poderes Públicos las peticiones que tuviese por convenientes, relativas al bien general del país y al particular del Departamento;
Nota: Ver art. 276 de la Constitución de la República.

3. Acordar, con las otras autoridades, las medidas que estime convenientes, en los servicios que le sean comunes o que convenga conservar o establecer en esta forma, determi­nando a la vez las cuotas que para dichos servicios corres­pondan a cada una;
Nota: Ver arts. 262 inc. 5 de la Constitución de la República.

4. Promover la agricultura y el mejoramiento de la ganade­ría:
A) Nombrando una o varias Comisiones de agricultores y ganaderos, y estimulando toda iniciativa útil que se proponga en favor de dichos gremios;
B) Propendiendo a la fundación de escuelas agronómicas, granjas, cabañas, harás, y realización de ferias y exposi­ciones;
C) Fomentando el desarrollo del arbolado, atendiendo preferentemente a la guarda, conservación y aumento de los montes municipales, y estimulando en el mismo sentido la acción de los particulares.
Tendrá idéntica facultad respecto de los montes fiscales, con acuerdo del Poder Ejecutivo;
D) Coadyuvando a toda acción para combatir las plagas y pestes perjudiciales a la agricultura y ganadería;
E) Inspeccionando y vigilando las colonias establecidas en terrenos particulares, en lo relativo a las funciones municipales;
F) Adoptando todas las medidas que considere favorables al mayor incremento de la agricultura, la ganadería y las industrias rurales;

5. Propender igualmente a la prosperidad del departamento:
A) Estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomen­to, previsión, crédito y ahorro;
B) Cooperando a las iniciativas privadas en la forma que considere más eficaz;

6. Sugerir a la Junta las modificaciones o ampliaciones que considere convenientes a esta ley.
Nota: Ver: Art.273 inc.3 num.11 de la Constitución de la República.

7. Adquirir alimentos por el sistema de la Unidad Centralizada de Adquisiciones y comercializar los mismos, en caso de existir dificultades referidas a la escasez y/o altos precios, que impliquen problemas de abastecimiento a la población.
Nota: Este num. fue incorporado por la ley 18.465 promulgada el 11 de febrero de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 17 de febrero de 2009, art.4.

FuentesObservaciones
art. 36

Queda prohibido a los Intendentes, sin perjuicio de otras limitaciones que la ley establece:

1. Derogado.
Nota: Ley 16.736 promulgada el 5 de enero de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996, art. 767: “Derógase en lo pertinente el numeral 1 del artículo 37 de la ley 9.515 de 28 de octubre de 1935 en lo referente a la prohibición impuesta a los Intendentes Municipales para encargar a particulares la percepción de las Rentas Municipales”.
La Ley 17.556 promulgado el 18 de setiembre de 2002 y publicado en el Diario Oficial el 19 de setiembre de 2002 Art. 156: “Derógase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935. Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respectivo, por tres quintos de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales”.

2. Enajenar e hipotecar bienes raíces salvo lo que dispo­nen las leyes especiales sobre solares, quintas, chacras, y sobre expropiación de inmuebles. Sin embargo podrán, enajenar o gravar cualquier bien departamental, aún los incluidos en el artículo 23 de la ley de Octubre 21 de 1912, previa autorización de los dos ter­cios de votos de los miembros de la Junta Departamen­tal;
Nota: Ver Ley 13.939 promulgada el 8 de enero de 1971 y publicada en el Diario Oficial el 13 de enero de 1971, art. 7: “A los fines de la enajenación posterior de los lotes resultantes de los fraccionamientos regulados por esta ley y la de las áreas sobrantes en la zona rural, la Intendencia Municipal de Montevideo queda eximida de la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 37 de la ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.”

3. Levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resol­viesen los dos tercios de la Junta Departamental.

FuentesObservaciones
art. 37

Los Ediles e Intendentes no podrán durante su mandato:

1. Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con los Municipios, o con cualquier órgano público que tenga relación con ellos;

2. Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los Municipios salvo lo preceptuado en el artículo si­guiente;
Nota: Ver art. 291 num. 2 de la Constitución de la República.

3. Ser cesionarios o fiadores ante el Municipio en asuntos municipales.
La inobservancia de lo dispuesto en este artículo y en el 9 de la presente ley, importará la pérdida inmediata del cargo, que será decretada por el Senado, previa acusación de un tercio de votos de las Juntas Departamentales.
El Senado podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Nota: Este num. fue modificado por los arts. 289, 290, 291 de la Constitución de la República: art. 289 “Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental”.
Art. 290: “No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de los Gobiernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el Gobierno Departamental.
No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos, los funcionarios comprendidos en el inciso 4.o) del artículo 77”.
Art. 291: “Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales tampoco podrán: 1) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental o con cualquiera otro órgano público que tenga relación con el mismo. 2) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental”;
Ver: Art. 292: “La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedente, importará la pérdida inmediata del cargo”.

FuentesObservaciones
art. 38

Cuando alguno de los Ediles tenga que tramitar asunto propio o defender sus derechos lesionados, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo siguiente, e inte­grarse la Junta con el suplente respectivo para considerar esos asuntos.
Cuando se tratare de asuntos propios del Intendente, éstos serán resueltos por el Presidente de la Junta con apela­ción ante ésta. De igual manera se procederá en aquellos asuntos contenciosos, en que estuvieren interesados los parientes de dicho funcionario hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° afinidad.

FuentesObservaciones
art. 39

Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presen­tes en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, estuvieran interesados.

FuentesObservaciones
art. 40

DEROGADO

Este artículo fue derogado tácitamente por la Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 487, con la redacción dada por la Ley 16.736 promulgada el 5 de enero de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996, art. 524, incorporado al art. 43 del TOCAF/96 modificado posteriormente por Ley 18.834 promulgado el 4 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2011, incorporado al art. 46 del TOCAF/12, y posteriormente modificado por la Ley 19.355 promulgada el 19 de diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2015, art. 22.

El artículo 46 del TOCAF/12 establece lo siguiente:
“Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad."

Ver: Ley 18.244 promulgada el 27 de diciembre de 2007 y publicada en el Diario Oficial el 8 de enero de 2008, art. 3.


Los empleados municipales no podrán contratar con el Municipio ni ser cesionarios o fiadores ante él, sin autorización acordada por dos tercios de votos de la Junta Departamental, bajo pena de inmediata separación del cargo.

FuentesObservaciones
art. 41
Nota:

 

 


Es absolutamente nulo todo acto o contrato en que se contravenga lo dispuesto en los artículos anteriores y en el 9 de la presente ley, y el que los infringiera responde­rá de los perjuicios resultantes.

FuentesObservaciones
art. 42

Los Contadores Municipales serán desig­nados por el Intendente, previa venia de la Junta Departamental, otorgada por dos tercios de votos del total de sus componentes.

FuentesObservaciones
art. 43
Nota:

Ver art. 211 lit. B) de la Constitución de la República.
Ley 16.736 promulgada el 5 de enero de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996 art. 43, incorporado al art. 103 del TOCAF/12.


Compete al Contador:

A) Todos los cometidos y facultades que le fije la ley de Contabilidad y Administración Financiera. (Artículo 206 de la Constitución).
Nota: La referencia al art. 206 debe entenderse actualmente realizada al art. 213 de la Constitución de la República.
Ver: Ley 16.736 promulgado el 5 de enero de 1996 y publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996 art. 43 incorporado al art. 103 del TOCAF/12.
Art. 212 de la Constitución de la República.

B) Informar al Intendente y a la Junta en materia de presupuesto;

C) Intervenir preventivamente en los gastos y pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, obser­vando por escrito ante el Intendente todo libramiento u orden de pago que considere ilegal o que no sea con­forme al presupuesto. Si el Intendente reiterara la orden y la Contadu­ría insis­tiera en que ella es improcedente, deberá cum­plirla pero dando cuenta de inmediato a la Junta Departa­mental y al Tribunal de Cuentas;
Nota: Ver: Art. 211 lit. B) de la Constitución de la República;
Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 553 con la redacción dada por el art. 653 de la Ley 16.170 promulgada el 28 de diciembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1991, incorporado al art. 113 del TOCAF/12.

D) Informar a la Junta de la rendición de cuentas y ges­tiones financieras de la Intendencia, presentándole la memoria anual relativa a dichas gestiones;

E) Poner en conocimiento de la Junta todas las irregularidades que notare en el manejo de fondos o infracciones a las leyes de Presupuesto y Contabilidad.

FuentesObservaciones
art. 44

El gasto improcedente hace responsable solidariamente al Intendente y al Contador que intervenga en el pago contraviniendo la disposición del artículo anterior.

De la misma manera será responsable quien admita una fianza en garantía de los intereses departamentales, si al tiempo de admitirla, el fiador fuere notoriamente incapaz o insolvente. En estos casos los dictámenes respectivos se consignarán en acta.

FuentesObservaciones
art. 45
Nota:

Este artículo fue modificado por la ley 16.736 promulgada el 5 de enero de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996, art. 54, incorporado al art. 139 del TOCAF/12: “La responsabilidad alcanza mancomunada y solidariamente a todos los que resuelvan, dispongan, ejecuten o intervengan en la formación de actos u ocurrencia de hechos que incurran en los supuestos a que refiere el artículo 137.
Quedan exceptuados los integrantes de directorios u órganos colegiados, que se hubieran opuesto al acto y dejado constancia escrita su oposición, así como los funcionarios sujetos a jerarquía que en oportunidad de su intervención, hubieran expuesto, también por escrito, sus observaciones y los fundamentos de las mismas”.


Son rentas propias de los Departamentos, admi­nis­tradas y empleadas por ellos de conformidad con esta ley, los ingresos municipales provenientes de:
Nota: Ver art. 297 de la Constitución de la República.

1. Abasto, tabladas, plazas de frutos, mercados y ferias;

2. Rodados;

3. Alumbrado o luces;

4. Cementerio;

5. Contraste de pesas y medidas;

6. Las guías y tornaguías;

7. La revisión o aprobación de planos;

8. Los testimonios y certificados que se expidan a razón de $0.25 por foja, con excepción de los de partidas del Registro de Estado Civil, que se cobrarán según lo esta­blecido por la ley;

9. Los servicios de salubridad para la limpieza, barri­do, riego y otros análogos;

10. Concesiones precarias de bienes municipales de uso público;

11. Pontazgo, peaje, barcaje, muelles y pescantes munici­pales;

12. Los servicios de serenos o de seguridad;

13. El producto de permisos para celebración de espectáculos públicos y diversiones;

14. Entierros pompas fúnebres;

15. El producto de los permisos para la construcción de sepulcros y monumentos;

16. El producto de los análisis de sustancias alimenticias;

17. Exámenes médicos y análisis de laboratorio;

18. Desinfecciones;

19. El producto de la venta de las vacunas o cualquier suero terapéutico que elaboren las oficinas departamen­tales;

20. La mitad del valor de los frutos excedentes en las guías o abandonados en las estaciones de carga y no recla­mados dentro de un mes de la revisación;

21. El otorgamiento de los siguientes permisos:
A) Para edificación, reedificación y construcciones urbanas en general, aperturas de puertas y ven­tanas, construcciones y remoción de veredas;
B) Para limpieza de letrinas, desagotes de aljibes, reconstrucción de caños maestros en el interior de las casas y en las vías públicas;
C) Para realizar rifas;
D) Derogado.
Nota: Este lit. fue derogado por la ley No. 16.736 promulgado el 5 de enero de 1996 y publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996, art. 274: “Derógase el apartado D) del numeral 21 del artículo 46 de la Ley Nº9.515, de 28 de octubre de 1935.”
E) Para cortar madera o leña en los montes municipales, debiendo sujetarse a las reglamentaciones respectivas;
F) Para extraer piedra, arena, conchilla, balastro y otros productos del suelo en terrenos municipales, siempre que la extracción no perjudique al tránsito público, a las propiedades ribereñas, o a la integridad de las playas naturales.
G) Para cercar propiedades rurales.

22. El producto de la venta de bienes departamentales y las rentas de éstos;23. Las donaciones, herencias y legados en dinero;

24. Las multas que las leyes hayan impuesto o impusieran en favor del Departamento y las que éstos mismos apliquen según sus propias facultades;

25. El aprovechamiento de obras públicas departamentales y servicios con igual carácter, incluso los de saneamiento en los términos que fije la ley respectiva;

26. Avisos en las vías o lugares públicos, o en los medios de locomoción de empresas de servicios públicos;

27. Los protestos al Municipio por deudas particulares, según el derecho que fije el Municipio;

28. El producto de la venta de basura o sus derivados;

29. El setenta y cinco por ciento (75%) de lo producido durante el año por el impuesto a la propiedad inmueble situada dentro de sus límites, con exclusión de adiciona­les y recargos.
La Dirección General de Impuestos Directos, en la Capital, y sus sucursales en el Interior, verterán en el Banco de la República o en sus Agencias, en la cuen­ta de los respectivos Municipios, el porcentaje in­dicado en este inciso, a medida que se vaya realizando la recaudación.
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por el art.297 num. 1) de la Constitución de la República: “Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental”.
Ver: Ley 13.892 de 20 de octubre de 1970, art. 446 establece: “Declárase que no podrán generar rentas departamentales los bienes producidos en el país y destinados a la exportación, no siéndoles aplicables los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.

FuentesObservaciones
art. 46

Son también rentas departamentales todas las que han sido atribuidas a las Municipalidades por leyes vigen­tes o que lo fueran por nuevas leyes.

FuentesObservaciones
art. 47
Nota:

Ver: art. 297 num. 3 de la Constitución de la República;
Ley 13.892 promulgada el 19 de octubre de 1970 y publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 1970, art. 446 establece: “Declárase que no podrán generar rentas departamentales los bienes producidos en el país y destinados a la exportación, no siéndoles aplicables los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.”


DEROGADO

Este art. fue derogado tácitamente por los arts.381 num.8, y 401 inc. final del Código General del Proceso:
“Art. 381. Bienes inembargables.-
No se trabará embargo en los siguientes bienes:
… 8) Toda clase de bienes, cuentas o créditos del Estado y de los Gobiernos Departamentales (artículo 460 del Código Civil).”.
Art. 401 Los Gobiernos Departamentales, entes autónomos y servicios
descentralizados industriales y comerciales del Estado, deberán realizar las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar sus presupuestos, para atender el pago de las sentencias, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente, previendo los recursos necesarios para financiar las erogaciones del Ejercicio.
401.2 Ejecutoriada una sentencia de condena, laudo arbitral o transacción homologada judicialmente contra los organismos referidos en el numeral anterior, a pagar sumas líquidas y exigibles, el acreedor deberá pedir la ejecución acompañando la liquidación detallada de su crédito y la prueba de que intente valerse. De su escrito se conferirá traslado al ejecutado por el término de seis días y de no existir oposición, el tribunal aprobará la liquidación realizada por el actor, en el término de diez días. De existir oposición, el tribunal dará traslado al actor por seis días y vencido dicho término convocará a las partes a una audiencia única en la que deberá diligenciarse toda la prueba ofrecida. El tribunal contará con diez días para el dictado de la sentencia con expresión de fundamentos, contra la cual se podrán interponer los recursos de reposición y apelación.
401.3 Las costas y costos de la ejecución solo serán de cargo de los organismos referenciados en el numeral primero, cuando haya sido dispuesto expresamente por la sentencia de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil.
401.4 El tribunal comunicará al ejecutado, en el término de diez días hábiles desde ejecutoriado el fallo liquidatorio, que deberá depositar, en la cuenta del Banco República Oriental del Uruguay del acreedor o de quien éste autorice, el monto de la liquidación, en el término de treinta días corridos partir de la notificación, previa intervención del Tribunal de Cuentas.
401.5 El ejecutado comunicará al tribunal actuante la fecha del depósito, teniéndose como fecha de extinción de la obligación. La reliquidación del crédito comprenderá el período transcurrido entre la aprobación de la liquidación y la fecha del depósito, deduciéndose el término conferido para el pago que no generará intereses.
401.6 Los abogados patrocinantes del organismo condenado deberán comunicar las sentencias de condena ejecutoriadas, laudos arbitrales y las transacciones homologadas al jerarca inmediato en un plazo de tres días hábiles, acompañando fotocopias autenticadas de la sentencia definitiva e incidente de la liquidación. El incumplimiento de la comunicación será considerado falta grave.
401.7 El organismo condenado una vez notificado de la fecha de pago iniciará un procedimiento administrativo tendiente a determinar si corresponde promover la acción de repetición contra el funcionario o los funcionarios responsables del daño causado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Constitución de la República.”.
Ver: art. 400 Código General del Proceso.


No son embargables las rentas de los Departamen­tos, sus propiedades ni los bienes de uso comunal.
En caso de condenaciones judiciales contra los Municipios, éstos deberán proyectar los recursos necesarios para satisfacerlas, haciendo las inclusiones correspondientes en el primer presupuesto departamen­tal.

FuentesObservaciones
art. 48

Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de la Deuda Departamen­tal.
Si dicha deuda no existiese, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamen­tal a pro­puesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.

FuentesObservaciones
art. 49

El tiempo de vigencia del presupuesto será de un año y coincidirá con el año civil. La ley fijará, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, el porcentaje de los gastos totales que podrán ser destinados a pagar sueldos y salarios, tanto en el presupuesto ordina­rio como en las erogaciones extraordina­rias para obras públicas, etc.

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art. 50
Nota:

Este art. fue modificado por los arts. 223 y 216 inc.1 de la Constitución de la República respectivamente:
Art. 223 “Cada Intendente proyectará el Presupuesto Departamental que regirá para su período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato”.
Art. 216 inc. 1:“Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprenda los Gastos Ordinarios permanentes de la Administración cuya revisión periódica no sea indispensable…”


El proyecto de presupuesto del Municipio será siempre presentado en forma comparativa tanto para some­terlo a la Junta Departamental, como para elevarlo al Poder Ejecutivo y cuando corresponda en su caso, al Parla­mento.

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art. 51

DEROGADO

Este art. fue derogado tácitamente por el art. 297 de la Constitución de la República, en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental.
2º) El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada en las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados.
3º) Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artículo.
4º) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles beneficiados por obras públicas departamentales.
5º) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo de las empresas concesionarias de servicios exclusivamente departamentales.
6º) Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte.
7º) Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, cultural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
8º) Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que ésta determine.
9º) Los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que se efectúen apuestas mutuas, con excepción de los establecidos por ley, mientras no sean derogados.
10) El producido de las multas:
a) que el Gobierno Departamental haya establecido mientras no sean derogadas, o estableciere según sus facultades;
b) que las leyes vigentes hayan establecido con destino a los Gobiernos Departamentales;
c) que se establecieran por nuevas leyes, con destino a los Gobiernos Departamentales.
11) Las rentas de los bienes de propiedad del Gobierno Departamental y el producto de las ventas de éstos.
12) Las donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptare.
13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presupuestal."


Sólo el Poder Legislativo, a solicitud del Inten­dente, de acuerdo con la Junta Departamental, y previo informe del Tribunal de Cuentas, podrá crear nuevos im­puestos municipales. Serán recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados exclusivamente por éstos, las tasas o tarifas por utilización o aprove­chamiento de servicios municipales.

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art. 52

En toda población fuera de la planta urbana de la capital del Departamento podrá haber una Junta Local honoraria que será designada de acuerdo con esta ley.
Su número será de cinco miembros, con triple número de suplentes respectivos, que tendrán las mismas calidades exigidas para ser miembro de la Junta Depar­tamental, y deberán estar avecindados en la localidad.

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art. 53
Nota:

Ver art. 287 y Disposición Transitoria letra Y) de la Constitución de la República, ésta última en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, arts. 1, 2, 9.


La Junta Local, una vez instalada, procederá a designar su Presidente, quien ejercerá la función ejecuti­va en su jurisdicción.
Si se produjera empate, la Junta Departamental deci­dirá entre ambos candidatos.

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art. 54
Nota:

Este art. fue modificado por la Disposición Transitoria Letra Y) de la Constitución de la República en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito 8 de diciembre de 1996: “Mientras no se dicte las leyes previstas por los artículos 262 y 287, las autoridades locales se regirán por las siguientes normas: 1) Se llamarán Juntas Locales, tendrán cinco miembros y, cuando fueren electivas, se integrarán por representación proporcional en cuyo caso serán presididas por el primer titular de la lista más votada del lema más votado en la respectiva circunscripción territorial. En caso contrario sus miembros se designarán por los Intendentes con la anuencia de la Junta Departamental y respetando, en lo posible, la proporcionalidad existente en la representación de los diversos Partidos en dicha Junta. 2) Habrá Juntas Locales en todas las poblaciones en que ellas existan a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución así como en las que, a partir de dicha fecha, cree la Junta Departamental a propuesta del Intendente”.
Ver  Ley 16.900 promulgada el 26 de diciembre de 1997 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1998, art. 1 “Interprétase la Disposición Transitoria Literal Y) de la Constitución de la República, con respecto a la integración de las Juntas Autónomas Electivas, en el sentido que a partir del 14 de enero de 1997, deberán ser presididas por el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, en la respectiva circunscripción territorial”;
Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, art. 11.


Las Juntas Locales durarán en el ejercicio de sus funciones por igual término que la Junta Departamental.

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art. 55

Los suplentes actuarán de acuerdo con lo precep­tuado en el artículo 5(*) de esta ley.

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art. 56
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 144 del Volumen I del Digesto Departamental.


Compete a las Juntas Locales, con excepción de las autónomas, dentro de su jurisdicción:
Nota: El acápite de este art. fue modificado por el art. 288 de la Constitución de la República: “La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas”.
Ver: Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, arts. 12 y 13.

1. Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, acuerdos y demás resoluciones de carácter municipal;
2. Cumplir los cometidos que les confieran las leyes y ejercer las atribuciones que les encomiende el Intendente;
3. Iniciar entre el vecindario y proponer al Intendente las mejoras locales que consideren convenientes;
4. Vigilar en su jurisdicción la percepción de las rentas departamentales;
5. Cobrar, fiscalizar la percepción y administrar las rentas y proventos que por cualquier concepto se les adjudiquen dentro de las rentas departamentales, sin perjuicio de la superintendencia del Intendente;
6. Cuidar los bienes municipales que se hallen dentro de su jurisdicción, proponiendo al Intendente la mejor forma de aprovecharlos;
7. Atender especialmente a la higiene y salubridad de las localidades;
8. Imponer en sus jurisdicciones las multas por infrac­ciones de carácter municipal en la forma prescripta por las disposiciones vigentes;
9. Propender a la formación de tesoros locales por sus­cripción voluntaria, destinados exclusivamente a las mejoras y adelantos de la localidad;
10. Emplear los recursos que les asigne el presupuesto y los que les entregare el Intendente, para los servicios y necesidades locales;
11. Ser en cada localidad una representación del Inten­dente, en todo cuanto se refiera a velar por las garantías indivi­duales y la instrucción primaria, promover la agri­cultura y el mejoramiento de la ganader­ía, así como todo lo que propenda al adelanto de la localidad, dando cuenta al Intendente en la forma opor­tuna;
12. Presentar anualmente su presupuesto y el plan de sus trabajos dentro de las rentas que se le hubieren ad­judica­do.
Nota: El num.12 fue derogado tácitamente por el art. 275 num.3 de la Constitución de la República: “Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: “… 3°) Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV”.
 

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art. 57

Se instalarán de inmediato Juntas Locales en todas aquellas jurisdicciones en que actuaban Concejos Auxiliares.
Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente, podrán crear nuevas Juntas Locales en las poblaciones que ofrezcan alguna de las condiciones siguientes:
1. Que cuenten con más de 2.000 habitantes;
2. Que tengan establecidas industrias agrícolas, fabriles y otras de significación equivalente, de evidente interés local.

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art. 58
Nota:

Este num. 2 fue modificado por el art. 288 de la Constitución de la República: “La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas”. 


En las poblaciones que, sin ser capital del Depar­tamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el turismo, la ley, por mayoría absoluta de votos de cada Cámara, podrá ampliar las facul­tades de gestión de las Juntas Locales, a iniciativa de las mismas, de la Intendencia o de la mayoría de la Junta Departamental, sin perjuicio de la iniciativa parlamenta­ria.
En el cómputo de la población a que se refiere este artículo se incluirán los habitantes de zonas inmediatas.

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art. 59
Nota:

El inc.1 fue modificado por el art. 288 de la Constitución de la República: “La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el cuerpo electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas”. 


Las Juntas Locales darán cuenta igualmente del empleo de los fondos que les entregue el Intendente para servicios y necesidades locales.
Sin perjuicio de los informes que en cualquier tiempo el Intendente solicite de ellas, cada año, antes del 31 de diciembre, le remitirán memoria suscinta de sus trabajos.
La Intendencia deberá destinar el 70% de las rentas que se produzcan dentro de la jurisdicción de la Juntas Locales Autónomas para los servicios y necesidades de las localida­des en que ellas actúan.

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art. 60

Los Ediles Locales tendrán las mismas responsabilidades que los Ediles Departamentales, y, como éstos, están exentos de ellas por las opiniones o juicios que emitan en el desempeño de sus funciones, con propósitos de interés general.

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art. 61

DEROGADO

Los arts.62 a 66 fueron derogados por el art.109 del Decreto-Ley 15.524 promulgado el 9 de enero de 1984 y publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 1984: “Deróganse los artículos 62 a 66 de la ley 9.515 de 28 de octubre de 1935; 56 y 60 de la Ley 12.549, de 16 de octubre de 1958; 345 a 348 de la ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964; 44 y 47 de la ley 14.101, de 4 de enero de 1973; 78 inciso 1°, 79 y 82 de la ley 14.306, de 29 de noviembre de 1974 y todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.”


FuentesObservaciones
art. 4
art. 62
art. 63 a 66
Nota:

Ver: Arts. 312, 317 de la Constitución de la República.
Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1978 y publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1978, art.4.
Ley 17.292 promulgada el 25 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 2001, arts. 40, 41, 42.


DEROGADO

Este artículo fue derogado tácitamente por el art. 4 de la Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicadoa en el Diario Oficial el 2 de julio de 1987: “La acción de nulidad no podrá ejercerse si previamente no ha sido agotada la vía administrativa. A este efecto los actos administrativos, expresos o tácitos, deberán ser impugnados con el recurso de revocación ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes a su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía deberá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria, el recurso jerárquico para ante el jerarca máximo de dicho órgano.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por el Directorio o Director General de un Servicio Descentralizado, deberá interponerse además en forma conjunta y subsidiaria, el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía en un Servicio Descentralizado deberá interponerse además, en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria, el recurso jerárquico, para ante el Directorio o Director General, y el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano de un Gobierno Departamental, deberá ser impugnado mediante el recurso de reposición ante ese órgano (artículo 317 de la Constitución), dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado como se indica, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento”.


Según la gravedad del caso, las Juntas Departamentales cuando conozcan por vía de recursos, y las autoridades judiciales en cualquier instancia, podrán decretar la suspensión del acto reclamado.

FuentesObservaciones
art. 2
art. 67
Nota:

Ver: Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1987, art. 2.
Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 510 con la redacción dada por el art. 44 de la Ley 18.834 promulgada el 4 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2011, incorporado al art. 73 del TOCAF/12.


Los decretos y resoluciones de las Juntas, y las resoluciones y reglamentos de los Intendentes, contrarios a la Constitución o a las leyes, serán apelables para ante la Cámara de Representantes, por un tercio de la Junta, por trescientos ciudadanos inscriptos en el Departamento, o por el Poder Ejecutivo.
La apelación deberá ser interpuesta dentro de los diez días a contar desde que el decreto tenga fuerza ejecutoria y este plazo será de veinte cuando el apelante fuere el Poder Ejecutivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos por la Cámara los antecedentes, no resolviera ésta la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.

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art. 68
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 303 de la Constitución de la República: “Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo. Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto. La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se de cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos. El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente”.
 


DEROGADO

Este art. fue derogado tácitamente por el art. 312 de la Constitución de la República en la redacción fue dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare.
El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.
En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación”.


Interpuesto el recurso a que se refiere el ar­tículo anterior, quedará en suspenso el derecho de los particulares de reclamar ante la justicia ordinaria (ar­tículo 64), quedando también en suspenso el trámite de las acciones que al efecto se hubieren deducido.
El pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre dicho recurso dejará concluida la cuestión de la legalidad.

FuentesObservaciones
art. 69
Nota:

Ver: decreto ley 15.524 promulgado el 9 de enero de 1984 y publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 1984 art.109: deroga el art. 64 de la ley 9.515 mencionado en el inc. 1.


Cuando la resolución apelada haya tenido por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apela­ción interpuesta no podrá tener efecto suspensivo. Tampoco lo tendrá cuando la apelación se interpon­ga en el segundo caso previsto por el artículo 68(*).

FuentesObservaciones
art. 70
Nota:

Ver: art.303 inc.1 in fine de la Constitución de la República.

(*) Se refiere al artículo 203 del Volumen I del Digesto Departamental.


Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia, por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del Depar­tamento, señalando concretamente el precepto constitucional o legal violado, y en qué consiste la violación.
Nota: El inc. fue modificado por el art. 283 de la Constitución de la República: “Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del departamento, en la forma que establezca la ley”.
Ver: Art. 313 de la Constitución de la República.

El procedimiento será el establecido por el Código de Procedimiento Civil para los incidentes, y la resolución a recaer sólo será susceptible del recurso de revisión.
Nota: El inc.2 fue derogado por el art. 544.1 del Código General del Proceso: “Deróganse el Código de Procedimiento Civil, sus modificaciones y todas las disposiciones legales que establecen procedimientos diversos a los previstos en este Código”.
Ver: arts. 348, 508 y ss del Código General del Proceso.

FuentesObservaciones
art. 71

En cuanto a las demandas contra los actos de las autoridades municipales, a que se refiere el Capítulo II de la Sección XVII de la Constitución de la República, se estará a lo que establezca la ley respec­tiva.

FuentesObservaciones
art. 72
Nota:

Ver: arts. 24, 312 de la Constitución de la República;
Ley 15.881 promulgada el 26 de agosto de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 9 de setiembre de 1987.


Los Tribunales Administrativos o los Judiciales, en caso de condenación del Municipio, harán declaración expresa sobre si hubo culpa grave que sea imputable a los miembros de las autoridades departamen­tales.
Estos serán pasibles ante el Estado de la responsabilidad civil consiguiente.
En caso de declararse la existencia de culpa grave, se pasarán los autos al Fiscal que corresponda para hacer efectiva la responsabilidad de dichos miembros.

FuentesObservaciones
art. 73
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 25 de la Constitución de la República: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”. 


El recurso del referéndum podrá en­tablarse por un quinto de los ciudadanos inscriptos en el Departa­men­to, para que se deje sin efecto un decreto o resolución de la Junta Departamental.
La declaración de que se quiere emplear este recurso deberá presentarse al Intendente dentro de los cuarenta días siguientes a la publicación del decreto o resolución de que se trata.
 

FuentesObservaciones
art. 74

Quedarán suspendidos los efectos del acto del cual se recurre al referéndum, hasta que se produzca éste, desde el momento en que el Intendente reciba la declara­ción a que se refiere el artículo anterior.

FuentesObservaciones
art. 75

El referéndum deberá efectuarse pasados los treinta días y dentro de los sesenta siguientes a la fecha en que les sean presentadas al Intendente las peticiones populares.
Corresponderá al Intendente, por medio de la Junta Electoral, disponer todo lo necesario para que el referéndum se efectúe.
Los recurrentes al referéndum podrán solicitar que éste se realice en la más próxima elección, caso en el cual el pedido de referéndum no tendrá efecto suspen­sivo.

FuentesObservaciones
art. 76

En el referéndum la votación se hará por si o por no, y su resultado se publicará y tendrá fuerza ejecu­toria de inmediato.

FuentesObservaciones
art. 77

El quince por ciento de los inscriptos residen­tes en una localidad, tendrá el derecho de iniciativa ante su respectiva Junta en asuntos de dicha jurisdicción. La Junta Local deberá considerar las proposiciones formuladas, dándoles trámite ante las autoridades competentes.

FuentesObservaciones
art. 78

El mismo porcentaje de inscriptos residentes en un Departamento tendrá igual derecho de iniciativa ante la respectiva Junta Departamental.
Esta deberá pronunciarse dentro de los sesenta días de recibida la iniciativa, y, en caso de resolución negati­va, lo hará saber al Intendente a fin de que proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76(*).
Procederá también así el Intendente, en caso de que vencido el término a que se refiere al inciso anterior, la Junta no hubiere adoptado resolución, bastando al efecto el requerimiento de cualquiera de los firmantes de la iniciati­va que acreditare en forma los extremos correspon­dientes.

FuentesObservaciones
art. 79
Nota:

Este art. fue modificado por el art. 304 inc.2 de la Constitución de la República: “También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámaras, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental”. 

Ver: (*) Se refiere al artículo 211 del Volumen I del Digesto Departamental.


Se declaran en su fuerza y vigor las leyes y reglamentos que hasta aquí han regido, en todo lo que directa o indirectamente no se oponga a la presente ley.

FuentesObservaciones
art. 80

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
1.Los miembros de las Juntas Departamentales para el período 1934-1938 serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.
Conjuntamente con los titulares serán designados hasta triple número de suplentes, que en caso de vacan­cia temporal o definitiva, sustituirán a los titulares con sus mismas atribuciones.
En los demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares, por ausencia o inasistencia de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.
2. Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser designadas, a fin de proceder a su instalación, y nombrar un Presidente y dos Vicepresi­dentes, los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos.
3. Mientras la Junta Departamental no se dicte un reglamento, se regirá, en cuanto sea aplicable para su instalación y funcionamiento, por el Reglamento de la ex Junta Deliberante y si éste no existiera, por el del ex Consejo de Administración Departamental.
4. Los Intendentes para el período 1934-1938 serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, conjuntamente con un primer y segundo suplentes que en caso de vacancia temporal o definitiva sustituirán a los titulares con sus mismas atribuciones.
5. Los Intendentes para el período 1934-1938 perci­birán los sueldos que establezcan las leyes y decretos vigentes.
6. Las designaciones definitivas de Intendentes y Ediles se efectuarán dentro de los quince días siguien­tes a la promulgación de esta ley.
7. El Poder Ejecutivo hará imprimir la presente ley y sus respectivos antecedentes.

FuentesObservaciones
Disposiciones Transitorias
Título III
Congreso de Intendentes
Capítulo I
Creación del Congreso de Intendentes

El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada Departamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección.
Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.
La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275.
El Intendente, con acuerdo de la Junta Departamental, podrá delegar en las autoridades locales la ejecución de determinados cometidos, en sus respectivas circunscripciones territoriales.
Los Gobiernos Departamentales podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo, así como con los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, la organización y la prestación de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma regional o interdepartamental.
Habrá un Congreso de Intendentes, integrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales. El Congreso, que también podrá celebrar los convenios a que refiere el inciso precedente, se comunicará directamente con los Poderes del Gobierno.

FuentesObservaciones
art. 262
Nota:

La redacción de este art. fue dada por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ver: Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República letras B), Y) y Z´).

Capítulo II
Reglamento de Funcionamiento del Congreso de Intendentes y normas modificativas y complementarias

Todas las resoluciones deberán ser adoptadas en Plenario y son obligatorias para sus integrantes, hayan concurrido o no a la sesión que adoptaron.
La mesa del Congreso (integrada por el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General del Cuerpo) convocará vía fax a las reuniones plenarias con una anticipación no inferior a 15 días y 48 horas según tengan el carácter de ordinarias o extraordinarias respectivamente.
Los plenarios que se celebren fuera de Montevideo serán preferentemente ordinarios. Excepcionalmente podrán ser extraordinarios a juicio de la Mesa previa las consultas que ésta estime necesarias.

FuentesObservaciones
art. 1
Resolución del Congreso de Intendentes

Los temas que un Intendente estime deban tener un tratamiento especial se ajustaran al siguiente procedimiento:
a) planteo a la Mesa Ampliada (integrada por los Sres. Presidente, Primer y Segundo Vicepresidentes y Secretario General) por un Intendente previa evaluación por su parte de la importancia del mismo y consulta con otros Intendentes acerca de la viabilidad de adoptarse resolución;
b) elaboración de un informe por la Comisión correspondiente del Cuerpo,
c) remisión del informe con carácter reservado y consulta sobre voluntad de aprobarlo a nivel del Plenario lo que requerirá de 13 respuestas afirmativas que deben hacerse llegar a la Secretaría General vía fax.
d) tratamiento del tema en la hora prefijada sin excepciones en régimen de comisión general;
e) aprobación de la resolución por el Plenario exigiéndose una asistencia de 16 integrantes (con un mínimo de 10 Intendentes) por el voto favorable mínimo de 2/3 de sus integrantes;
f) otorgamiento de un convenio multilateral que contenga la resolución adoptada firmada por todos los Intendentes aunque no hayan concurrido a la sesión correspondiente, lo que los obligará a:
 f.1) Si el tema es de su competencia exclusiva, dictar el acto administrativo Correspondiente.
 f.2) En caso contrario, realizar la propuesta pertine4nte ante la Junta Departamental y Comprometer el esfuerzo necesario para obtener la aprobación de la norma correspondiente.
g) se declaran temas que deben tener un tratamiento especial lo siguientes: Tributarios; Gremiales; Referidos a ingresos para los Municipios; Proyectos de leyes; Aquellos que el Congreso considere que tienen este carácter por votación de 2/3 de sus integrantes.
El Congreso de Intendentes no tratará temas político partidarios.

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art. 2
Resolución del Congreso de Intendentes

Los restantes temas planteados por los Intendentes para ser decididos por el Plenario, a cuyos efectos existirá una agenda abierta permanente en la Secretaría General serán considerados directamente por éste, requiriéndose a tales efectos la presencia de un mínimo de 10 integrantes (Intendentes o representantes) y el voto favorable para su aprobación de la mayoría de los presentes.

FuentesObservaciones
art. 3
Resolución del Congreso de Intendentes

El Plenario se reunirá en forma ordinaria por lo menos dentro de 60 días y en forma extraordinaria por lo menos cuando así lo estime pertinente un número no inferior de 5 Intendentes.

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art. 4
Resolución del Congreso de Intendentes

El Orden del Día de las reuniones plenarias ordinarias y especiales será fijado por la Mesa del Congreso y se integrará con temas propuestos por los Intendentes o a iniciativa de la Mesa.

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art. 5
Resolución del Congreso de Intendentes

Al final del Orden del Día se incluirá un punto denominado " Asuntos Varios " a fin de que los Señores Intendentes puedan plantear nuevos temas (que no podrán ser aquellos sujetos a tratamiento especial) a considerarse en la misma reunión si así lo resuelve el Plenario por 2/3 de integrantes.

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art. 6
Resolución del Congreso de Intendentes

Las reuniones plenarias que se celebren en Montevideo se iniciarán a las 14 horas.

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art. 7
Resolución del Congreso de Intendentes

Existirán 7 Comisiones con la siguiente denominación:
a. Se integrarán voluntariamente por los Sres. Intendentes, y cada una contará con un máximo de 6 miembros.
b. Podrán participar de sus deliberaciones los restantes Sres. Intendentes con voz pero sin voto.

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art. 8
Resolución del Congreso de Intendentes

Serán cometidos de las Comisiones elaborar informes, conceder audiencias y cumplir con otros que el Plenario les encomiende.

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art. 9
Resolución del Congreso de Intendentes

Para sesionar se exigirá un quórum mínimo de la mitad más uno de sus integrantes.

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art. 10
Resolución del Congreso de Intendentes

Para considerar temas que deban tener tratamiento especial se requerirá la presencia de 3 Intendentes por lo menos y de 1 en los restantes casos.

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art. 11
Resolución del Congreso de Intendentes

Sesionarán el día anterior a la reunión del Plenario o en la mañana del fijado a estos efectos según sea el caso. Sin perjuicio de ello se reunirán preferentemente en el interior conforme a su integración geográfica, toda vez que se considere necesario.

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art. 12
Resolución del Congreso de Intendentes

En las reuniones del Plenario y de las Comisiones los Intendentes podrán hacerse representar por otro funcionario de jerarquía del Municipio, a cuyos efectos lo apoderarán por escrito con constancia expresa de que le otorguen voz y voto.

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art. 13
Resolución del Congreso de Intendentes

Tratándose de sesiones del Plenario, la Mesa del Congreso examinará la regularidad formal de los poderes que deberán ser aceptados por el Cuerpo al inicio de la reunión.

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art. 14
Resolución del Congreso de Intendentes

El Plenario recibirá en audiencia exclusivamente a los jerarcas máximos de Organismos Públicos. La Mesa del Congreso coordinará los temas a tratar y la duración de la entrevista.

FuentesObservaciones
art. 15

Las solicitudes de audiencia serán consideradas por la Mesa y delegada su atención a las Comisiones respectivas cuando se considere que la importancia del tema no amerita su tratamiento por el Plenario.

FuentesObservaciones
art. 16
Resolución del Congreso de Intendentes

La mesa Ampliada se integrará con los Sres. Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente, y Secretario General. Además del cometido a que se refiere el Nº 1), 2) a) precedente también deberá, por unanimidad, nombrar delegados y conceder el auspicio del Congreso a eventos, seminarios, reuniones y similares.

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art. 17
Resolución del Congreso de Intendentes

Creación de la Mesa del Congreso de Intendentes.
Créase, directamente jerarquizado al Congreso de Intendentes, un órgano con funciones ejecutivas y de administración, bajo la denominación de Mesa del Congreso de Intendentes.
Este órgano estará integrado por el Presidente, el primer y el segundo Vicepresidente del Congreso de Intendentes.
Podrá también funcionar bajo la modalidad de Mesa del Congreso de Intendentes Ampliada, en cuyo caso se integrará con el Secretario Ejecutivo del Congreso y los tres Consejeros.
Las autoridades del Congreso de Intendentes serán elegidas de acuerdo a lo previsto en su Reglamento de Funcionamiento.

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art. 17
Nota:

Modificación presupuestal de 2008/2010; SECCIÓN II, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, ART. 5º MODIFICACIÓN.


Cometidos de la Mesa del Congreso de Intendentes.
Serán cometidos de la Mesa del Congreso de Intendentes:
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Congreso de Intendentes.
2. Ordenar gastos y pagos hasta el límite que la ley o el presupuesto del Congreso de Intendentes determine.
3. Ejercer la superintendencia administrativa sobre todas las dependencias y funcionarios del Congreso de Intendentes.
4. Designar a los funcionarios del Congreso de Intendentes cuyos cargos no tengan naturaleza política.
5. Destituir, previa instrucción de sumario administrativo, a los funcionarios del Congreso de Intendentes cuyos cargos no tengan naturaleza política.
6. Elaborar, de conformidad a lo previsto por el artículo 486 de la ley 17.930 (5.12.2005)  y en la oportunidad que la Constitución lo prevé (artículo 223 de la CR), el proyecto de presupuesto del Congreso sometiéndolo a consideración del plenario para su aprobación (artículo 224 de la CR).
7. Realizar las adquisiciones pertinentes para posibilitar el funcionamiento del Congreso de Intendentes y sus dependencias, hasta el monto habilitado por la asignación presupuestal para los ordenadores secundarios de gastos y pagos.
8. Dictar los actos administrativos y realizar las operaciones materiales que sean necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

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art. 17
Nota:

Modificación presupuestal 2008/2010, art. 6


La elección de autoridades anuales del Congreso (Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente) se hará por votación de 2/3 de sus integrantes.
El Cargo de Presidente deberá ocuparse en el quinquenio con Intendentes de todos los lemas partidarios. Esta forma tendrá vigencia a partir del 15 de febrero del año 2000.

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art. 18
Resolución del Congreso de Intendentes

Las modificaciones al presente Reglamento deberán ser adoptadas con el voto conforme de 2/3 de sus integrantes, y en lo no previsto en él, regirán las soluciones impuestas por la costumbre en el funcionamiento del Congreso.

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art. 19
Resolución del Congreso de Intendentes

La primera sesión de cada período quinquenal de funcionamiento del Congreso de Intendentes, será convocada por el Secretario General observando lo dispuesto en este Reglamento.

FuentesObservaciones
art. 20
Resolución del Congreso de Intendentes

Los gastos de asistencia a sesiones plenarias que realice el Cuerpo fuera de su Sede habitual (Montevideo), serán de cargo de las Intendencias participantes. Resolución 4 de la Sesión Plenaria Nº 2 (9.5.1995) Acuerdo de Consejeros
1. Instituir el "Acuerdo de Consejeros" como el ámbito de dirección administrativa del Organismo en materia ejecutiva, de procedimiento administrativo y de superintendencia del personal.
2. Atribuir a los Consejeros Humberto Castro, Angel Alegre y César García Acosta, facultades delegadas de ordenadores de gastos y pagos, secundarios, hasta el límite máximo de las licitaciones abreviadas, actuando para las funciones delegadas, por consenso o mayoría, mediante acto administrativo debidamente fundado y siguiendo las normas del Tocaf y del decreto 500.
3. Asignar la coordinación y dirección de las funciones que se indican, a los Consejeros que se establecen: Angel Alegre, secretaría política de la Presidencia y gestión administrativa; Humberto Castro, relacionamiento institucional y cooperación y César García Acosta, administración financiera y recursos humanos.
4. Sin perjuicio de estas tareas los Consejeros se harán cargo de las secretarías de bancadas de sus respectivos partidos políticos.

FuentesObservaciones
Resolucion de Mesa 19/09 de 8.10.2009

Delegación de Atribuciones de ordenador de gastos y pagos.
Los Ordenadores primario (Plenario del Congreso, artículo 11º MP 2008/2010) y secundario de gastos y pagos (artículo 12º MP 2008/2010), podrán delegar estas competencias en funcionarios de su dependencia, no pudiendo éstos subdelegar la atribución delegada. Los funcionarios delegatarios actuarán bajo supervisión y responsabilidad del Ordenador delegante.
 

FuentesObservaciones
Artículo 13º de la MP 2008/2010 .
Capítulo III
Instituto Uruguayo de Capacitación Municipal (INSUCAM). Acta de Creación

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:
En la República Oriental del Uruguay, así como a nivel regional y mundial, se han comenzado a recorrer procesos de municipalización y/o descentralización. Dichos procesos se dan en un contexto caracterizado por la dinámica vertiginosa, la globalización, la integración regional, los avances tecnológicos y fundamentalmente por la revolución en materia de telecomunicaciones que nos posibilitan estar en contacto en tiempo real, con los puntos más distantes del planeta.
Estos procesos de municipalización y/o descentralización, no pueden sustentarse, ni colmar las expectativas generadas, sin una profunda reforma de la gestión municipal tradicional y concomitantemente es impensable una reforma de la gestión, sin capacitación de quienes habrán de sustentarlas.
Nuestros Municipios tienen recursos escasos. En su gran mayoría, por esta razón no han podido, ni se visualiza puedan hacerlo en el corto plazo, atender las necesidades de capacitación inherentes a la actual realidad de cambio constante, donde la capacidad de aprender es una de las aptitudes más desarrolladas con la que el ser humano ha de contar.
Sin embargo existen en el país, Municipios con infraestructura disponible y recursos humanos idóneos, capaces de dar satisfacción a estas necesidades insatisfechas, bastando para ello voluntad política y coordinación de acciones.
Los procesos de municipalización y/o de descentralización que viven nuestros Municipios, tienen rasgos comunes y también particulares. Avanzan en medio de aciertos e imperfecciones, amenazas y oportunidades. La posibilidad de aprovechar las experiencias ajenas; las buenas para adaptarlas a las distintas realidades y las negativas para no recorrerlas, está al alcance de todos, con los medios tecnológicos actuales y las cortas distancias que nos separan, siendo necesario contar con una organización cooperativa capaz de aglutinar a todos los interesados en compartir información y asistencia técnica.
Es por estas razones que, en la ciudad de Montevideo, a los 29 días del mes de enero de 1997, reunidos los representantes de las Intendencias de la República Oriental del Uruguay, de común acuerdo resuelven:

I) Crear el Instituto Uruguayo de Capacitación Municipal (INSUCAM) que funcionará con autonomía técnica y tendrá los siguientes cometidos:
a) Entender en todo lo relativo a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos municipales de todo el país;
b) Estimular la cooperación intermunicipal y promover un intercambio activo de informaciones, experiencias y asistencia técnica entre los gobiernos departamentales del país;
c) Mantener contacto con los organismos nacionales e internacionales y con los centros de capacitación e investigación en materia de administración y fomento de los municipios.

II) ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCION DEL INSUCAM
Habrá una Asamblea General compuesta por 19 miembros, representantes de cada una de las  Intendencias del país, cuyos cometidos serán:
a) presentar las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los Gobiernos Departamentales.
b) aprobar el programa de actividades formulado por el Comité Ejecutivo.
c) efectuar el seguimiento de los programas y decisiones adoptadas.
d) aprobar los proyectos de convenio entre el INSUCAM e instituciones no municipales.
e) dirimir los desacuerdos no resueltos por el Comité Ejecutivo.
f) Elegir la Sede del INSUCAM y los miembros del Comité Ejecutivo.
g) Aprobar y/o modificar el Reglamento, interpretarlo y decidir sobre asuntos no previstos en el mismo.

La Dirección permanente del INSUCAM estará a cargo de un Comité Ejecutivo de tres miembros electos por la Asamblea General, de entre sus miembros.
Presidirá el Comité Ejecutivo, el representante del Gobierno Departamental que haya sido electo Sede del INSUCAM.
Cada dos años se elegirán los integrantes del Comité Ejecutivo y la Sede del INSUCAM, pudiendo ambos ser reelectos, en cualquier caso siempre por decisión de la mayoría de la Asamblea General.

Serán cometidos del Comité Ejecutivo:
a) Programar las actividades del INSUCAM y proponerlas para su aprobación a la Asamblea General.
b) Implementar y efectuar el seguimiento de los programas y decisiones aprobadas por la Asamblea General.
c) Proponer a la Asamblea General proyectos de convenio entre el INSUCAM e instituciones no municipales.
d) Difundir y promocionar las actividades del INSUCAM.
e) Identificar fuentes de financiamiento de las actividades.
f) Realizar asesorías, estudios, investigaciones y formular proyectos que posibiliten una mejora de la gestión de los Gobiernos Departamentales.

Serán cometidos del Presidente del INSUCAM:
a) administrar el INSUCAM para el eficiente logro de sus objetivos.
b) Representar el INSUCAM en todos sus actos.
c) Presidir las sesiones de la Asamblea General.

III) DE LOS MIEMBROS
Para ser miembro activo del INSUCAM se requiere:
a) Haber participado de las reuniones de conformación del INSUCAM y haber suscrito el Acta de Creación, o
b) Formular por escrito una solicitud de pertenecer a él en calidad de miembro activo, y
c) Pagar la Cuota Anual de afiliación, equivalente a U$S 300(trescientos dólares americanos).
d) Participar activamente de los programas establecidos.
e) Acatar las disposiciones emanadas de la Asamblea General y su Comité Ejecutivo.
Los miembros activos participarán en la Asamblea General con voz y voto, siendo su carácter institucional.

Por Intendencia Municipal de Canelones-ESC. Lilián Pettinare.
Por Intendencia Municipal de Flores-DR. Jorge Mazzulo.
Por Intendencia Municipal de Lavalleja- Sra. Rosa Hartmann.
Por Intendencia Municipal de Paysandú-Ing.Agr. Jorge Dighiero.
Por Intendencia Municipal de Río Negro- Sr. Omar A.Buffo.
Por Intendencia Municipal de Rocha- Sr. Willy Gonnet.
Por Intendencia Municipal de San José- Mtro.Julio Salinas.
Por Intendencia Municipal de Soriano- Cra. Shirley Simonelli.
Por Intendencia Municipal de Treinta y Tres- Sr. Marcelino Umpierrez.
Por Intendencia Municipal de Treinta y Tres- Sr. Carlos Schwendenwein .
Por la Intendencia Municipal de Montevideo- T.A Sergio Villanueva.

FuentesObservaciones
INSTITUTO URUGUAYO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (INSUCAM). ACTA DE CREACIÓN, 29 de enero de 1997
Capítulo IV
Entrega de Utilidades de los Casinos del Estado

ENTREGA DE UTILIDADES DE LOS CASINOS DEL ESTADO:
A partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Economía y Finanzas depositará en una o en varias cuentas a la orden del Congreso de Intendentes, con carácter de anticipo, dentro de los 60 días de finalizado cada cuatrimestre, el 80% (ochenta por ciento) de la cuota parte correspondiente a los Gobiernos Departamentales de las utilidades líquidas devengadas por los Casinos del Estado en el referido cuatrimestre, según lo dispuesto por los artículos 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, y 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y por el Decreto Nº 588/975, de 24 de julio de 1975.
El saldo de las utilidades correspondientes a cada ejercicio, deberá ser depositado en la o las cuentas correspondientes dentro de los 180 días de finalizado dicho ejercicio.

FuentesObservaciones
art. 160
Capítulo V
Presupuesto

El Congreso de Intendentes confeccionará su Presupuesto el que, al igual que su Rendición de Cuentas, aprobará por dos tercios de sus integrantes, observando los plazos que establecen los artículos 214, 223 y 224 de la Constitución de la República.
Los recursos para su financiación serán los correspondientes a los Gobiernos Departamentales que éstos determinen y cualquier otro con distinto origen, excepto los establecidos en el artículo 485 de la presente ley.

FuentesObservaciones
art. 486
Capítulo VI
Políticas Nacionales de Aguas y Saneamiento

El "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" propondrá al Poder Ejecutivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución de la República, la formulación de las políticas nacionales de agua y saneamiento.
En particular, y en relación al desarrollo y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, atenderá especialmente su extensión y las metas para su universalización, los criterios de prioridad, el nivel de servicios e inversiones requerido, así como la eficiencia y calidad prevista.
En sus propuestas atenderá la participación efectiva de los usuarios y de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control.

FuentesObservaciones
art. 327

 El Poder Ejecutivo en acuerdo de Consejo de Ministros, dispondrá la reasignación de competencias, recursos humanos, materiales y créditos presupuestales a efectos de viabilizar lo dispuesto en el artículo 327(*) de la presente ley, evitando la multiplicidad de actores estatales involucrados y las competencias concurrentes.

FuentesObservaciones
art. 329
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 245 del Volumen I del Digesto Departamental.


 Constitúyese la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASAS) en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a efectos de incorporar las distintas visiones a las políticas del sector.
Estará integrada por delegados de los organismos públicos y privados, representantes de la sociedad civil y usuarios, entre los que estarán comprendidos los Ministerios con competencia en la materia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua y la Universidad de la República.
Dicha Comisión Asesora será presidida por el Director Nacional de Aguas y Saneamiento y podrá prestar asesoramiento, emitir opinión en todos los asuntos de competencia de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, a solicitud de ésta o por iniciativa de cualquiera de sus miembros.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente propondrá al Poder Ejecutivo la reglamentación correspondiente a su funcionamiento e integración.

FuentesObservaciones
art. 331
Título IV
Normas de Aplicación a los Gobiernos Departamentales
Capítulo I
Ley de Expropiaciones No. 3.958

Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, calificada por ley, y sin previa y justa compensación.

FuentesObservaciones
art. 1
Nota:

Ver: Arts. 32, 231, 232, de la Constitución de la República.
Art. 492 del Código Civil.


La expropiación de bienes raíces a que hubiese lugar, según lo dispuesto en el artículo anterior, sólo podrá llevarse a efecto en los casos y bajo las formalidades que se determinan en los artículos siguientes.

FuentesObservaciones
art. 2

La autoridad administrativa o judicial no podrá conocer ni resolver en expediente o juicio de expropiación de bienes inmueble sin que conste en cada caso lo siguiente:
1° Resolución legislativa que dé causa a la expropiación, ordenando o autorizando la construcción de obras, o la adquisición de terrenos o edificios destinados a objetos de utilidad pública.
2° Decreto del Poder Ejecutivo designando las propiedades a que el derecho de expropiación sea aplicable, expedido en virtud de los informes que considere oportunos, y con audiencia de las respectivas Juntas Económico-Administrativas, cuando se relacione con la ejecución de obras de carácter departamental comprendidas en sus atribuciones y deberes.

FuentesObservaciones
art. 3
Nota:

Ver: Art.275 num. 7 de la Constitución de la República;
Ley 9515 promulgada el 28 de octubre de 1935 y publicada en el Diario Oficial el 1 de noviembre de 1935, Arts. 19 num.25, 35 num.35;
Ley 16.871 promulgada el 28 de setiembre de 1978 y publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre de 1997, arts. 17 num. 12, 56, 79 num.1.4.


Declárase de utilidad pública la expropiación de los siguientes bienes:
1) La de los inmuebles necesarios para la apertura, ensanches o rectificación de las calles, plazas y plazuelas comprendidas dentro del amanzanamiento oficial de los centros urbanos de la República y de los caminos y puentes cuyo trazado se haya previa y debidamente autorizado.
Ley 7409 promulgada el 5 de setiembre de 1921 y publicada en el Diario Oficial el 7 de setiembre de 1921: Amplíase el inciso 1º del artículo 4º de la Ley N° 3.958 en el sentido de incluir entre los inmuebles expropiables los necesarios para la construcción de galerías y aperturas de pasajes
2) La expropiación de terrenos y edificios necesarios para la apertura, rectificación y ensanche de las avenidas, plazas, ramblas, jardines o paseos públicos existentes o que se proyecten abrir o construir en las ciudades y villas de la República.
3) La expropiación de los inmuebles contiguos a las avenidas, plazas, ramblas o paseos públicos a que se refiere el inciso anterior, para la construcción de edificios de arquitectura y ubicación especial en armonía con la avenida o paseo de que se trate.
La faja a expropiarse no será mayor que el ancho de la rambla o el de avenida a uno y otro costado de la misma. El Poder Ejecutivo determinará en cada caso el ancho de la faja a expropiarse contigua a las plazas.
Si se tratare de la apertura o ensanche de paseos públicos, el Poder Ejecutivo, previo informe de la Intendencia respectiva, podrá autorizar la expropiación, además de lo necesario para la obra, de una faja circundante que no exceda de 80 metros de fondo en una línea paralela a la del contorno del paseo, rambla, playa o ribera.
Si la expropiación de las propiedades colindantes se decretase sobre ramblas, plazas, avenidas o paseos ya librados al servicio público, los propietarios tendrán derecho de mantener la propiedad de sus inmuebles, obligándose a efectuar las construcciones que determine la Municipalidad dentro del plazo prudencial que se les señale al efecto. Vencido ese plazo sin haberse verificado la construcción, se procederá a la expropiación sin más trámite.
Ley 7409 promulgada el 5 de setiembre de 1921 y publicada en el Diario Oficial el 7 de setiembre de 1921: Amplíase el inciso 3º del referido artículo, autorizándose la expropiación de las fajas adyacentes a las galerías o pasajes, las que podrán venderse en subasta pública quedando obligado el comprador a la reglamentación de orden arquitectónico que al respecto se sancione.
4) La de los inmuebles necesarios para completar hasta 20 metros de fondo a las propiedades nacionales o municipales que con motivo de la apertura, ensanche, rectificación o nuevo trazado de calles, plazas y avenidas, quedaren interpuestas entre la línea de edificación o de separación del dominio o uso público y dichos inmuebles particulares.
5) La de los inmuebles necesarios para la apertura y explotación de canteras y otros yacimientos de materiales para la construcción y mantenimiento de obras públicas.

FuentesObservaciones
art. 4
Nota:

Ver: Ley 10.589 promulgada el 23 de diciembre de 1944 y publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de1945, arts. 15 inc.1, 16, 21;
Ley 10.690 promulgada el 18 de diciembre de 1945, art. 9.
La declaración de utilidad pública que genéricamente formula este artículo llamada “causa expropiante” o “fin de la expropiación”, fue permanentemente ampliada por vía de leyes especiales, para la realización de diversas obras públicas. Su mención resultaría extensísima, por lo que deberá consultarse, en cada caso, la ley respectiva.


La designación de las propiedades a expropiarse, en virtud del inciso 3° del artículo precedente, será previamente aprobada por el Poder Ejecutivo y también por el Legislativo cuando sea necesario el empleo o adelanto de fondos o recursos especiales, sin perjuicio del derecho acordado a los propietarios por el artículo 16°.

FuentesObservaciones
art. 5

Entiéndese por avenida a los efectos de la expropiación de las fajas laterales, las vías de tránsito público cuyo ancho no sea menor de 30 metros.

FuentesObservaciones
art. 6

Las áreas de las fajas colindantes y la de la circundante a que se refiere el inciso 3 del artículo 4°, se destinan a formar la base económica y ornamental de la obra respectiva, mediante su enajenación, en la forma que se indica en el artículo siguiente, para la construcción, según los casos, de edificios, villas, etcétera, de estilo, ubicación y altura especial, en armonía con la avenida o paseo público de que se trate, de acuerdo con las leyes y ordenanzas sobre la materia.
Los particulares las adquirirán en las condiciones, obligaciones y bajo los plazos y penas generales para su cumplimiento que dichas ordenanzas determinen o establezcan, o que en cada caso se impongan, en su defecto, en los contratos de enajenación.
Cuando fuera de la faja circundante o de las laterales, quedaren terrenos edificados o no sin salida a la vía pública, o que por sus reducidas dimensiones resultaren depreciados o inadecuados para su edificación o aprovechamiento los propietarios podrán exigir la expropiación de la totalidad de sus inmuebles, de acuerdo con lo que al respecto establece el artículo 17°.

FuentesObservaciones
art. 7

La venta o enajenación a que se refiere el artículo anterior se hará en remate, sobre la base del precio mínimo que se señale al efecto. El propietario expropiado tendrá preferencia para la adquisición sobre esa base, en cuyo caso, el bien de que se trate, quedará exceptuado de la subasta.
La autoridad respectiva podrá vender a particulares, por su valor de tasación o en remate público, por precio que alcance a cubrir el valor de tasación, las fracciones excedentes que resulten de los inmuebles adquiridos con destino a obras públicas y las áreas o sobras que quedaren a su favor con motivo de las demás expropiaciones en general y de la supresión y rectificación de calles y caminos.
Podrá igualmente darlas en compensación o permuta. La comisión de venta del rematador no podrá ser en ningún caso mayor del 1%.
El importe de esas enajenaciones, así como el de todas las que se efectúen con motivo de esta ley, se destinará a costear o amortizar el monto de las respectivas obras.

FuentesObservaciones
art. 362
art. 8
Nota:

Ver: Art. 320 Ley No. 16.170 promulgada el 28/12/1990 y publicada en el Diario Oficial el 10/01/1991 en la redacción dada por la Ley Nº 19.355 promulgada el 19 de diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial el 30/12/2005, Art. 362.


Los propietarios linderos que no tuviesen salida a las calles, plazas, avenidas, etcétera, a que las fajas y sobrantes a que se refiere el artículo anterior dieren frente, tendrán también preferencia para su compra por el precio que determine la autoridad.
Para la fijación del precio o valor relativo para el propietario interesado, se atenderá al mayor o menor fondo de las áreas respectivas, a la necesidad y conveniencia de la adquisición, a las condiciones relativas de ambas propiedades, a la depreciación que sufra el inmueble colindante por su alejamiento de la vía pública sobre la cual se trata de darle frente, y al aumento de valor que pueda obtener por ese hecho.
El comprador quedará sometido a las condiciones y obligaciones que se establezcan en los casos del artículo 7°(*).

FuentesObservaciones
art. 9
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 254 del Volumen I del Digesto Depatamemtal.


Los inmuebles que con motivo de la apertura, rectificación o ensanche de calles, plazas, avenidas o paseos públicos, y construcción de caminos carreteros tuvieren o quedaren con frente a las mismas vías o paseos o fueren colindantes e inmediatos sobre las calles o caminos de acceso a esas calles, caminos, plazas, avenidas o paseos, y adquiriesen por ese concepto un mayor valor que no se hubiese tenido en cuenta con motivo de la expropiación, por no haber sido afectados por ella, abonarán al Estado o Municipalidad una cantidad igual a la mitad de ese mayor valor, que se determinará en la forma dispuesta por esta ley.
El cobro del mayor valor no corresponde respecto a las propiedades afectadas por la expropiación de las fajas laterales y de la circundante a que se refiere el inciso 3 del artículo 4°(*). La Administración podrá, no obstante, si así lo prefiere, optar por la aplicación del mayor valor, dejando sin efecto la expropiación proyectada de la faja de que se trate en relación a una o más propiedades determinadas, o en todo o parte de un trazado, sin perjuicio de las obligaciones que sobre edificación y demás impongan las leyes y ordenanzas.
Para que la contribución sobre el mayor valor sea exigible, es necesario que éste alcance por lo menos a un 20% del valor anterior del inmueble, fijado de acuerdo con las áreas y los precios unitarios del terreno y de las construcciones.
El pago podrá efectuarse en una sola cuota al contado o en diez cuotas anuales, conjuntamente con la Contribución Inmobiliaria, en cuyo caso el valor del total del impuesto será aumentado en un 30%.
Esta contribución gravará al inmueble en la misma forma que el impuesto inmobiliario.
Siempre que la contribución del 50% que afectare a los inmuebles a que se refiere este artículo excediere el importe del presupuesto efectivo de la obra concluida de que se trate, la contribución será reducible proporcionalmente hasta cubrir el costo de la obra, y habrá lugar, según los casos, al reintegro de los excedentes respectivos que se hubieren pago, o a la disminución de las cuotas anuales que se hayan fijado.

FuentesObservaciones
art. 10
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 251 del Volumen I del Digesto Departamental.


La contribución del mayor valor a que se refiere el artículo anterior, se aplicará por zonas, en la forma siguiente:
En la Capital, la zona contribuyente podrá extenderse a la superficie comprendida entre la línea del frente de la vía, plaza o paseo que se hubiese abierto, rectificado o ensanchado, y una paralela trazada a una distancia prudencial que fijará el Poder Ejecutivo, oyendo a la Junta Económica Administrativa y a la Oficina de Avaluaciones, y se aplicará siempre que el mayor valor sea exigible y se haya operado en definitiva de acuerdo con las tasaciones respectivas.
En el caso del párrafo 3 del inciso 3° del artículo 4°(*), los propietarios que hubieren mantenido su propiedad sobre las fajas de la referencia, pagarán igualmente el mayor valor que se produzca en sus respectivas propiedades hasta donde éste sea exigible.

FuentesObservaciones
art. 11
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 251 del Volumen I del Digesto Departamental.


Para que las disposiciones de los artículos precedentes se hagan extensivas a las ciudades, villas y pueblos de litoral e interior, se requiere, además que su aplicación sea autorizada igualmente previo decreto que deberá expedir el Poder Ejecutivo en cada caso.
A los efectos de la expedición de dicho decreto, la Intendencia Departamental respectiva deberá elevar al Ministerio respectivo el plano detallado de la obra proyectada, señalando en él los terrenos y edificios que la expropiación comprenda, total o parcialmente, y los que a su juicio, sin estar comprendidos en la expropiación, deberán adquirir un mayor valor especial e inmediato a consecuencia de la obra.
Dicho plano deberá ser levantado por la Inspección Técnica Departamental correspondiente, y se acompañará con una memoria descriptiva de la obra a realizarse, sus fines, cálculos de gastos y recursos.
El Poder Ejecutivo, con esos antecedentes a la vista, y los informes que crea conveniente solicitar al respecto de las reparticiones públicas correspondientes, se pronunciará respecto de la autorización solicitada, y en caso de concederla, fijará en el mismo decreto los límites de las zonas de influencia, sobre las que se determinará oportunamente el mayor valor, debiendo ceñirse para esa delimitación a las reglas y medidas establecidas por los artículos 10° y 11°(*) de esta ley.

FuentesObservaciones
art. 12
Nota:

Ver: Se refiere a los artículos 287 y 258 del Volumen I del Digesto Departamental.


A los fines de la fijación del mayor valor, la Administración hará en general levantar un plano parcelario de las propiedades colindantes e inmediatas a la obra pública o edilicia de que se trate, y antes de la ejecución de la misma mandará tasar los inmuebles que según dicho plano sean susceptibles de la aplicación de aquella contribución.
Los planos deberán contener la indicación de los propietarios, debiendo solicitarse de las oficinas correspondientes y previamente a la tasación, como datos necesarios e ilustrativos, el número de la planilla de la contribución de las propiedades empadronadas y el aforo o valor del terreno y de las construcciones respectivas.
La tasación que resulte será notificada a los propietarios o a sus representantes legales, quienes deberán manifestar en el acto de la notificación o dentro de cinco días, por escrito, si aceptan o no la tasación practicada. El silencio se tendrá por aceptación. En cada caso de aceptación expresa o tácita, quedará suspendido el procedimiento hasta que la obra se haya ejecutado.
Ejecutada la obra, la Administración mandará tasar nuevamente el inmueble.
Esa segunda tasación será igualmente notificada a los propietarios o a sus representantes, quienes deberán manifestar por escrito, y dentro de cinco días, su conformidad o disconformidad con la misma.
Aceptada expresa o tácitamente la segunda tasación, si el aumento del valor que resultare excediese del 20% del valor asignado al inmueble en la primera tasación, la Administración fijará el importe de la contribución, lo notificará a los propietarios a los efectos de lo dispuesto por el artículo 10°(*) y comunicará a la Dirección de Impuestos Directos y Administración Departamental de Rentas respectiva, la suma adeudada por cada uno de los inmuebles afectados, con indicación del nombre del propietario, número de la planilla y ubicación de la propiedad.
Si la primera o la segunda tasación no fuera aceptada o fuere observada por el propietario, y la Administración no se conformase con las observaciones opuestas, o si no fuese posible notificar al propietario, ya sea por ausencia o por cualquier otra causa, el valor del inmueble en cada caso lo fijará sin apelación el jurado avaluador de reclamos del Departamento, que entiende en el aforo para el pago del impuesto inmobiliario.
Formulada la segunda tasación por el jurado, la Administración fijará a su vez, sin ulterior recurso, el importe de la contribución o impuesto sobre el mayor valor o declarará que no corresponde su aplicación, procediendo en lo demás en la forma que se deja anteriormente establecida.
El propietario podrá, no obstante, dentro del término de 30 días de la notificación que se le haga de la cuantía del impuesto abonable, hacer abandono por entero a la Administración del inmueble afectado, por el importe de la primera tasación efectuada con arreglo a este artículo.
Podrá igualmente el propietario abandonar en pago de la indemnización a que dé lugar el mayor valor, siempre con arreglo a la primera tasación, parte del inmueble divisible, afectado por dicha contribución.
La Administración podrá perseguir conjuntamente o por grupos la fijación del mayor valor operado en las propiedades colindantes e inmediatas al trazado de una misma obra, o efectuar esa operación individualmente según las dificultades que cada caso ofrezca en el hecho, de manera a no entorpecer la tramitación de los expedientes respectivos.

FuentesObservaciones
art. 13
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 257 del Volumen I del Digesto Departamental.


La contribución por el mayor valor a que se refieren los artículos anteriores, se hará efectiva siempre que la apertura, rectificación o ensanche de vías o paseos públicos se sujeten a los planos de amanzanamiento o sus modificaciones, aprobados oficialmente hasta la promulgación de la presente ley.
Toda apertura, ensanche o rectificación que se apruebe después de dicha promulgación, no dará lugar al pago del mayor valor, hasta tanto sean aprobados los planos reguladores oficiales de cada barrio, planta urbana o suburbana para las ciudades, villas y pueblos que mandará trazar el Poder Ejecutivo.
Una vez aprobado el plano del barrio, planta urbana o suburbana, no podrán ser modificados sin sanción legislativa, y la vía o paseo públicos que con arreglo a dicho plano se ejecute dará lugar al pago del impuesto fijado en el artículo 10(*).
Se hará igualmente efectivo el impuesto sobre las propiedades a que se refiere dicho artículo y los demás precedentes, aún cuando la vía o paseo públicos hayan sido proyectados después de la promulgación de la presente ley y ejecutados antes de la aprobación del plano regulador, siempre que en éste fueren comprendidos dicha vía o paseo.
En el caso del párrafo anterior, para apreciar el mayor valor se retrotraerán las tasaciones respectivas a la época de la apertura, ensanche o rectificación de la obra pública.

FuentesObservaciones
art. 14
Nota:

Las referencias al Poder Ejecutivo o a su intervención para la aprobación de determinados actos emanados de los Gobiernos Departamentales, así como a cualquiera otros órganos dependiente de aquel, están derogadas por la Ley 9.515 de 28 de octubre de 1935 y por la Constitución.

Fijación del impuesto al mayor valor art. 297 nums. 1 y 4 de la Constitución de la República.

 Ver: (*) Se refiere al artículo 257 del Volumen I del Digesto Departamental.


En cada caso de expropiación, la autoridad respectiva mandará formar expediente y ordenará previamente el levantamiento de un gráfico parcelario de los inmuebles que se requieran para la obra proyectada, indicando departamento, número de padrón y el área afectada, a cargo de los funcionarios u oficinas técnicas de su dependencia.
Sin perjuicio del gráfico parcelario de la obra, en los casos de expropiaciones parciales de inmuebles deberá levantarse por separado un plano de mensura para expropiación, en el que se determinarán la parcela o parcelas a expropiarse, el cual será registrado en la Dirección Nacional de Catastro.
En los casos de expropiaciones totales, se podrá utilizar el último plano inscripto del inmueble a expropiar. Asimismo aquellos planos que se hubiesen levantado en oportunidad de iniciar el procedimiento expropiatorio de un inmueble, cuyo proceso haya caducado según lo establecido en el artículo 20 de la presente ley(*), podrán ser utilizados en caso de reiniciarse el trámite expropiatorio.
Una vez confeccionado el anteproyecto y el gráfico parcelario a que refieren los incisos precedentes, se mandará poner de manifiesto por el término de ocho días notificándose a los propietarios, sin perjuicio del emplazamiento que se hará a través de edictos que se publicarán en el Diario Oficial y en otro periódico de circulación en el departamento de radicación
del inmueble. De esos edictos se dejará constancia en el expediente correspondiente, agregándose las publicaciones de práctica.
Los propietarios de los inmuebles deberán denunciar en el acto de notificación o dentro de los ochos días siguientes, la existencia de personas que tengan derechos reales o personales consentidos por dichos propietarios con respecto a la cosa expropiada. El incumplimiento de esta obligación hará recaer la responsabilidad reparatoria sobre el propietario omiso en esta obligación.
En los casos de expropiación parcial de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal se procederá de la siguiente manera:
A) Cuando se afecten bienes comunes se formará un expediente único por toda la fracción a expropiar del padrón matriz. Las notificaciones del trámite expropiatorio se harán a la copropiedad del edificio en la persona de su administrador o representante; en caso de que no lo hubiere se notificará a los propietarios de las unidades que integran la copropiedad.
B) Cuando se afecten unidades de propiedad individual, se iniciará expediente por cada una de las unidades afectadas, además del que corresponda por los bienes comunes afectados.
C) Con la escrituración a favor del organismo expropiante dichas fracciones quedarán desafectadas del régimen de propiedad horizontal.
En estos casos se podrá actuar con el plano de propiedad horizontal cuando esté deslindada la fracción afectada o en su defecto, con el plano de expropiación del padrón matriz.
D) Cuando la expropiación afecte solo bienes comunes, a los efectos registrales, la superficie afectada se considera desafectada del régimen de propiedad horizontal con la inscripción de la escritura pública o acta notarial respectiva.
E) Cuando la expropiación afecte la totalidad de las unidades individuales, el organismo expropiante podrá convertir el régimen de Propiedad Horizontal en propiedad ordinaria procediendo de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley N°16.871, de 28 de setiembre de 1997, con excepción de lo indicado en el literal C) de dicho artículo. En caso de tratarse de un inmueble a ser incorporado al dominio público, tampoco corresponderá la aplicación de los literales D) y E) de dicho artículo.
F) Cuando la expropiación afecte una unidad individual, el organismo expropiante podrá demandar judicialmente el otorgamiento de la modificación del Reglamento de Copropiedad si correspondiere, en cuyo caso el Juez otorgará el instrumento por ante el escribano que designe el organismo expropiante. Para la desafectación de las unidades, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 15 de la Ley N°16.871, de 28 de setiembre de 1997, con excepción de lo estipulado en el literal A) de dicho artículo.
El Plano de Remanente de Expropiación y Modificación de Propiedad Horizontal, podrá ser confeccionado por composición gráfica, no rigiendo la obligación de verificar la concordancia de los límites dispuesta por el artículo 286 de la Ley N°12.804, de 30 de noviembre de 1960. Dicho plano servirá de base para modificación del Reglamento de Copropiedad.
Podrá prescindirse de las publicaciones por medio de edictos si el propietario del bien designado para expropiar, al notificarse de la respectiva resolución, acredita fehacientemente mediante el título y la información registral correspondiente, la legitimación sobre el inmueble a expropiar y acepta en el mismo acto el monto de la indemnización a percibir. Esta actividad se consignará por acta que formará parte del expediente, a partir de la cual se dictará la resolución de expropiación y se otorgará la correspondiente escritura de enajenación.

FuentesObservaciones
art. 354
art. 368
Agrega inciso final.
art. 278
art. 1
art. 15
Nota:

Ver: Ley No.16.170 promulgada el 28/12/1990 y publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 2001, art. 321
Ley No. 17.296 promulgada el 21 de febrero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 23 de febrero de 2001, art. 257.

(*) Ver artículo 267 del Volumen I del Digesto Departamental.


Vencidos los plazos del artículo anterior, el propietario o su apoderado o representante y el poseedor u ocupante tendrán un nuevo plazo de ocho días para que, justificando su calidad y la propiedad o posesión con la respectiva planilla de Contribución Inmobiliaria, puedan hacer sobre la designación de los bienes a expropiarse las observaciones que juzguen pertinentes o del caso.
No se admitirá oposición a la designación cuando aquélla se funde en la improcedencia de la calificación de la utilidad pública efectuada por la ley. La Administración seguirá los procedimientos con prescindencia del que no haya comparecido, sin perjuicio de las notificaciones sucesivas a que hubiere lugar, respecto a los que estuvieren presentes en el lugar o residencia de la autoridad respectiva.
Los que comparezcan a asumir personería fuera del término establecido tomarán los procedimientos administrativos en el estado en que los encuentren.
Terminado el plazo del inciso 1°, si se hubiere deducido alguna oposición u observación en cuanto a la designación o trazado formulado por la oficina técnica, la autoridad que entiende en la ejecución de la obra resolverá el caso sin más trámite u oyendo de nuevo a la oficina técnica.
De las resoluciones de la respectiva autoridad administrativa y salvo lo dispuesto por leyes especiales, se otorgará el recurso de apelación para ante el Poder Ejecutivo, que deberá interponerse dentro del término de cinco días, el que resolverá también sin más trámite, salvo las providencias que estime convenientes para mejor proveer.
El expropiado podrá, igualmente, dentro del plazo de cinco días de notificado de la sentencia del Poder Ejecutivo, interponer recurso de apelación en relación para ante el Tribunal de Apelaciones de Turno, que deberá resolver dentro de veinte días de recibidos los antecedentes y cuyo fallo causará ejecutoria.
Devuelto el expediente con la resolución definitiva en él recaída, la autoridad apelada dispondrá su notificación  a todos los interesados, estableciendo en la misma providencia la fecha o época aproximada en que será preciso tomar posesión del inmueble.
Ambas resoluciones serán igualmente notificadas a los arrendatarios y comodatarios, etcétera, con la advertencia que se les hará de que, si al terminarse el expediente o juicio de expropiación y hacerse efectiva en consecuencia la toma de posesión del bien expropiado, fuere necesario recurrir al desahucio, sólo dispondrán para la desocupación de los edificios y demás, del plazo de 30 días so pena de lanzamiento.

FuentesObservaciones
art. 2
art. 16
Nota:

Ver: Ley 13.899 de 11 de noviembre de 1970, Arts. 1 y 2;
Ley 14.106 promulgada el 14 de marzo de 1973 y publicada en el Diario Oficial el 20 de marzo de 1973, art. 706;
Ley 14.219 promulgada el 4 de julio de 1974 y publicada en el Diario Oficial el 22 de julio de 1974, Art. 24;
Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 2/7/1987, Art. 4 con las modificaciones de la Ley No. 17.292, promulgada el 29 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 25/1/1987, arts. 40 al 42;
Ver: arts. 41 y 42 nums. 5 y 6.


Cuando la expropiación afectase una parte de un edificio y éste quedase inservible o no pueda ser útilmente aprovechado el propietario podrá requerir formalmente, dentro del término del artículo anterior, que aquél le sea comprado por entero.
Del mismo modo se hará con toda fracción de terreno que a consecuencia de la expropiación quede depreciada necesaria y considerablemente.
La tramitación de este incidente se seguirá con completa independencia del procedimiento de expropiación.
De la resolución del Poder Ejecutivo en los casos de este artículo podrá pedirse reposición dentro del término de diez días y aún apelarse en relación para el caso omiso o denegado, para ante el Tribunal de Apelaciones de Turno, cuya decisión hará cosa juzgada.

FuentesObservaciones
art. 17
Nota:

Ver: Ley Nº 15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 2/7/1987, Art. 4 con las modificaciones de la Ley Nº. 17.292 promulgada el 29 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 25/1/2001, arts. 40 al 42.


Fijado con arreglo al artículo 16(*) el trazado definitivo de la obra, la Administración tasará con arreglo a la presente ley y por medio de su personal técnico, los bienes sujetos a expropiación.
La tasación que así resulte será notificada a los propietarios o a sus representantes legales, quienes deberán manifestar, dentro del término de quince días, si la aceptan o no, so pena de lo establecido en el artículo 39(**), especificando lo que pretenden como indemnización, comprensiva del valor del inmueble y los daños y perjuicios que se ocasionen con expresión de fundamento.
En caso de presentarse oposición a la indemnización, no serán incorporados al expediente administrativo tasaciones o informes, presentados por los propietarios, que se aparten de las disposiciones de la presente ley y que no estén suscritos por egresados de instituciones de educación terciaria o técnica con formación en la materia avaluatoria. El plazo será de 30 días en el caso de menores e incapaces. El silencio se tendrá por aceptación.
En los casos de expropiaciones de bienes comunes de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, se notificará la tasación a la copropiedad, debiendo convocarse a la Asamblea de Copropietarios con ese orden del día, dentro del plazo de diez días. La Asamblea requerirá el voto de dos tercios del número total de copropietarios, que representen por lo menos tres cuartos del valor del inmueble fijado por la Dirección Nacional de Catastro para aceptar la tasación, lo que deberá comunicarse a la Administración dentro del término de veinte días contados a partir de la fecha de la Asamblea. La falta de comunicación implicará aceptación de la tasación.
Si no hubiera sido posible notificar al propietario o a su representante, ya sea por ausencia o por cualquier otra causa, o si notificado manifestase su disconformidad con la tasación, se dejará constancia en el expediente, que será remitido a la Oficina competente o funcionario que corresponda, a fin de que se inicie el respectivo juicio de expropiación.
En caso de aceptación expresa o tácita de la tasación, se procederá de inmediato a la escrituración de la expropiación y pago simultáneo de la indemnización. Si a pedido de la parte expropiada y de conformidad con el informe técnico del organismo expropiante, se debiera extender la fecha de entrega del inmueble, por causa justificada, se podrá suscribir un contrato de comodato simultáneamente al otorgamiento de la escritura de expropiación, hasta por un plazo máximo de ciento veinte días. En tal caso, en garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el expropiado, se retendrá del monto de la indemnización, la suma que la Administración estime conveniente para cada caso concreto, monto que se liberará al expropiado simultáneamente al vencimiento del Comodato y la entrega efectiva del inmueble.

FuentesObservaciones
art. 355
art. 222
Agrega inciso final
art. 258
art. 18
Nota:

Ver: Decretos: 364/980 de 25 de junio de 1980 art.1, 610/979 de 17 de octubre de 1979.
Ley 13.899 promulgada el 6 de noviembre de 1970 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1970, art.5.
Ley 14.106 promulgada el 14 de marzo de 1973 y publicada en el Diario Oficial el 20 de marzo de 1973, art. 706.
Por Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, artículo 364, se deroga el artículo 5 de la Ley Nº 13.899, de 6 de noviembre de 1970 y el artículo 706 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973
Decreto 385/981 de 1 de julio de 1981, art. 1.
Decreto Ley 15167 de 8 de agosto de 1981, art.114.
Ley 16.320 promulgada el 1/11/1992 y publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1992, art. 235
Código General del Proceso, art.398.4.

(*) Se refiere al artículo 263 del Volumen I del Digesto Departamental.

(**) Se refiere al artículo 286 del Volumen I del Digesto Departamental.


Los representantes de menores o incapaces podrán consentir la enajenación de los bienes de sus administrados a favor del Estado, aceptar o en su caso oponerse a la tasación que realice la Administración, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

FuentesObservaciones
art. 365
Derogó tácitamente el inciso segundo.
art. 19

Si a los seis meses de decretada la expropiación, la Administración no percibiese la fijación de la indemnización, el propietario podrá exigir judicial o administrativamente que se proceda a su fijación o se declare formalmente que se desiste de la expropiación. Si al año de decretada una expropiación la Administración no prosiguiese los procedimientos respectivos, quedara de pleno derecho sin efecto el decreto de expropiación.

FuentesObservaciones
art. 20
Nota:

Ver: Ley No. 13.318 promulgada el 28/12/1964 y publicada en el Diario el 13 de enero de 1965, Art. 223
Ley 14.106 promulgada el 14 de marzo de 1973 y publicada en el Diario Oficial el 20 de marzo de 1973, art. 677.


Ninguna reclamación o acción de tercero que alegue estarle afecta la cosa (reivindicación y cualquiera otras acciones reales), puede impedirle la expropiación ni sus efectos. El tercero hará valer sus derechos sobre el precio o indemnización de la cosa, por separado y ante la autoridad correspondiente quedando aquélla libre de todo gravamen.
Si resultare en definitiva que el verdadero propietario no hubiere sido oído por haberse seguido con un tercero el expediente o juicio de expropiación, el expropiado tendrá derecho a exigir que se fije nuevamente la indemnización y a que se le entregue la que en realidad corresponda.

FuentesObservaciones
art. 21
Nota:

Ver: Arts. 8 y 9 Ley 13.899 promulgada el 6/11/1970 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1970.


Serán jueces competentes para entender en los juicios de expropiación: en primera instancia, el Juez Nacional de Hacienda, si se trata de bienes radicados en el departamento de Montevideo, y el Juez Letrado Departamental, si se trata de bienes situados en los demás Departamentos. En segunda instancia intervendrá en todos los casos el Tribunal de Apelaciones de Turno.
Las Juntas Económicas-Administrativas de los Departamentos del litoral e interior estarán representadas en primera instancia por los Agentes Fiscales y en segunda instancia por el señor Fiscal de Hacienda.

FuentesObservaciones
art. 22

Iniciada en forma la acción, el Juez dará traslado al demandado por el término de seis días y evacuado éste o dado por evacuado en rebeldía, dispondrá la citación de las partes a un comparendo o audiencia de conciliación.
El comparendo tendrá lugar con las partes que concurran, y si alguna dejase de asistir o no pudiesen avenirse, no obstante la exhortación que al efecto les hará el Juzgado, se procederá de inmediato y en la misma audiencia, al nombramiento de peritos, designándose uno por cada parte.
El perito que hubiere correspondido designar al propietario expropiado, inasistente u omiso, será nombrado por el Juez en su primera providencia, conjuntamente con un tercero para el caso de discordia, y mientras así no lo fuere, podrá ser propuesto por escrito por la parte. La Administración Pública será, de idéntico caso, apremiada para el nombramiento de su perito.

FuentesObservaciones
art. 23
Nota:

Ver: Arts. 178, 179, 348, 349, 544.1 del Código General del Proceso.


En caso de ausencia o de no conocerse el nombre o domicilio del propietario, o si éste residiere en el extranjero, será emplazado por edictos por el término de 30 días, que se publicarán, certificarán y agregarán en la forma ya prescripta por el Código de Procedimientos.
El actuario dará cuenta del vencimiento del término y el Juez nombrará defensor de oficio al propietario emplazado que no hubiere comparecido.

FuentesObservaciones
art. 24
Nota:

Ver: Arts. 126 y 127 del Código General del Proceso.


No podrá recaer el nombramiento judicial de perito, en ningún empleado público o persona que reciba sueldo o emolumento del Estado, en el propietario, arrendatario o inquilino de los terrenos o edificios que deben expropiarse, en el acreedor, usufructuario o usuario del inmueble y en general, en ninguna persona que pueda ser justamente sospechada de tener interés directo o indirecto en favor del propietario. Los peritos que designe el Juzgado, deberán ser egresados de instituciones de educación terciaria o técnica con formación en la materia avaluatoria, su pericia deberá estar debidamente fundada; los peritos designados sólo podrán ser recusados hasta tres días después de su nombramiento.
Si la recusación fuere contradicha por el perito o peritos, a quienes se dará vista por igual término improrrogable, el Juez resolverá sin más trámite y de su resolución no habrá recurso alguno.

FuentesObservaciones
art. 357
art. 25
Nota:

Ver: Arts. 177 a 185 del Código General del Proceso.


La autoridad judicial no podrá admitir impugnación o reclamación contra la expropiación forzosa resultante de los proyectos y planos definitivamente aprobados por la Administración, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16(*).
El procedimiento judicial de la expropiación versará exclusivamente sobre la determinación de la cuantía de las indemnizaciones y toma de posesión provisoria o definitiva de los bienes expropiados en los casos de la ley.

FuentesObservaciones
art. 26
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 263 del Volumen I del Digesto Departamental.


Las diferencias, dudas y litigios sobre el derecho y calidad del expropiado, así como las que surjan entre los reclamantes, propietarios, arrendatarios o terceros, no serán obstáculo a la determinación de las indemnizaciones; en tales casos, el Juez o Tribunal ordenará la consignación de la cantidad que en tal concepto se fije, para que en oportunidad pueda ser percibida por quien, ante la jurisdicción competente, acredite mejor derecho.

FuentesObservaciones
art. 27
Nota:

Ver nota de los arts. 21 y 42 nums. 5 y 6.


Los jueces, tasadores y peritos, establecerán y fijarán el monto de las indemnizaciones respectivas de acuerdo con los hechos y con arreglo a las reglas generales de procedimiento y apreciación que esta ley establece.
La cuantía de la indemnización no será, en ningún caso, inferior a las ofertas de la Administración Pública o de los promotores o agentes de la expropiación, ni superior a la demanda de la parte interesada.

FuentesObservaciones
art. 1
art. 2 deroga los incisos 3 y 4.
art. 28

La indemnización deberá regularse tomando en cuenta el valor de la propiedad cuya ocupación se requiere, en la época inmediata anterior a la expropiación y también los daños y perjuicios que a su dueño resulten y sean una consecuencia forzosa de la expropiación, no debiendo tenerse en consideración ventajas o ganancias hipotéticas o futuras, ni los contratos que no hayan sido registrados en legal forma, en ambos casos por lo menos seis meses antes de iniciarse el respectivo expediente administrativo que diese base a la expropiación o desde la fecha en que la ley de expropiación fuere solicitada del Cuerpo Legislativo cuando se tratase de una ley especial.
No obstante ajustarse a la disposición precedente, en ningún caso podrán calcularse daños y perjuicios por término mayor de un año por concepto de rescisión o anulación de contratos con motivo de expropiaciones. Si el vencimiento de los mismos fuere a plazo menor, se atenderá a lo respecto pactado por los interesados, siempre que la administración o los concesionarios no prefieran esperar a la terminación del contrato respectivo.
Si los trabajas que hayan de ejecutarse en lo que ha de ser expropiado o el destino a que se consagra, debiesen producir un aumento del valor inmediato y especial al resto de la propiedad, ese aumento de valor compensatorio será tomado en cuenta por los tasadores y peritos y por el Juez o Tribunal para el avalúo de la indemnización.

FuentesObservaciones
art. 29
Nota:

Ver: Arts. 7 y 8 ley Nº 13899 de 11 de noviembre de 1970.


Los arrendatarios podrán intervenir en la expropiación en el momento oportuno al sólo efecto de reclamar que se deslinden, en cuanto sea posible, en la tasación las mejoras necesarias o útiles hechas con anterioridad a la ley o decreto a que se refiere el artículo anterior y a cuya indemnización pretendan tener derecho contra el propietario, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el artículo 27(*).

FuentesObservaciones
art. 30
Nota:

Ver nota de los arts. 21 y 42 num. 5 y 6.

(*) Se refiere al artículo 274 del Volumen I del Digesto Departamental.


Cuando existiesen en el predio expropiado instalaciones o maquinarias de importancia en funcionamiento, deberá la autoridad expropiante indemnizar o hacer a su costa los gastos de desmonte y transporte de ellas, o contribuir a los gastos que esas operaciones originen, siempre en el bien entendido de que el transporte debe efectuarse dentro de la misma localidad.
Las construcciones, plantaciones y mejoras que en razón de la época en que fueron hechas o por otras circunstancias de apreciación se hubieren efectuado, a juicio de la Administración o de la Judicatura, en su caso, con el objeto de obtener una indemnización más elevada, no serán tenidas en cuenta a los efectos de su tasación. El propietario tendrá derecho a llevarse los materiales, plantaciones y mejoras dentro del plazo que esta ley acuerda para el desalojo y siempre que pueda separarlos sin detrimento del inmueble expropiado.
Tampoco estará obligada la Administración ni la Judicatura a tomar en consideración como un antecedente decisivo a los mismos efectos y en idénticas circunstancias, los precios que resulten de las transferencias de dominio efectuadas dentro del referido plazo de seis meses anterior al decreto y proyecto de ley de expropiación.

FuentesObservaciones
art. 31

Cuando se hayan de expropiar terrenos con destino a nuevas calles, avenidas, plazas o caminos públicos, el avalúo de la indemnización se hará por medio del procedimiento siguiente:
Se tasará todo el terreno como si no hubiera obra pública proyectada, comprendiendo lo que en él hubiera edificado, cercado o plantado y practicado luego el trazado y la ocupación voluntaria o forzosa de las nuevas calles, avenidas, plazas o caminos, se volverá a tasar independientemente la fracción o fracciones a que quede reducida la propiedad, exclusión hecha del área destinada al uso público. La diferencia que resultare a favor del propietario entre el justiprecio de la primera y segunda tasación, se tendrá como importe de la indemnización.
Ni este procedimiento ni la deducción del mayor valor, serán aplicables al caso de expropiarse, a la vez o conjuntamente, al mismo propietario, las fajas a que se refiere el artículo 4 de acuerdo con lo dispuesto por la primera parte del inciso 2 del artículo 10(*).

FuentesObservaciones
art. 32
Nota:

Ver: (*) Se refiere a el artículo 257 del Volumen I del Digesto Departamental.


El Poder Ejecutivo, por medio de las oficinas correspondientes y las Juntas Económicas-Administrativas, podrán respectivamente, en cada caso de expropiación escriturar a favor de los poseedores de terrenos o sobras fiscales, los excedentes que resulten de esas obras, después de ubicados y destinados en primer término a la apertura de calles y caminos y demás obras nacionales o municipales de que se trate, comprendidas las calles y caminos que, según el plano o trazado respectivo, fuere necesario abrir de inmediato o en lo sucesivo.
La escrituración a particulares de las sobras deslindadas y no utilizables, según el inciso anterior, se hará previo abono de la mitad del aforo fijado para el pago de la Contribución Inmobiliaria.

FuentesObservaciones
art. 33

A los efectos del artículo anterior, siempre que haya de fijarse una indemnización por expropiación, las Juntas Económicas-Administrativas podrán exigir la presentación de los títulos de propiedad, planillas, etcétera y practicar las diligencias necesarias a fin de comprobar la existencia de sobras fiscales en la propiedad a expropiarse.
En caso afirmativo, ubicarán y aplicarán a los fines de la referencia, la demasía o sobras disponibles, indemnizándolas en la misma forma establecida para la escrituración, en su caso, a los particulares, o sea, por la mitad del importe de la Contribución Inmobiliaria.
Cuando la propiedad se fraccionara con posterioridad a la promulgación de esta ley y las obras hubiesen sido ubicadas en la fracción que no fuere necesario expropiar, se deducirá su importe solidariamente de los que aparezcan como propietarios de las respectivas fracciones.
Las sobras se presumen fiscales, salvo prueba en contrario del poseedor u ocupante.

FuentesObservaciones
art. 34

Se entenderán cedidas de pleno derecho y sin indemnización alguna a favor del Estado o Municipio, desde su incorporación de hecho al dominio o uso público, todas las áreas de terreno, cualquiera que sea su origen, correspondientes a calles, caminos y demás vías de comunicación que los particulares hubieren abierto de “motu propio” o por conveniencia propia y sin ser requeridos especialmente por la autoridad o se hubieren abierto por la autoridades respectivas con el consentimiento expreso o tácito de sus propietarios o poseedores anteriores.
La apertura de nuevas calles y caminos a pedido de particulares, no será autorizada si los propietarios respectivos no ceden o abandonan de pleno derecho el terreno necesario para darles el ancho prescripto por la ley y se conforman a la alineación y demás condiciones que en cada caso prescriba la autoridad en interés de la seguridad y de la salubridad públicas.
Los propietarios de terrenos urbanos que quieren venderlos en lotes, no podrán efectuar ni anunciar su venta sino después de obtener de la autoridad respectiva la aprobación del correspondiente plano de alineación y división en lotes.
Quedan exceptuados de la disposición de este artículo, los caminos vecinales que cruzan los predios rurales, a menos que ellos hubieren sido igualmente abiertos por los propietarios con motivo de la subdivisión de sus predios o inspirados en su exclusiva conveniencia.

FuentesObservaciones
art. 35

Aceptado el cargo por los peritos, deberán éstos presentar su dictamen dentro del término de quince días, so pena de ser removidos y de pérdida de sus emolumentos. Practicaran unidos al examen pericial, formulando sus conclusiones con exposición de motivos en que las funden. El perito que estuviese discorde, podrá establecer las suyas por separado.

FuentesObservaciones
art. 36
Nota:

Ver: Art. 181 del Código General de Proceso.


Presentada la tasación por los peritos, se dará traslado a las partes por su orden y por el término de seis días, quedando con ello concluso el juicio, debiendo dictarse sentencia dentro de los veinte días de subidos los autos al despacho.
El juez no está obligado a aceptar las conclusiones de los peritos, pero cuando se aparte de ellas, deberá expresar en la sentencia los motivos legales o de hecho que lo induzcan a llegar a otras distintas.

FuentesObservaciones
art. 37
Nota:

Ver: Arts. 183, 184 y 203 del Código General del Proceso.


De la sentencia que dicte el Juez Letrado de Hacienda o Juez Letrado Departamental, en su caso, fijando el monto de la indemnización, habrá apelación en relación para ante el Tribunal de Apelaciones de Turno, cuya resolución causará ejecutoria.
Los incidentes que se suscitaren en la instancia de apelación serán resueltos por el propio Tribunal, sin ulterior recurso.

FuentesObservaciones
art. 38
Nota:

Ver: Arts. 250 num. 1 y 253 del Código General del Proceso.
 


DEROGADO

Este art. fue derogado tácitamente por los Arts. 56 a 60 del Código General del Proceso.


Las costas y honorarios particulares, serán de cargo de la Administración o de sus concesionarios cuando la indemnización fijada por el Juez o Tribunal sea superior a sus ofertas.
Si la indemnización no excede de lo ofrecido por los primeros o es inferior a la demanda de los interesados, las costas y honorarios serán satisfechos por mitades.
Todo expropiado que haya omitido o no haya hecho en forma la declaración estimativa a que se refiere el artículo 18 podrá, a juicio del Juez ser condenado en las costas y honorarios a que se refiere este artículo.

FuentesObservaciones
art. 39
Nota:



Los honorarios de los peritos designados en los procesos judiciales de expropiación se fijarán en el 1% (uno por ciento) del monto de la indemnización fijada por la Sede Judicial, estableciéndose un mínimo de 40 UR (cuarenta unidades reajustables) y hasta un máximo de 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables).

FuentesObservaciones
art. 356
art. 40

Fijada la indemnización con arreglo a los artículos anteriores o por avenimiento de las partes interesadas, el Juez decretará que sea cubierto su importe por el expropiante y mandará escriturar los inmuebles sobre los que haya recaído la expropiación.
La escrituración se hará de oficio, por el Escribano Publico del Estado o del Municipio salvo pacto en contrario. Los concesionarios de empresas de utilidad pública deberán satisfacer, sin embargo, los gastos y honorarios de las respectivas escrituras, según tarifa o arancel.
Tan pronto se haya efectuado el pago de la indemnización el Juez mandará dar posesión al expropiante, ordenando el desalojo  de los arrendatarios y ocupantes en los plazos establecidos por el artículo 16°(*).
Al disponer la escrituración el Juez mandará igualmente dar noticia a los terceros interesados que consten en los respectivos títulos, a fin de que hagan valer sus derechos sobre el precio o la indemnización, pidiendo las retenciones o entregas correspondientes.
En la misma forma procederá la administración en caso de avenimiento durante los procedimientos administrativos.
Si los interesados no se presentasen dentro del tercer día o antes de practicarse la escrituración o hubiera diferencias, dudas y litigios sobre el derecho y cualidad de los reclamantes, la suma respectiva será consignada para ser ulteriormente percibida por quien corresponda, de acuerdo con las reglas de derecho común.

FuentesObservaciones
art. 41
Nota:

Ver: Art. 235 Ley 16.320 de 17 de noviembre de 1992.
        Arts.24 num.1 y 32 Decreto ley 14.219 de 22 de julio de 1974

Art.398.4 Código General del Proceso
Art. 5 Ley 13.899 de 11 de noviembre de 1970.
Art. 706 Ley 14.106 de 20 de marzo de 1973
Ver: Nota del art. 15.

(*) Se refiere al artículo 263 del Volumen I del Digesto Departamental.

Nota del art.16


A) La declaración de urgencia se hará por el organismo expropiante.
B) En los casos de toma urgente de posesión la indemnización provisoria se depositará en el Banco Hipotecario del Uruguay en unidades reajustables y será la que resulte de la tasación del bien expropiado y sus mejoras, en dictamen fundado, efectuado por técnicos públicos dependientes del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos Departamentales. Dicha tasación comprenderá el monto de la indemnización por el bien expropiado y todo otro concepto que ofrecerá la Administración. Las servidumbres legales de utilidad pública no dan lugar a indemnización.
C) El Juez o Tribunal que entienda, o a quien competa entender, en la acción, previa y cautelar de toma urgente de posesión, verificará:
1) La designación del inmueble a expropiar y la resolución que disponga la toma urgente de posesión.
2) Que exista una cuenta abierta en el Banco Hipotecario del Uruguay en unidades reajustables, identificada con el número de padrón del inmueble.
3) La titularidad del bien a expropiar y su situación patrimonial.
D) La Administración entablará la acción de toma urgente de posesión, solicitando la intimación de desocupación y acreditación de la titularidad sobre el inmueble expropiado y su situación patrimonial, en el plazo de diez días perentorios e improrrogables, bajo apercibimiento de lanzamiento. La decisión judicial que ordene la desocupación será inapelable y se cumplirá de inmediato.
E) Al decretar el lanzamiento, el Juez dispondrá el libramiento de oficio al Banco Hipotecario del Uruguay para el cobro del precio provisorio, a quien haya acreditado la titularidad del inmueble designado para expropiar. Si los interesados no comparecieran o hubiera diferencias o dudas sobre el derecho y calidad, legitimación o titularidad, o si existieran embargos, interdicciones o gravámenes sobre el inmueble, el Juez de la causa dispondrá que la situación se dilucide en el juicio de expropiación sin perjuicio de dar posesión al organismo expropiante.
F) Una vez cumplida la toma de posesión efectiva del inmueble, la Administración tendrá un plazo de treinta días para presentar la demanda de expropiación.

Nota:

Ver: Ley 14.892 de 5 de junio de 1979.
Ley 16.699 de 2 de mayo de 1995, art.1º.

Artículo 112 Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017.


Suprimido por el Código Civil en la edición oficial de 1914.

FuentesObservaciones
art. 43

Suprimido por el Código Civil en la edición oficial de 1914.

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art. 44

DEROGADO

Este art. fue derogado tácitamente por el Art. 317 de la Constitución de la República.


En todos los casos e incidencias previstas por esta ley, no hay más autos ni resoluciones apelables, judicial o administrativamente, que las que de un modo expreso se declaran tales

FuentesObservaciones
art. 45
Nota:

Ver: Ley 15.869 de 2 de julio de 1987 y su modificativa Ley 17.292 de 29 de enero de 2001.
Art.545 lit.g) Código General del Proceso.


Todo aquel que a título de propietario, de simple poseedor o de cualquier otro, previo aviso, impidiere la ejecución de los estudios u operaciones periciales que en virtud de la presente ley fueren practicados por la Administración o por los concesionarios de una obra de utilidad pública, incurrirán previa constancia del hecho, en una multa de 50 a 200 pesos, a arbitrio del Juez de Paz respectivo, sin perjuicio de allanarse el obstáculo con intervención del propio Juez de Paz de la localidad, requerido al efecto por la autoridad administrativa o los concesionarios. La multa se hará efectiva por la vía de apremio y su importe ingresará al Tesoro de la Asistencia Pública Nacional.
El aviso será dado por escrito, con dos días de anticipación por la autoridad que ejecute estudios y cuando se trate concesionarios, a su costa, por el Juez de Paz seccional, requerido al efecto, y deberá indicar el nombre del funcionario o del concesionario bajo cuya dirección o por medio de cuyo personal se ejecuten los estudios.
Si se tratase de lugares habilitados la autoridad respectiva, a instancia de cualquier interesado fijará el tiempo y modo cómo ha de ejercitarse dicha facultad. El Juez de Paz requerido a los efectos del aviso, podrá, a instancia de parte asistir o nombrar un delegado que asista y presencie las operaciones de referencia.
Los que ejecuten dichos estudios y operaciones periciales, podrán ser obligados a resarcir cualquier daño o perjuicio que ocasionaren a los particulares con motivo de la entrada en sus fincas.

FuentesObservaciones
art. 46

Las expropiaciones están exentas del impuesto que gravan la transferencia de bienes inmuebles.

FuentesObservaciones
art. 47
Nota:

Ver: Ley 17.296 de 23 de febrero de 2001, art. 253.
Ley 16.107 de 3 de abril de 1990 art. 8, lit. e)


Los juicios de expropiación pendientes se proseguirán y fallaran con arreglo a esta ley, respetándose la cosa juzgada y las actuaciones anteriormente practicadas de acuerdo con lo establecido con el Código Civil.

FuentesObservaciones
art. 48

Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente.

FuentesObservaciones
art. 49
Sección I
Normas relacionadas con la ley de expropiaciones

En todos los casos de las disposiciones anteriores, los que corresponda reparación a los arrendatarios, ésta se fijará teniendo en cuenta las normas establecidas en los artículos 27, 29, 30 y 31 de la Ley de Expropiaciones(*).

FuentesObservaciones
art. 4
Nota:

Ver: (*) arts. 15, 16, 42 Ley 3958 de 3 de abril de 1912.

 


Cuando el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales hubieren arrendado inmuebles de su propiedad, podrán exigir su desocupación en la forma prevista en esta ley, sobre la base de acto administrativo fundado en la urgencia de dedicar la cosa al uso público, rigiendo para el depósito previo lo dispuesto en el inciso siguiente.
La persona pública deberá depositar previamente la suma representativa del valor provisional que el Juez adjudique a la reparación debida al arrendatario después de oídas las partes en comparendo verbal. El arrendatario podrá, ínterin se determina la cuantía definitiva de la reparación, reclamar y percibir de inmediato el cincuenta por ciento del monto provisional fijado.

FuentesObservaciones
art. 5

Derógase el artículo 32 de la ley número 8.153 del 16 de diciembre de 1927, en cuanto se refiere a las propiedades que deban expropiarse.

FuentesObservaciones
art. 6

Todas las expropiaciones pendientes y los pedidos de desocupación planteados, se resolverán conforme a este decreto-ley(*).

FuentesObservaciones
art. 7
Nota:

Ver: (*) Se refiere al Dec-Ley 10.247


En los casos no previstos por el artículo 770 del Código Civil en que por resolución judicial se decreta la enajenación de bienes, el Juez otorgará la escritura respectiva y hará la tradición de los bienes vendidos en representación de los dueños, salvo que éstos resuelvan hacerlo por sí o debidamente representados, dentro del plazo que el Juez les fije.

FuentesObservaciones
art. 1

Se consideran términos equivalentes los de subasta, almoneda y remate, empleados en distintas disposiciones legales. El Juez determinará, en cada caso, el procedimiento aplicable.

FuentesObservaciones
art. 3

Si al año de dictada la sentencia definitiva de un juicio de expropiación, el expropiante no hubiera procedido a tomar posesión del inmueble designado para expropiar, caducará de pleno derecho la expropiación del mismo. En caso de reiniciarse los procedimientos respectivos habrán de tomarse en cuenta los valores actuales de los bienes a expropiar.

FuentesObservaciones
art. 223

En las expropiaciones para las obras de transformación de las Rutas 5, 8 y 26, los poseedores con más de diez años de posesión continua y pacífica, serán equiparados a los propietarios con título perfecto.

FuentesObservaciones
art. 1

En las expropiaciones a que se refiere esta ley(*) no se aplicarán los artículos: 1, incisos A) y C), de la ley No. 9.328, de 24 de marzo de 1934; de la ley No.13.241, del 31 de enero de 1964 y 3 de la ley 13.319, del 29 de diciembre de 1964.

FuentesObservaciones
art. 3
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 13.899.


En todas las expropiaciones, cuando los interesados presenten plano de mensura inscripto de la totalidad del inmueble se les deberá entregar libre de todo gasto, un plano de la fracción remanente, una vez deducida la parte expropiada de la totalidad. El plano presentado deberá cumplir con las exigencias siguientes:

A) Los planos con fecha de inscripción anterior a la vigencia de la presente ley, deberán incluir: nombre del propietario, departamento y sección judicial en que esté ubicado el terreno o campo mensurado, número de padrón, áreas totales y parciales, orientación, escala, longitud de los límites artificiales, número de padrón o nombre de los linderos, la poligonal con los ángulos y distancias que hayan servido para el relevamiento de los límites naturales con la acotación de las ordenadas y una nota en que conste hasta dónde se ha medido. Cuando se trate de límite sobre arroyos, lagunas del Estado o costa oceánica la poligonal general deberá quedar fijada angularmente y por distancia de uno de sus vértices con cada uno de los límites artificiales existentes, cuando éstos separen fracciones cuya área esté determinada en el plano.

B) Para los planos inscriptos con posterioridad a la fecha antedicha, los mismos deberán contener toda la información necesaria que permita a la Administración la confección del plano del área remanente de conformidad con las exigencias para la inscripción del plano en la Dirección Nacional de Catastro.
Dicho plano podrá ser confeccionado por composición gráfica en cuyo caso para su inscripción no regirá la obligación de verificar la concordancia de límites impuesta por el artículo 286 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960.

C) Los planos remanentes de los inmuebles en régimen de propiedad horizontal, se rotularán con el nombre de "Plano Remanente de Expropiación y Modificación PH".


Expropiación de Propiedad Horizontal.- En caso de Propiedad Horizontal el administrador tendrá el cometido de comparecer en los casos que el inmueble se encuentre afectado por un procedimiento expropiatorio, en todas sus instancias, ante el organismo expropiante en representación de la copropiedad. A tales efectos deberá presentar testimonio notarial del acta de su nombramiento. (literal G,artículo 19, Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946)

FuentesObservaciones
art. 359
Nota:

Artículo 19, Ley Nº 10.751 de 25 de junio de 1946:

El administrador durará un año en sus funciones pudiendo ser reelecto.
Si al vencimiento de su mandato no se produjera nueva elección, se entenderán prorrogadas sus funciones hasta que se designe reemplazante. Serán sus cometidos:
A) Cumplir y hacer cumplir esta ley y el reglamento de copropiedad, si lo hubiere;
B) El cuidado y vigilancia de los bienes y servicios comunes;
C) La designación y despido del portero, ascensorista y demás personal de servicio del edificio;
D) Recaudar de cada propietario lo que a cada uno corresponda en las expensas comunes, y efectuar los pagos (artículo 18);
E) Representar en juicio a los propietarios en las causas concernientes a la administración y conservación del edificio, ya sea que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros.
La personería en juicio la justificará con testimonio notarial del acta de nombramiento de Administrador, y podrá actuar aunque no posea título de procurador;
F) Ejecutar lo resuelto en la asamblea de propietarios.
G) Comparecer en los casos que el inmueble se encuentre afectado por un procedimiento expropiatorio, en todas sus instancias, ante el organismo expropiante en representación de la copropiedad. A tales efectos deberá presentar testimonio notarial del acta de su nombramiento.


DEROGADO

El artículo 5º de la Ley Nº 13.899 de 6 de noviembre de 1970 fue derogado por Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, art. 364 inc. 2.


En las expropiaciones de predios destinados a la construcción de carreteras a que se refiere esta ley(*), no se requerirá escritura pública, documentándose por acta notarial, que se inscribirá en el Registro de Traslaciones de Dominio.

FuentesObservaciones
art. 364 inc. 2
art. 5
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 13.899.


Para la desocupación del bien expropiado regirán lo dispuesto en el artículo 42 de la ley No.3.958, del 28 de marzo de 1912, en lo que no se oponga a la presente ley(*).

FuentesObservaciones
art. 6
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 13.899.


No se considerarán válidos respecto al expropiante, los contratos celebrados por el expropiado con posterioridad al acto que declaró afectado el bien y que impliquen la constitución de algún derecho sobre el mismo o a su respecto.

FuentesObservaciones
art. 7

Las hipotecas, aún inscriptas con anterioridad al decreto de designación del bien a expropiar, no afectarán el bien expropiado, que una vez otorgada la escritura de expropiación o acta notarial, en su caso, queda libre de gravamen, recayendo el derecho del acreedor hipotecario sobre la indemnización, que quedará a la orden del acreedor.

FuentesObservaciones
art. 8

En todos los casos previstos en la presente ley(*), el Juzgado dispondrá el levantamiento de oficio y sin más trámite de todos los embargos e interdicciones que afecten el bien expropiado, sea de la fecha que fuera, comunicándolo posteriormente a quien corresponda. El embargo o interdicción subsistirá sobre la parte del obligado en el precio de la enajenación.

FuentesObservaciones
art. 9
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 13.899.


En todos los casos de declaración de utilidad pública, a los efectos expropiatorios, dispuestos por esta ley(*) y las que en el futuro se sancionen, las expropiaciones respectivas deberán decretarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de publicación.
Este plazo podrá prorrogarse en 6 meses en casos excepcionales, debidamente fundados por el Poder Ejecutivo.

FuentesObservaciones
art. 677
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 14.106.


DEROGADO

El artículo 706 de la Ley Nº 14.106 de 14 de marzo de 1973 fue derogado por Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, art. 364 inc. 2º.


Extiéndese la aplicación de la ley 13.899 del 6 de noviembre de 1970, a todas las expropiaciones de bienes que se destinen a obras de uso público.

FuentesObservaciones
art. 364 inc. 2
art. 706
Nota:



Durante la vigencia de los plazos legales de arrendamiento, no podrá deducirse acción de desalojo excepto las que se promuevan con referencia a: 1º. Los inmuebles expropiados.

FuentesObservaciones
art. 24

El plazo para el desalojo, en los casos previstos en el artículo 24, con excepción del numeral 2 y 1 y 5 del artículo 26, será de un año(*).

FuentesObservaciones
art. 32
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 14.219.


En los casos de expropiación, se deberá entregar a los interesados, libre de todo gasto, un plano del área que reste, una vez deducida la parte expropiada de la totalidad que arroje el plano inscrito que a tales efectos deberán presentar aquéllos. Dicho plano será confeccionado por composición gráfica. Para dicha inscripción no regirá la obligación de verificar la concordancia de límites impuesta por el artículo 286 de la ley 12.804, de 30 de noviembre de 1960.

FuentesObservaciones
art. 14

Quedan transferidas de pleno derecho y sin indemnización alguna a favor de las Intendencias Departamentales desde el libramiento efectivo al uso público, las áreas que en los fraccionamientos de tierras a efectuarse por particulares, sean destinadas a espacios libres, áreas de circulación u otros destinos de interés general, de acuerdo a lo dispuesto en los respectivos Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Las áreas que se transfieran de pleno derecho no podrán ser inferiores al 10% (diez por ciento) u 8% (ocho por ciento) de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, y no podrán exceder el 20% (veinte por ciento) de la superficie de los inmuebles fraccionados, sin perjuicio de las áreas destinadas a circulación.

FuentesObservaciones
art. 283
incisos 1 y 2
art. 1

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se deberá dejar constancia de dicha cesión en el plano de fraccionamiento respectivo.

En el caso de los planos de fraccionamiento de áreas que se hubiesen transferido de pleno derecho con anterioridad a la vigencia de la presente ley, por aplicación del Decreto-Ley N° 14.530, de 12 de junio de 1976, en los cuales no se establezcan deslindes, espacios libres y otras de interés general, las Intendencias Departamentales podrán confeccionar e inscribir un plano de mensura de dichas áreas, consignando los deslindes y superficies respectivas, así como los datos geométricos y catastrales.

 

FuentesObservaciones
art. 353
Agrega inciso 4º.
art. 283 inc. 3
art. 2

Los montos correspondientes a las enajenaciones, adquisiciones y expropiaciones de bienes inmuebles que realicen los incisos 1 a 26, serán fijados en Unidades Reajustables ley 13.728 del 17 de diciembre de 1968), abonándose el importe correspondiente a la citada Unidad al valor del día anterior a su pago.
Las diferencias de precio que surjan como consecuencia de la variación operada en el valor de la Unidad Reajustable entre el momento de la tasación y el pago efectivo, implicará un mayor costo del Proyecto de Inversión o de Residuo Pasivo respectivo, habilitándose el crédito correspondiente.
Para los casos de las expropiaciones que se tramitan en vía judicial, los depósitos deberán ser realizados en unidades indexadas en el Banco de la República Oriental del Uruguay, en una cuenta que se abrirá a la orden del juzgado, la que no generará gastos administrativos.

FuentesObservaciones
art. 358
Agrega inciso 3º)
art. 114

Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles. A partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio en dinero de toda transmisión de derechos sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.
El instrumento que documente la operación deberá contener la individualización del medio de pago utilizado, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Los escribanos públicos no autorizarán escrituras ni certificarán firmas de documentos privados respecto de los actos antes relacionados que no cumplan con dicha individualización o cuyo medio de pago sea distinto a los previstos en el presente artículo, los que, en cualquier caso, serán nulos. En caso de incumplimiento, además de otras eventuales responsabilidades que correspondan, serán de aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Capítulo II del Título V de la acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, o la que la sustituya.
Este artículo no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles por vía de expropiación.

FuentesObservaciones
art. 363
art. 40

Agrégase al artículo 1º de la ley 15.881, de 26 de agosto de 1987, los siguientes incisos:
"También entenderán en el proceso expropiatorio y de la acción de amparo, ya sea por actos, hechos u omisiones de las autoridades estatales.
Los Juzgados letrados de Primera Instancia del interior salvo los de competencia especializada, tendrán, en su jurisdicción, igual competencia que los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.
Los Juzgados de Paz conocerán en la materia contencioso administrativa de reparación patrimonial en que sea parte demandada una persona pública estatal, siempre que el monto del asunto no exceda de su competencia por razón de cuantía. En segunda instancia conocerán los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, en Montevideo, y los respectivos Juzgados Letrados de Primera Instancia, en el Interior".

FuentesObservaciones
art. 320

El Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, no exigirá el control dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 18.840, de 23 de noviembre de 2011, en los siguientes casos:

A) Trasmisión del dominio de inmuebles por expropiaciones efectuadas por el Estado o los Gobiernos Departamentales, ejecución forzada judicial o por el cumplimiento forzado establecido en la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, concordantes y modificativas, y por adjudicaciones o enajenaciones en cumplimiento de ejecuciones extrajudiciales del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda.

B) Enajenaciones de predios fiscales a personas físicas y jurídicas.

C) Primera enajenación de inmuebles resultantes del proceso de regularización de viviendas de interés social y asentamientos irregulares que realicen el Estado o los Gobiernos Departamentales.

D) En todas las escrituras judiciales.

FuentesObservaciones
art. 352
Nota:

Artículo 15 de la Ley Nº 18.840 de  23 de noviembre de 2011: El Registro Público de la Propiedad Inmueble no inscribirá ningún documento en que se transmita por cualquier título el dominio de inmuebles con construcciones sin la constancia notarial de que se obtuvo el certificado de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado o de la Intendencia de Montevideo en su caso. Dicho certificado deberá acreditar:
A) la conexión a la red pública de saneamiento, o

B) que no exista colector al frente del inmueble, o

C) que el inmueble por su ubicación, encuentre graves dificultades para su conexión de acuerdo con el artículo 2º de la presente ley.

Esta exigencia regirá a partir del tercer año de promulgada la presente ley.


El Registro Nacional de la Propiedad no inscribirá los instrumentos que se presenten en sus secciones correspondientes por los que se reconozca, modifique, transfiera, declare o extinga el dominio sobre bienes inmuebles, el usufructo, uso, habitación, servidumbre y cualquier desmembramiento del dominio, así como las promesas de compraventa sobre los mismos que refieran a solares o fracciones de padrones en mayor área.
Sólo se procederá a la inscripción en caso que la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado deje constancia por escrito que no es posible el empadronamiento individual.
En todo caso en que se verifique mutación del número del padrón, deberá consignarse en la cédula catastral correspondiente así como en los instrumentos respectivos, la referencia al número de padrón anterior.
Simultáneamente a la inscripción de un plano de fraccionamiento o reparcelamiento, la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado procederá preceptivamente a adjudicar a cada solar o fracción, su correspondiente número de padrón.
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo a los instrumentos relativos a arrendamientos, expropiación, compraventa, cesiones de áreas u otro negocio jurídico que refiera a predios o fracciones de estos, cuyo destino sea el uso público o privado del Estado.
En este caso, el escribano actuante deberá dejar constancia del destino en el instrumento a inscribir.

FuentesObservaciones
art. 366
art. 85

Para la inscripción de Planos de Mensura y el trámite de toda modificación parcelaria de inmuebles urbanos que se realice ante la Dirección Nacional de Catastro, deberá adjuntarse una Declaración Jurada de Caracterización Urbana por cada unidad catastral resultante de la operación catastral de que se trate.
Las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana contendrán los datos necesarios para el mantenimiento al día de las Bases de Datos Catastrales verificando la existencia y caracterización de construcciones en cada fracción resultante, debiendo ser firmada por el propietario y por profesional Arquitecto o Ingeniero Agrimensor.
En inmuebles urbanos se sustituirá la presentación de los planos de construcción para la inscripción de mejoras (obra nueva o regularización) por la presentación de una Declaración Jurada de Caracterización Urbana.
Las infracciones que se constaten en las declaraciones que se presenten, serán pasibles de las penas de que trata el artículo 239 del Código Penal.
Las mejoras a construir se incorporarán a un archivo transitorio el que se incorporará a la Base de Datos Catastral para el ejercicio fiscal siguiente a los cinco años a partir de la fecha de presentación. El período indicado podrá ser interrumpido y prorrogado por otros cinco años, de presentarse una nueva Declaración Jurada de Caracterización Urbana que contendrá las características del edificio construido hasta el momento.
Para la inscripción en la Dirección General de Registros de toda escritura de traslación o constitución de dominio e hipoteca, así como para la inscripción de compromisos de compraventa de bienes urbanos y suburbanos, se requerirá la constancia de haber presentado una Declaración Jurada de Caracterización Urbana en la Dirección Nacional de Catastro con antigüedad no mayor a cinco años. Tratándose de Unidades de Propiedad Horizontal Ley N° 10.751, esta antigüedad se extenderá a 10 años.
El Poder Ejecutivo establecerá las características de las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana y su forma de presentación, en el plazo de 180 días.

FuentesObservaciones
art. 367
art. 178
Nota:

Ver Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, artículo 367: "Los planos de mensura que se confeccionen con motivo de expropiaciones, cualquiera sea su naturaleza, así como los de los inmuebles de dominio público, quedan exceptuados de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001."


(Exoneraciones)-.Estarán exentas del pago del impuesto a las trasmisiones patrimoniales: …
E) Las enajenaciones de bienes inmuebles, por expropiación a favor del Estado, los Municipios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

FuentesObservaciones
art. 8

Cuando la Administración entregue como compensación o permuta por una expropiación, inmuebles de su propiedad, la transferencia de dicho bien inmueble a un particular estará exenta de todos los impuestos y tasas que gravan las transferencias de bienes inmuebles y la de los respectivos derechos registrales.

FuentesObservaciones
art. 253

(Actos inscribibles).- Se inscribirán en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad: …
12) Las resoluciones de designación del inmueble sujeto a expropiación que dicten el Poder Ejecutivo, los Municipios y todo Ente de derecho público con atribuciones para ello.
Las resoluciones administrativas que determinen restricciones o limitaciones al derecho de propiedad de un predio determinado y las comunicaciones preceptuadas por el artículo 12 del Código de Aguas.

FuentesObservaciones
art. 17

(Publicidad noticia).- La inscripción de los actos referidos en los numerales 11), 12) y 14) del artículo 17 de la presente ley(*) sólo produce efectos informativos.
Declárase que las cesaciones de condominio cuando éstas tengan origen contractual se regirán por lo dispuesto por la Sección III del Capítulo V, del Título VI del Libro III del Código Civil.

FuentesObservaciones
art. 56
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 16.871.


(Excepciones).- No será necesaria la previa inscripción a los efectos de la continuidad del tracto con respecto a los siguientes casos:

1) Cuando el acto se otorgue por los Jueces, síndicos, albaceas, interventores, herederos o sus representantes en cumplimiento de actos, contratos u obligaciones contraídas por el causante o su cónyuge, respecto de bienes registrados a su nombre.

2) En los previstos en el numeral 7) del artículo 17 y en el artículo 59 de la presente ley.

3) Cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la partición o enajenación forzosa de bienes hereditarios.

4) Cuando se trate de actos que se otorguen en forma simultánea y refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo bien, aunque fueren distintos los escribanos autorizantes de los documentos que los contienen.

5) Cuando el acto inmediato anterior constituya la transmisión de una universalidad inscrita en el Registro competente.

6) Cuando se presente a inscribir la prescripción.

7) Cuando los jueces otorguen de oficio escrituras de expropiación.

8) Cuando se otorguen escrituras de expropiación de bienes en régimen de propiedad horizontal.

9) Los demás casos que establezca la reglamentación.

FuentesObservaciones
art. 351
Sustituye numeral 7)
art. 58

(Caducidades).- Caducarán, en los plazos que se expresan, las siguientes inscripciones:
1. Cinco años:
1.4. Las expropiaciones.

FuentesObservaciones
art. 79

(Expropiación).- A los efectos de su expropiación, declárase de utilidad pública y, por consiguiente comprendidos en lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y sus modificaciones, los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento del Plan Quinquenal de Vivienda, los Planes de Ordenamiento Territorial y las directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

FuentesObservaciones
art. 20
Sección II
Procedimientos establecidos en leyes especiales

Excepciones. Tramitarán por los procedimientos establecidos en las leyes especiales pertinentes:
a) Los procesos preventivos, correctivos y educativos de competencia de los tribunales de Menores (artículos 119 a 141 del Código del Niño);
b) Los procesos por infracciones aduaneras ( ley 13.318 del 28 de diciembre de 1964 y sus modificativas);
c) Los procesos de competencia del tribunal de lo Contencioso Administrativo (decreto ley 15.524 del 9 de enero de 1984);
d) Los procesos del divorcio por mutuo consentimiento y por sola voluntad de la mujer (artículo 187 del Código Civil);
e) El procedimiento para la obtención de segundas copias ( ley 11.759 del 19 de noviembre de 1951).
f) El proceso de regulación de honorarios establecido por el artículo 144 de la Ley Nº 15.750 de 24 de junio de 1985.
g) El proceso de toma urgente de posesión previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 10.247, de 15 de octubre de 1942.

FuentesObservaciones
art. 1
agrega literales f) y g).
art. 545
Capítulo II
Calificación y Jurisdicción de Caminos Ley No. 10.382
Sección I
Clasificación de Caminos

Todo camino público de la República deberá ser calificado por la autoridad que corresponde según el presente Decreto Ley(*), de acuerdo con la clasificación establecida por el artículo 49º del Código Rural y las disposiciones complementarias del presente Decreto Ley.

FuentesObservaciones
art. 1

Calificado un camino de acuerdo con este Decreto Ley(*), como nacional, departamental o vecinal, enunciados en orden descendente, no podrá pasar a categoría inferior sin previa descalificación por la misma autoridad que le atribuyó su calidad anterior. Al pasar el camino a una categoría inferior los propietarios linderos no tendrán ningún derecho para reducir el ancho anterior del camino.

FuentesObservaciones
art. 2
Nota:

Ver: Se refiere al Decreto-Ley 10.382.

 Caminos Departamentales

Los caminos departamentales serán designados por las Juntas Departamentales correspondientes, previo infor­me técnico en todos los casos, de la Intendencia Munici­pal.
Tendrán iniciativa para la calificación de caminos depar­tamentales, la Junta Departamental, la Intendencia Munici­pal del Departamento, las Juntas Locales y las Comisiones de Vecinos constituidas o que al efecto se constituyan.
Toda iniciativa en ese sentido será elevada a la Inten­den­cia Municipal del Departamento respectivo, la que previo informe técnico, la elevará a resolución de la Junta Departamental.

FuentesObservaciones
art. 9

Sólo podrán ser calificados como departamenta­les, los caminos que unan directamente:
a) La capital del departamento con una ciudad, villa o pueblo del mismo departamento.
b) Una ciudad, villa o pueblo del departamento, con camino nacional, con otra población, estación ferroviaria, paso de la frontera del país, población balnearia o puer­to, del mismo departamento.
c) Una ciudad, villa o pueblo del departamento, con paso importante (con Receptoría) de la frontera del país, estación ferroviaria terminal o puerto nacional, ubicados en departamento contiguo, requiriéndose en esos casos confor­midad de la Junta Departamental de dicho departamen­to.
d) Una estación ferroviaria terminal con un paso importan­te (con Receptoría) de la frontera del país o con un puerto nacional o dos de estos puntos entre sí, ubica­dos uno de ellos en departamento limítrofe.
e) Un camino departamental con estación ferroviaria, puerto, parque público o población balnearia.
f) Una estación ferroviaria con otra, o con un paso de la frontera del país, puerto o balneario, o alguno de estos puntos entre sí.
g) También podrán calificarse como departamentales: Los caminos transversales o diagonales, que, dentro del ejido de una población o en su límite, unan entre sí, caminos departamentales o nacionales, o uno nacional y otro departamental.

FuentesObservaciones
art. 10

Cuando en los casos de los incisos c), d), e) y f) del artículo anterior (10º)(*), los puntos que une un camino no se encuentren en el mismo departamento y no se obtenga de la Junta Departamental del departamento limí­tro­fe, la conformidad para calificar aquél como departa­men­tal, la otra Junta podrá elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Intendencia Municipal, las actuaciones referentes a la calificación propuesta, solicitando de dicho Poder, por el Ministerio de Obras Públicas, la calificación de departamental del referido camino.
El Poder Ejecutivo resolverá, previo informe de la Direc­ción de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

FuentesObservaciones
art. 11
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 331 del Volumen I del Digesto Departamental.


Toda divergencia entre el Poder Ejecutivo y las Municipalidades respecto a la calificación de caminos nacionales o departamentales o a las disposiciones de este Decreto Ley(*), deberá plantearse por la Junta Departamental interesada y la divergencia será resuelta por el Consejo de Ministros, previo informe de una Comisión Honoraria espe­cial integrada por un Delegado de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; un Delegado de la Junta Departamen­tal interesada; un Delegado de la Intendencia Municipal del mismo Departamento; el Director General de Avalúos; el Director de Topografía del Ministe­rio de Obras Públicas y un Delegado de la Dirección de Agronomía del Ministe­rio de Ganadería y Agricultura.

FuentesObservaciones
art. 12
 Caminos Vecinales

Los caminos vecinales serán designados por la Junta Departamental correspondiente, previo informe técni­co de la Intendencia Municipal. Tendrán iniciativa para la calificación de caminos vecinales, la Junta Departamental, la Intendencia Municipal, las Juntas Locales y cualquier Sociedad rural o grupo de vecinos interesados, y los particulares.
Toda iniciativa en tal sentido será elevada a la Intenden­cia Municipal respectiva, la que, obtenido el informe correspondiente de la Oficina Técnica pertinen­te, la eleva­rá con informe a la Junta Departamental para su resolución.

FuentesObservaciones
art. 13

Podrá ser calificado como camino vecinal, cual­quier camino público que comunique centros poblados o distritos rurales, siempre que sirva de comunicación a predios rurales, privados o públicos, en número no menor de cinco, o de comunicación entre dos caminos nacionales, departamentales o vecinales existentes, o entre unos y otros.

FuentesObservaciones
art. 14

Cuando una senda de paso sirva de salida única a cinco propiedades rurales o más, podrá solicitarse que sea calificada como camino vecinal. La solicitud a la Inten­dencia Municipal deberá ser suscrita por la mayoría de los propietarios interesados, lo que se hará constar por el Juez de Paz de la Sección respectiva. Si la Junta Departa­mental accediese a ese pedido, previas las formalidades y el trámite dispuesto en el inciso final del artículo 13º(*), dispondrá las expropiaciones necesarias de acuerdo con la ley de 28 de marzo de 1912, y demás leyes en vigencia, imponiendo a los propietarios de los predios dominantes, en proporción de los aforos de sus respectivas propiedades y de las áreas a ocupar, la contribución necesaria para cubrir el importe de la referida apertura, sus alambrados y las indemnizaciones consiguientes, según liquidación que hará en conjunto la Intendencia Municipal, una vez debida­mente sustanciados todos los expedientes relativos a la apertura del nuevo camino vecinal.
A los efectos de la determinación de la contribución, los predios a la vez dominantes y sirvientes, se conside­rarán solamente dominantes. El pago de la contribución corres­pondiente por parte de los remisos, se obtendrá por vía de apremio, si no lo hicieren en el plazo que fije el Munici­pio y que no será menor de noventa días.

FuentesObservaciones
art. 15
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 334 del Volumen I del Digesto Departamental.


Todos los caminos públicos, bien sean naciona­les, departamentales o vecinales, son bienes públicos, co­rres­pondiendo el dominio de los nacionales al Gobierno Nacio­nal, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas; y el de los departamentales y vecinales a los Municipios, por intermedio de la Intendencia Municipal respectiva.

FuentesObservaciones
art. 18
Capítulo III
Ley de Centros Poblados No. 10.723

Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales respectivos la competencia para autorizar toda creación de predios cuando así lo establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos los casos, para autorizar la subdivisión de predios con destino directo o indirecto a la formación de centros poblados y para aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento o formación de centros poblados.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit a)
art. 1
art. 1

Constituye subdivisión de predios con destino a la formación de Centros Poblados, toda subdivisión de la tierra, fuera de las zonas urbanas o suburbanas, que cree uno o más predios independientes menores de cinco hectá­reas cada uno. Para los Departamentos de Montevi­deo y Canelones este límite queda reducido a tres hectáreas.

Quedan exceptuados de las disposiciones de este artículo los predios que resulten deslindados de otros, con los cuales formaron antes uno sólo, por obra de trazados o realizaciones de caminos nacionales, departamentales o vecinales, de vías férreas o de canales y aquellos que tengan destino de uso o de interés públicos por decisión de los Gobiernos nacional o municipal. Se entenderá que no constituye subdivisión de predios con destino a la formación de centros poblados, la simple constancia en planos de áreas parciales entre límites naturales o arbitrarios, siempre que se deje constancia en los mismos planos de que ella no constituye subdivisión de predios con destino a la formación de centros poblados, la simple constancia en planos de que ella no constituye deslinde o división de predios. Se entiende por "predio independiente", a los efectos de esta ley, aquel que ha sido deslindado o amojonado, o aquel que es objeto definido con unidad propia de una traslación de dominio, o del resultado de una división jurídica.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit. b)
art. 1
art. 2
Nota:

La Ley No.18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. b): deroga los incisos segundo y tercero.
Ver: Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946 agrega el último párrafo al artículo.


Se entiende que constituye trazado o apertura de calles, caminos o sendas que implican amanzanamiento o formación de centros poblados, según el art. 1º. aquél trazado o apertura de vías de tránsito que alcance a formar tres o más islotes o manzanas contiguas de tierras de propiedad privada inferiores en superficie a veinte hectáreas cada una, siempre que esta formación no resulte de los trazados oficiales de la red de caminos naciona­les, departamentales o vecinales.

FuentesObservaciones
art. 1
art. 3
Nota:

Modificado por Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.


Los Gobiernos Departamentales establecerán en el término de dos años a partir de la publicidad de la pre­sente ley(*), para todos los pueblos, villas y ciudades oficialmente reconocidos, los límites precisos de las zonas urbanas y suburbanas amanzanadas.

FuentesObservaciones
art. 1
art. 4
Nota:

Modificado por Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.

Ver: (*) Se refiere a la Ley 10.723.


Establecerán igualmente dentro del mismo plazo, los límites de las zonas pobladas existen­tes no reconoci­das oficialmente, que de acuerdo a las definiciones de la presente ley(*) deben considerarse como constituyendo de hecho centros poblados, establecidos con tales caracteres con anterioridad a la publicación de esta misma ley(*). Para esta determinación podrán requerir la investigación y el infor­me de la Dirección de Topografía. Estos centros poblados existentes de hecho, se considerarán centros poblados "provisionales" hasta que, cumplidas las exigen­cias de la presente ley, puedan ser reconocidos y autori­zados defini­ti­vamente o por el contrario, sean declarados como inade­cua­dos o insalubres y su expropiación de utili­dad pública, conforme a las leyes vigentes.

FuentesObservaciones
art. 1
art. 5
Nota:

Modificado por Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.

Ver: (*) Se refiere a la Ley 10.723.


Los Gobiernos Departamentales comunicarán al Poder Ejecutivo los datos determinados, con referencia a los artículos 4º y 5º(*), y renovarán esta comunicación, cada vez que estos datos sean modificados.

FuentesObservaciones
art. 6
Nota:

Ver: Se refiere a los artículos 341 y 342 del Volumen I del Digesto Departamental.


Antes de proceder a la autorización para la subdivisión de predios con destino a la formación de centros poblados o para abrir calles, caminos o sendas con fines de amanzanamiento o de formación de dichos centros, sea la iniciativa oficial o privada, los Gobiernos Depar­tamentales requeri­rán, en cada caso, de los mismos interesa­dos o de las oficinas técnicas públicas dependientes del Poder Ejecutivo y/o de los propias muni­cipales, los datos siguientes de carácter técnico y docu­mental que constitui­rán los antecedentes respectivos:
a) Constitución geológica del suelo; existencia de aguas superficiales y probabilidad de existen­cias de aguas subterráneas y recursos minerales probables.
b) Naturaleza del suelo agrícola circundante a distancia no mayor a cinco kilómetros y su aptitud para determi­nados cultivos.
c) Vías existentes y proyectadas de comunicación, carrete­ras, caminos, vías fluviales o marítimas, vías férreas y sus estaciones, aeródromos, etc. Sus distancias y posicio­nes con relación al centro poblado proyectado.
d) Relevamiento del terreno destinado a centro pobla­do con establecimiento de curvas de nivel a cada dos metros como mínimo y expresión de los principales acciden­tes geográfi­cos.
e) Aforo medio de la hectárea de tierra en la región.
f) Tasación de las mejoras existentes dentro del área destinada a centro poblado.
g) Memorándum que consigne los motivos económicos, socia­les, militares, turísticos, etc. que justifiquen la forma­ción de centro poblado.
h) Altura media de la más alta marea o creciente, si se tratara de cursos de aguas.
i) Extensión y ubicación de los terrenos destina­dos a fomento y desarrollo futuro del centro poblado.

FuentesObservaciones
art. 1
Sustituye el primer párrafo.
art. 7
Nota:

Modificado por Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.


Reunidos estos datos y antecedentes, los Gobiernos Departamentales oirán la opinión del Institu­to de Urbanis­mo de la Facultad de Arquitectura o de las oficinas técni­cas municipales o nacionales de urbanismo o de plan regu­lador, opinión que se agregará a los antecedentes.
Igualmente recabarán el asesoramiento jurídico en lo relacionado con el deslinde proyectado y las condiciones de los títulos de propiedad respectivos. Este dictamen se agregará también a los antecedentes.

FuentesObservaciones
art. 8

Llenados los requisitos a que se refieren los ar­tículos anteriores (7º y 8º)(*), el Intenden­te respectivo someterá a la decisión de la Junta Departamental, la autorización para la formación del corres­pondiente centro poblado.
En caso de resolución afirmativa de la Junta, el Intenden­te procederá a su aceptación oficial, aprobando en el mismo acto el plano de trazado urbanístico y el plano de des­linde de predios.
En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por un profesional especializado en ordenamiento territorial o urbanismo y por un agrimensor.
Los datos de ambos planos podrán estar expresados en un solo documento gráfico con las firmas de los técnicos mencionados.

FuentesObservaciones
art. 83
num.1 lit. c)
art. 9
Nota:

La Ley No.18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el de 30 de junio de 2008, art.83 num.1 lit. c): sustituye el inc.3.

Ver:  (*) Se refiere a los artículos 344 y 345 del Volumen I del Digesto Departamental.


Concedida la autorización del Gobierno Departa­men­tal, recién podrá procederse al trazado en el terreno del amanzanamiento y las vías de tránsito, como asimismo a la división y amojonamiento de los predios, lo cual se hará con arreglo a las disposiciones legales generales y a las ordenanzas particulares de la Intendencia respectiva. Tampoco podrán enajenarse la referidas parcelas de tierra sin dicha autorización.
La repartición encargada de cotejar los planos de mensuras y deslindes, retendrá todo plano que se le pre­sente en contravención con esta ley, con el cual se deberá iniciar el expediente para la aplicación de la multa.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit d)
art. 10
Nota:

La Ley 18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. d: derogó el inciso segundo.


La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente ley relativas al fraccionamiento o la enajenación de predios o aperturas de vías de tránsito, sin perjuicio de la nulidad absoluta del fraccionamiento y las ventas posteriores de predios parte del mismo, serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), con destino al Gobierno Departamental correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que la transgresión pudiera producir. Las multas se harán efectivas por las Intendencias Municipales y serán aplicadas solidariamente a todos los involucrados y profesionales intervenientes.
Quedan exceptuados de estas sanciones y de las del artícu­lo anterior, los fraccionamientos y planos que se refieran a enajenaciones, particiones, divisiones de hecho o com­promisos de venta, anterio­res a la promulga­ción de esta ley, así como las enajenaciones y parti­ciones que se refieren a planos de fraccionamiento o deslinde aprobados o inscriptos en las Oficinas de Topografía o Catastro, con la misma anterioridad. En todos los casos la anterioridad de los hechos menciona­dos, deberá constar con fecha cierta. Se entiende por "divisiones de hecho" las que corres­pondan a división de padrones o a existencia en un predio de edificacio­nes totalmente independientes entre sí, que hubieran sido oportunamente aprobadas por la autoridad municipal respectiva. Los vendedores de terrenos a plazo que no hubieran cumplido con los requisitos de la ley relativos a las ventas a plazo en las operaciones y com­promisos anteriores a la ley de 21 de abril de 1946, ten­drán un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley, para ponerse en las condiciones legales. De no hacerlo así sus operaciones no serán reconocidas como anteriores y estarán obligados a indemnizar a los compra­dores, por los perjuicios que les ocasione la aplica­ción de las disposicio­nes legales.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit e) y f).
art. 1
Sustituye el parrafo tercero.
art. 11
Nota:

La Ley 18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. e: sustituye el inciso primero y lit. f) deroga el inciso segundo.
Ver: Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.


Quedan exceptuados de las disposiciones que se refieren a división y deslinde de predios y de la sancio­nes correspondientes, las divisiones y deslindes que sólo tengan por objeto la regularización de predios por conve­nio entre vecinos, aprobados por la autoridad municipal, siempre que no se aumente el número de los predios independientes, en contravención con lo que dispone esta ley(*).
Cuando en las regularizaciones de ésta índole se trate de predios rurales, no se requerirá la aprobación municipal.

FuentesObservaciones
art. 1
agrega inc. final
art. 12
Nota:

Modificado por Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.

Ver: (*) Se refiere a la Ley 10.723.


Toda formación de centro poblado estará sujeta a los siguientes requisitos mínimos:

1. Derogado

Nota: El num.1 fue derogado por la Ley No.18.308(*) promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. g).

2. Derogado

Nota: El num. 2 fue derogado por la Ley No.18.308(*) promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. g).

3. Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o que estén a nivel inferior a 50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas.
Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del dominio público, dentro de las tierras abarcadas por una faja costera de 150 metros de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la línea de ribera.
En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 (ciento cincuenta) metros determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público.
No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo.
Nota: El num. 3 tiene su redacción actual por lo dispuesto en la Ley No.18.308(*) promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. g).

4. Las tierras destinadas a centro poblado y a tie­rras de agricultura anexas, tendrán títulos sanea­dos.

5. Todo centro poblado deberá constituir, por lo menos, una unidad vecinal que permita el manteni­miento de una escuela primaria y de los servicios públicos indispen­sa­bles.
A este efecto, el centro poblado tendrá como mínimo cien hectáreas de superficie, si es centro poblado de huertos, y  si es pueblo, villa o zona urbana o suburbana no incorporado sin solución de continuidad a otro centro poblado mayor,  tendrá como mínimo treinta hectáreas.
Ninguna unidad vecinal podrá ser cortada por carrete­ras nacionales o departamentales de tránsito rápido o por vías férreas.
En la delineación y amanzanamiento de cada nuevo centro poblado, se indicarán, de antemano, el lugar y área que corresponderá a la escuela primaria local.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit g)
art. 13
Nota:


Ver: (*) La Ley No.18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art.83 num.1 lit. g): deroga los nums. 1 y 2 y sustituye el num. 3.

Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.


Para los centros poblados existentes de hecho, con anterioridad a la presente ley(*) y no reconocidos sino en carácter de "provisionales" conforme al artículo 5(**), los Gobiernos Departamentales podrán proceder a su reconoci­miento definitivo, mediante las siguientes condiciones mínimas:
a) Posibilidad de su desarrollo económico social, aten­diendo a los medios de vida de sus habitantes y a los recursos de producción de la zona.
b) No existencia de predios inundables, salvo caso de expropiación de éstos o de corrección previa de sus vi­cios.
c) Posibilidad económica de abastecimiento de agua potable para la población.
d) Ausencia de otros factores permanentes de insalu­bridad.
En caso contrario y no siendo posible corregir las defi­ciencias, es facultad municipal el declarar "población inadecuada" o "insalubre" al centro poblado correspondien­te, lo que implica declarar su expropiación total como de utilidad pública.

FuentesObservaciones
art. 14
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 10.723.

(**) Se refiere al artículo 342 del Volumen I del Digesto Departamental.


Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11 (*), toda división de tierras que implique crear predios independientes menores en superficie a 2.000 (dos mil) metros cuadrados si no cuenta con sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de drenaje pluvial, de suministro de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentos, construidos según lo autorizado y recibido por el organismo ejecutor correspondiente.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit h)
art. 1
art. 15
Nota:

El presente artículo fue modificado por La Ley No. 18.308 promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art.83 num.1 lit. h).

Ley No. 10.866 promulgada el 25 de octubre de 1946 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1946.

Ver: (*) Se refiere a los artículos 347 y 348 del Volumen I del Digesto Departamental.
 


Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 11 y 19(*), en la redacción dada por la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, toda división de tierra que implique crear predios independientes menores en superficie a trescientos metros cuadrados en suelo urbano o suburbano, con las siguientes excepciones, de las que se deberá dejar constancia expresa en los respectivos planos:

A) Aquellas actuaciones en las que dicha división tenga por objeto la instalación de servicios de interés público, declarado por el Poder Ejecutivo o los Gobiernos Departamentales en su caso.

B) Cuando los instrumentos de ordenamiento territorial así lo dispongan para las actuaciones de los programas públicos de vivienda, urbanización y/o mejoramiento barrial, siempre que los mismos sean de interés social.

C) Cuando los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito departamental, que se aprueben conforme con los procedimientos establecidos en la Ley N° 18.308, dispongan por vía de excepción reducir dichas exigencias en sectores particulares, delimitados dentro de suelo categoría urbana consolidado definido en el literal a) del artículo 32 de la Ley N° 18.308.
El escribano autorizante deberá dejar constancia en la escritura respectiva de la excepción que surge del plano.
Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 11 y 19 de la presente ley(**), en la redacción dada por la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, toda división de tierra realizada en suelo rural, que implique crear lotes independientes menores en superficie a las cinco hectáreas cada uno o tres hectáreas para los departamentos de Montevideo y Canelones, con las excepciones establecidas en el inciso final del artículo 2° de la presente ley(***).
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Catastro, no inscribirá planos de mensura, fraccionamiento o reparcelamiento que no cumplan con lo dispuesto en el presente artículo. Exceptúanse de la prohibición establecida por el artículo16 de la Ley N° 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 18.367, de 10 de octubre de 2008, los fraccionamientos elaborados o que se elaboren en el marco de programas públicos de viviendade interés social o de regularización de asentamientos irregulares, cuando dichos programas se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.

FuentesObservaciones
art. 279
Sustituye inciso 3º del literal c)
art. 1
art. 224
art. 2
art. 83
num. 1) lit. i)
art. 16
Nota:

Ver:   (*) Se refiere a los artículos 348 y 356 del Volumen I del Digesto Departamental.

(**) Se refiere a la Ley 10.723.

(***) Se refiere a el artículo 339 Volumen I del Digesto Departamental.

 


Decláranse válidos los planos de fraccionamiento aprobados por los Gobiernos Departamentales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº18.308, de 18 de junio de 2008, y con anterioridad a la promulgación de la presente ley(*), así como los actos y negocios jurídicos celebrados en base a dichos planos, cuando éstos o aquéllos hayan sido realizados en infracción a lo dispuesto por los artículos 2º, 15 y 16 de la Ley Nº 10.723(**), de 21 de abril de 1946, y sus modificativas.En dichos casos, no serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Nº 10.723.

FuentesObservaciones
art. 2
Nota:

Ver:

(*) Se refiere a la Ley 19.044.

(**) Se refiere a los artículos 339, 352 y 353 del Volumen I del Digesto Departamental.


Las exigencias establecidas en los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente ley(*), rigen como mínimas con carácter general, sin perjuicio de que los límites y condiciones establecidas en ellos, puedan ser superados por exigencias más estrictas todavía en las disposicio­nes municipales de las respectivas jurisdicciones.

FuentesObservaciones
art. 17
Nota:

Ver: (*) Se refiere a los artículos 350, 351, 352 y 353 del Volumen I del Digesto Departamental.


Todo ensanche de ciudad, villa o pueblo, cual­quie­ra sea su carácter será considerado en la parte que se agrega al centro poblado existente, como formación de nuevo centro poblado a los efectos de la presente ley(*).

FuentesObservaciones
art. 18
Nota:

Ver: Se refiere a la Ley 10.723.


Todos los fraccionamientos y trazados efectuados en contravención a lo dispuesto por la presente ley(*) y las ordenanzas e instrumentos de ordenamiento territorial, serán absolutamente nulos, debiendo el Gobierno Departamental imponer las sanciones correspondientes a que refieren los artículos 10 y 11(**) de la presente ley.

FuentesObservaciones
art. 83
num. 1 lit. j)
art. 19
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 10.723.

(**) Se refiere a los artículos 347 y 348 del Volumen I del Digesto Departamental.


Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley(*).

FuentesObservaciones
art. 20
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 10.723.

Capítulo IV
Creación de Centros Poblados OSE y UTE Ley No. 13.493

Las autoridades públicas competentes no autorizarán ningún fraccionamiento de suelo urbano, creando nuevos lotes destinados a la construcción de vivienda u otros usos urbanos que no cuenten con los servicios habilitados de agua potable y energía eléctrica, posibilidad de conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los servicios generales de pavimento, red de alcantarillado y alumbrado público.
Al iniciarse el trámite tendiente a obtener autoriza­ción para efectuar el fraccionamiento deberá acompañarse la documentación que justifique la aprobación de OSE y UTE a los proyectos de instalaciones que les compete respecti­va­mente controlar, de los servicios especificados en el inciso anterior.

FuentesObservaciones
art. 83 num. 2
sustituye inc. 1.
art. 1
Nota:

La ley No. 18.308 de 30 de junio de 2008, art. 83 num. 2 sustituye el inc. 1.


Los fraccionamientos con el citado destino, ya autorizados o ejecutados o prometidos en venta carentes de abastecimiento de agua potable y servicio de luz eléctri­ca, serán provistos de dicho servicios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4º y siguientes (*).

FuentesObservaciones
art. 2
Nota:

Ver: (*) Se refiere a los artículos 361 a 368 del Volumen I del Digesto Departamental.


Prohíbese a los fraccionadores efectuar por sí o por medio de terceros, cualquier clase de contratación tendiente a transferir la propiedad de solares ubicados en fraccionamientos que no se encuentren aprobados en forma definitiva.

FuentesObservaciones
art. 1
art. 3
Nota:

Redacción dada por la Ley No. 15.452 de 26 de agosto de 1983.


La construcción de instalaciones de suministro de energía eléctrica será exigible siempre que UTE asegure que este servicio podrá cumplirse dentro del plazo de un año, computable a partir de la fecha de librarse a la venta el respectivo fraccionamiento. La circunstancia de que asegu­re o no el suministro de energía eléctrica se acreditará mediante certificación que expedirá UTE.

FuentesObservaciones
art. 4

Los fraccionadores y los terceros a que refiere el artículo 3o. de la presente ley(*), que in­frinjan dicha norma, serán pasibles de una multa equivalen­te al valor venal de cada solar que hubiere sido irregularmente negociado, la que beneficiará por partes iguales al com­pra­dor y a la respectiva Intendencia Municipal, debiéndose fijar dicho valor por perito designado por la sede jurisdiccional competente, siguiéndose el procedimiento esta­blecido por los artículos 747 y siguientes del Código de Procesamiento Civil. Todo ello sin perjuicio de someter a los responsables a la Justicia Penal atento a lo dispuesto por el artículo 347 del Código Penal.

FuentesObservaciones
art. 1
art. 5
Nota:

Redacción dada por la Ley No. 15.452 de 26 de agosto de 1983.

Ver: (*) Se refiere a el artículo 360 del Volumen I del Digesto Departamental.


En aquellos fraccionamientos realizados con poste­rioridad a la ley No. 10.866, de 25 de octubre de 1946 (Ley de Centros Poblados), en los que los Gobiernos Depar­tamentales respectivos hayan obligado a dotar del servicio de agua potable y de luz eléctrica y el mismo no hubiera sido realizado en las condiciones establecidas por dicha ley y aceptado por las autorida­des municipales, se crea una retención sobre los saldos o cuotas impagas, por concepto de contribución de mejoras, equivalente al costo de las instalaciones del servicio respectivo, destinado a solventar los gastos que su instalación demande.
Dicha contribución se recabará en un porcentaje igual al 50% (cincuenta por ciento) de las cuotas o saldos al momento de la promulgación de la presente ley(*). Los Bancos, Oficinas y particulares administradores, realizarán dicha retención la que será vertida en la cuenta que los respec­tivos Concejos Departamentales abrirán y controlarán en el Banco de la República Oriental del Uruguay, que se denominará "Fondo para el suministro de Agua Potable y luz eléctrica en el Barrio Nº..."

FuentesObservaciones
art. 6
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 13.493.


Quedará exento de esa contribución aquel vendedor omiso en la ejecución de las obras que construyera las instalaciones necesarias y pusiera en funcionamiento del servicio, en un todo de acuerdo con las directivas dadas en la presente ley, en el plazo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha de su promulgación.
OSE y UTE fiscalizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior y darán cuenta al respectivo Concejo Departamen­tal.

FuentesObservaciones
art. 7

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º(*), los Concejos Departamentales procede­rán a embargar la totalidad de las cuotas, constituyendo título ejecutivo a dichos efectos la constancia que expi­dan las autoridades ejecutivas comunales.

FuentesObservaciones
art. 8
Nota:

Ver: (*) Se refiere a los artículos 363 y 364 del Volumen I del Digesto Departamental.


Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley(*):
A) Los fraccionamientos en zonas balnearias y en zonas de habitación no permanente, así declaradas por la autoridad competente.
B) Los fraccionamientos que se realicen por causa de trasmisión a título universal de bienes por sucesión, siempre que el número de solares no sea superior al número de coherederos.
Estas excepciones no regirán, sin embargo, para el cumpli­miento de la obligación prevista en el artículo siguiente.

FuentesObservaciones
art. 9
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 13.493.


En toda subdivisión de tierras comprendida en la presente ley(*), y cuando el predio a fraccionar conste de un área superior a las tres hectáreas, el agrimensor operante recabará ante UTE la determinación de las áreas necesarias para el emplazamiento de futuras sub-estaciones y ante OSE la determinación de las áreas necesarias para el emplaza­miento de las instalaciones de agua, áreas ambas que serán previstas en el fraccio­namiento y cedidas en forma gratui­ta en el momento que dichos organismos lo determinan.

FuentesObservaciones
art. 10
Nota:

Ver:  (*) Se re refiere a la Ley 13.493.


Facúltase al Banco de República Oriental del Uruguay para conceder un crédito de hasta pesos 5.000.000 (cinco millones de pesos) a Obras Sanitarias del Estado y al Instituto Geológico del Uruguay a los efectos de que, vencidos los ciento veinte días a que se refiere el ar­tículo 7º(*), se puedan iniciar de inmediato los trabajos tendientes al suministro de agua potable.
La amortización y el pago de los intereses de este présta­mo se atenderán con la retención establecida en el artícu­lo 6º(**) de esta ley(***).

FuentesObservaciones
art. 11
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 364 del Volumen I del Digesto Departamental.
(**) Se refiere al artículo 363 del Volumen I del Digesto Departamental.

(***) Ley 13.493.

Capítulo V
Salida del Dominio Departamental

Las tierras municipales a que se refiere la Ley No. 4.272, de 21 de octubre de 1912, se considerarán definitivamente salidas del dominio munici­pal, siempre que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco años y que esa posesión conste de documento público o auténtico.
Las sobras de las tierras que ampara el inciso ante­rior, también se considerarán salidas del dominio munici­pal, siempre que no excedan del quince por ciento del área referida, en los títulos respectivos. Si el sobrante fuera mayor, en la parte que exceda de ese quince por ciento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente.

FuentesObservaciones
art. 524

Cuando se trate de poseedores que no tengan posesión de 45 años, acreditada en la forma del inciso 1º del artículo precedente y de poseedores cuyo sobrante extra título exceda del quince por ciento del área titula­da, podrán obtener la salida del dominio municipal, pagan­do al Municipio tantos 45 avos del valor fiscal vigente al momento de iniciar la gestión, como años enteros faltaren para completar dichos 45 años.
En lo pertinente serán aplicables las disposicio­nes de la ley No. 4.272 y concordantes.

FuentesObservaciones
art. 525
Capítulo VI
Normas sobre bienes inmuebles de las zonas sub-urbana y rural de Montevideo Ley No. 13.939 (parcial)

Previamente a toda enajenación, promesa de compraventa, inscripta o no, cesión, y en general toda operación sobre bienes inmuebles ubicados en las zonas suburbana y rural del departamento de Montevideo cuya superficie sea inferior a las exigencias mínimas que establece la legislación nacional y departamental en materia de fraccionamientos, las partes deberán suscribir ante la Intendencia Municipal de Montevideo, una certificación expedida por ésta, en la que conste las condiciones en que puede ser utilizado dicho bien, con arreglo al ordenamiento jurídico en materia de fraccionamiento y centros poblados.

Lo dispuesto en el inciso anterior será obligatorio, cualquiera sea la superficie de los inmuebles ubicados en las zonas mencionadas, cuando se trate de operaciones sobre cuotas en condominio.

El ejemplar suscrito por las partes quedará depositado para su registro en la Intendencia Municipal de Montevideo y ésta entregará a cada una de ellas una copia certificada.

La omisión de lo dispuesto precedentemente operará, a pedido de parte, la nulidad del respectivo contrato. El derecho a solicitar la nulidad caducará a los cinco años de celebrado el contrato.

FuentesObservaciones
art. 14

Toda enajenación, promesa de compraventa inscripta o no, cesión y, en general, toda operación sobre cuotas indivisas sobre bienes inmuebles ubicados en las zonas suburbanas o rural del departamento de Montevideo, con destino a la formación de centros poblados o de núcleos de viviendas, con violación de las normas nacionales o departamentales que regulan la subdivisión de la tierra, será sancionada con una multa equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del importe de la operación respectiva, considerada en su totalidad.

Se presume que las contrataciones a que se refiere el inciso anterior conducen a la formación de un centro poblado o de un núcleo de viviendas y que, en consecuencia se hace pasible de sanción, cuando circunstancias tales como el número de operaciones concertadas respecto de un mismo inmueble, el precio fijado a cada cuota indivisa, la publicidad desarrollada fomentando aquéllas y demás elementos de análogo carácter, así como lo indiquen.

La multa se aplicará y hará efectiva por la Intendencia Municipal de Montevideo en vía de apremio y recaerá por mitades en la persona física o jurídica, promotora de la negociación, y en el o los profesionales intervinientes.

En caso que por resistencia de los infractores no pudiera fijarse el monto de la negociación, éste será estimado de oficio por la Intendencia Municipal de Montevideo.

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art. 15

Las personas jurídicas que violan lo preceptuado en el artículo 14 (*), o realicen las operaciones a que se refiere el artículo 15 (**), perderán su personería jurídica. La Intendencia Municipal de Montevideo remitirá los antecedentes al Poder Ejecutivo a los efectos de la cancelación de las inscripciones correspondientes.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la personería sólo subsistirá para el cumplimiento de los actos requeridos para su liquidación.

Los directores de las mismas responderán personal y solidariamente de los daños y perjuicios causados a terceros y por las sanciones patrimoniales que se apliquen a aquéllas.

Quedarán eximidos de esa responsabilidad, los directores que hubieren dejado constancia en acta de su voto negativo a que se realicen los actos violatorios de la presente ley (***) (****).

FuentesObservaciones
art. 16
Nota:

Ver: (*) Se refiere al artículo 371 del Volumen I del Digesto Departamental.
(**) Se refiere al artículo 372 del Volumen I del Digesto Departamental.

(***) Ley 13.939.

(****) Ver Decreto JDM Nº 31.667 de 25 de abril de 2006 y Decreto JDM Nº 35.834 de 7 de marzo de 2016.


La Intendencia Municipal de Montevideo ejercerá las competencias establecidas en el numeral 26 del artículo 35 de la ley No. 9.515 de 28 de octubre de 1935 (*) sobre toda clase de edificación en las zonas urbanas, suburbanas y rural del departamento.(**)

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art. 17
Capítulo VII
Código de Aguas (parcial)

Las aguas del dominio público y sus álveos pertenecen al Estado, salvo aquellas que, por sus características o por disposición de una ley, deben considerarse del dominio públicos de los Municipios.
Las demás personas públicas quedan excluidas de la titularidad de dichos bienes del dominio público.

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art. 16

Pertenecen al dominio público las aguas pluviales que escurren por torrentes y ramblas cuyos cauces sean del mismo dominio.

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art. 20

Pertenecen al dominio público las aguas manantiales que nacen continua o discontinuamente en terrenos de dichos dominio, aunque salgan de ellos. Podrán, no obstante, los propietarios de los predios por los que entraren a correr dichas aguas aprovecharlas, por orden sucesivo, para usos domésticos o productivos, mientras la autoridad titular del dominio correspondiente las deje correr.
Aun cuando esas aguas corran por terrenos privados, podrá también cualquier persona aprovecharse de ellas para los fines señalados en los numerales 1° y 2° del artículo 163(*), con tal de que haya camino público que las haga accesibles.

FuentesObservaciones
art. 25
Nota:

Ver: (*) Se refiere a la Ley 14.859.


Integran el dominio público las aguas de los ríos y arroyos navegables o flotables en todo o parte de su curso, así como los álveos de los mismos.
Se entenderán por ríos y arroyos navegables o flotables aquellos cuya navegación o flotación sea posible natural o artificialmente.

FuentesObservaciones
art. 30

El Poder Ejecutivo declarará los ríos y arroyos que deban considerarse navegables o flotables en todo o en parte de su curso.
La declaración legal o administrativa de la navegabilidad o flotabilidad de los cursos de agua no atribuye a los mismos y a sus álveos la calidad de bienes del dominio público, sino que meramente confirma su pertenencia a dicho dominio.

FuentesObservaciones
art. 31

Integran el dominio público las aguas y álveos de los lagos, lagunas, charcas y embalses que ocupan terrenos de propiedad del Estado y se alimentan con aguas públicas.
Los restantes son de propiedad fiscal o particular, según ocupen terrenos fiscales o particulares.

FuentesObservaciones