Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales respectivos la competencia para autorizar toda creación de predios cuando así lo establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos los casos, para autorizar la subdivisión de predios con destino directo o indirecto a la formación de centros poblados y para aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento o formación de centros poblados.

Se entiende que constituye trazado o apertura de calles, caminos o sendas que implican amanzanamiento o formación de centros poblados, según el art. 1º. aquél trazado o apertura de vías de tránsito que alcance a formar tres o más islotes o manzanas contiguas de tierras de propiedad privada inferiores en superficie a veinte hectáreas cada una, siempre que esta formación no resulte de los trazados oficiales de la red de caminos naciona­les, departamentales o vecinales.

Establecerán igualmente dentro del mismo plazo, los límites de las zonas pobladas existen­tes no reconoci­das oficialmente, que de acuerdo a las definiciones de la presente ley(*) deben considerarse como constituyendo de hecho centros poblados, establecidos con tales caracteres con anterioridad a la publicación de esta misma ley(*). Para esta determinación podrán requerir la investigación y el infor­me de la Dirección de Topografía. Estos centros poblados existentes de hecho, se considerarán centros poblados "provisionales" hasta que, cumplidas las exigen­cias de la presente ley, puedan ser reconocidos y autori­zados defini­ti­vamente o por el contrario, sean declarados como inade­cua­dos o insalubres y su expropiación de utili­dad pública, conforme a las leyes vigentes.

Antes de proceder a la autorización para la subdivisión de predios con destino a la formación de centros poblados o para abrir calles, caminos o sendas con fines de amanzanamiento o de formación de dichos centros, sea la iniciativa oficial o privada, los Gobiernos Depar­tamentales requeri­rán, en cada caso, de los mismos interesa­dos o de las oficinas técnicas públicas dependientes del Poder Ejecutivo y/o de los propias muni­cipales, los datos siguientes de carácter técnico y docu­mental que constitui­rán los antecedentes respectivos:
a) Constitución geológica del suelo; existencia de aguas superficiales y probabilidad de existen­cias de aguas subterráneas y recursos minerales probables.
b) Naturaleza del suelo agrícola circundante a distancia no mayor a cinco kilómetros y su aptitud para determi­nados cultivos.
c) Vías existentes y proyectadas de comunicación, carrete­ras, caminos, vías fluviales o marítimas, vías férreas y sus estaciones, aeródromos, etc. Sus distancias y posicio­nes con relación al centro poblado proyectado.
d) Relevamiento del terreno destinado a centro pobla­do con establecimiento de curvas de nivel a cada dos metros como mínimo y expresión de los principales acciden­tes geográfi­cos.
e) Aforo medio de la hectárea de tierra en la región.
f) Tasación de las mejoras existentes dentro del área destinada a centro poblado.
g) Memorándum que consigne los motivos económicos, socia­les, militares, turísticos, etc. que justifiquen la forma­ción de centro poblado.
h) Altura media de la más alta marea o creciente, si se tratara de cursos de aguas.
i) Extensión y ubicación de los terrenos destina­dos a fomento y desarrollo futuro del centro poblado.

Llenados los requisitos a que se refieren los ar­tículos anteriores (7º y 8º)(*), el Intenden­te respectivo someterá a la decisión de la Junta Departamental, la autorización para la formación del corres­pondiente centro poblado.
En caso de resolución afirmativa de la Junta, el Intenden­te procederá a su aceptación oficial, aprobando en el mismo acto el plano de trazado urbanístico y el plano de des­linde de predios.
En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por un profesional especializado en ordenamiento territorial o urbanismo y por un agrimensor.
Los datos de ambos planos podrán estar expresados en un solo documento gráfico con las firmas de los técnicos mencionados.

La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente ley relativas al fraccionamiento o la enajenación de predios o aperturas de vías de tránsito, sin perjuicio de la nulidad absoluta del fraccionamiento y las ventas posteriores de predios parte del mismo, serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), con destino al Gobierno Departamental correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que la transgresión pudiera producir. Las multas se harán efectivas por las Intendencias Municipales y serán aplicadas solidariamente a todos los involucrados y profesionales intervenientes.
Quedan exceptuados de estas sanciones y de las del artícu­lo anterior, los fraccionamientos y planos que se refieran a enajenaciones, particiones, divisiones de hecho o com­promisos de venta, anterio­res a la promulga­ción de esta ley, así como las enajenaciones y parti­ciones que se refieren a planos de fraccionamiento o deslinde aprobados o inscriptos en las Oficinas de Topografía o Catastro, con la misma anterioridad. En todos los casos la anterioridad de los hechos menciona­dos, deberá constar con fecha cierta. Se entiende por "divisiones de hecho" las que corres­pondan a división de padrones o a existencia en un predio de edificacio­nes totalmente independientes entre sí, que hubieran sido oportunamente aprobadas por la autoridad municipal respectiva. Los vendedores de terrenos a plazo que no hubieran cumplido con los requisitos de la ley relativos a las ventas a plazo en las operaciones y com­promisos anteriores a la ley de 21 de abril de 1946, ten­drán un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley, para ponerse en las condiciones legales. De no hacerlo así sus operaciones no serán reconocidas como anteriores y estarán obligados a indemnizar a los compra­dores, por los perjuicios que les ocasione la aplica­ción de las disposicio­nes legales.

Toda formación de centro poblado estará sujeta a los siguientes requisitos mínimos:

1. Derogado

Nota: El num.1 fue derogado por la Ley No.18.308(*) promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. g).

2. Derogado

Nota: El num. 2 fue derogado por la Ley No.18.308(*) promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. g).

3. Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o que estén a nivel inferior a 50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas.
Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del dominio público, dentro de las tierras abarcadas por una faja costera de 150 metros de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la línea de ribera.
En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 (ciento cincuenta) metros determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público.
No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo.
Nota: El num. 3 tiene su redacción actual por lo dispuesto en la Ley No.18.308(*) promulgada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008, art. 83 num.1 lit. g).

4. Las tierras destinadas a centro poblado y a tie­rras de agricultura anexas, tendrán títulos sanea­dos.

5. Todo centro poblado deberá constituir, por lo menos, una unidad vecinal que permita el manteni­miento de una escuela primaria y de los servicios públicos indispen­sa­bles.
A este efecto, el centro poblado tendrá como mínimo cien hectáreas de superficie, si es centro poblado de huertos, y  si es pueblo, villa o zona urbana o suburbana no incorporado sin solución de continuidad a otro centro poblado mayor,  tendrá como mínimo treinta hectáreas.
Ninguna unidad vecinal podrá ser cortada por carrete­ras nacionales o departamentales de tránsito rápido o por vías férreas.
En la delineación y amanzanamiento de cada nuevo centro poblado, se indicarán, de antemano, el lugar y área que corresponderá a la escuela primaria local.

Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11 (*), toda división de tierras que implique crear predios independientes menores en superficie a 2.000 (dos mil) metros cuadrados si no cuenta con sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de drenaje pluvial, de suministro de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentos, construidos según lo autorizado y recibido por el organismo ejecutor correspondiente.

Decláranse válidos los planos de fraccionamiento aprobados por los Gobiernos Departamentales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº18.308, de 18 de junio de 2008, y con anterioridad a la promulgación de la presente ley(*), así como los actos y negocios jurídicos celebrados en base a dichos planos, cuando éstos o aquéllos hayan sido realizados en infracción a lo dispuesto por los artículos 2º, 15 y 16 de la Ley Nº 10.723(**), de 21 de abril de 1946, y sus modificativas.En dichos casos, no serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Nº 10.723.

Todo ensanche de ciudad, villa o pueblo, cual­quie­ra sea su carácter será considerado en la parte que se agrega al centro poblado existente, como formación de nuevo centro poblado a los efectos de la presente ley(*).