La Junta Asesora estará compuesta de tres miembros, quienes duraran cinco años en sus funciones, a partir de su designación por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, con previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral.
Los miembros de la Junta Asesora cesarán en sus funciones cuando tomen posesión del cargo quienes hayan de sucederlos, conforme a las normas de designación señaladas en el inciso anterior. Ello, sin perjuicio de los trámites pertinentes para proveer la nueva designación.
Por igual período será prorrogado el término de la reserva de cargo (artículo 1º del decreto ley 14.622 de 24 de diciembre de 1976 modificado por el artículo 12 de la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001) que habilita el artículo 335 de la ley 17.296 mencionada, a cuyo efecto la Junta Asesora comunicará tal prórroga al órgano correspondiente a que pertenece el cargo reservado.

La Junta Asesora es un órgano del Estado que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo, al que se vinculara a través del Ministerio de Educación y Cultura.
Adoptara sus decisiones por mayoría y su representación será ejercida por el miembro que a esos efectos designe.
Sus resoluciones administrativas serán susceptibles de ser recurridas mediante recurso de revocación interpuesto directa­mente ante la misma y recurso jerárquico para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiara al recurso de revocación. (incs. 1 y 2 del Ar­tículo 317 de la Constitución de la República).

Actuará bajo la superintendencia del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sin menoscabo de las facultades disciplinarias que -el num. 1 del art. 4 de la Ley No. 17.060- atribuye al Poder Ejecutivo y de lo establecido en el artículo anterior de este Decreto.
En el marco de dicha superintendencia, la Junta Asesora infor­mara mensualmente, por cualquiervía idónea, al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sobre las actividades desar­rolladas en relación a los cometidos previstos en los apartados A y B del artículo 11 del presente, a los efectos del mejor y más correcto ejercicio de las potestades que la Ley 17.060 asigna a ambos órganos.
Asimismo, la Junta Asesora pondrá en conocimiento del Fiscal de Corte toda resolución que ella adoptare sobre impedimentos, excusas o recusaciones que, a juicio del Cuerpo, pudieren tener respecto de los asuntos a consideración del mismo (Art. 7 del presente Decreto).
La Junta Asesora presentara ante la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación las propuestas relativas a la contratación de personal, de bienes y servicios. El Fiscal de Corte producirá, dentro del plazo de diez días, informe sobre la correcta adecuación entre lo solicitado y los cometidos que aquella tiene asignados. Todo ello será puesto a conocimiento del Ministro de Educación y Cultura, para su resolución.

Las denuncias que cualquier interesado hiciere sobre comisión de delitos incluidos en el artículo 1 del presente decreto(*) serán presentadas ante el órgano judicial competente o bien ante el Ministerio Público, según cor­responda conforme al ordenamiento procesal vigente al momento de su formulación.
Las denuncias o noticias que se presentaren ante la Junta Asesora por los mencionados delitos no podrán ser objeto de conocimiento ni de calificación por dicho órgano; deberán ser inmediatamente cursados a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, a los efectos de la intervención del magistrado competente del Ministerio Público (numeral 3 del articulo 4 de la ley 17.060 y, en su caso, artículo 230 de la ley 16.893, de 16 de diciembre de 1997).

El cometido de asesoramiento de la Junta Asesora no será excluyente de la facultad del Juez de la causa de reque­rir otros dictámenes periciales, conforme con el régimen esta­blecido en los artículos 177 y ss. del Código General del Proceso.
Si el Ministerio Público dispusiere requerir dicho asesoramien­to al órgano judicial, deberá hacerlo conforme lo establece el artículo 134 del decreto ley 15.032, del 7 de julio de 1980 y, en su caso, el inciso tercero del artículo 243.2 de la ley 16.893.

El Poder Ejecutivo y los titulares de los distin­tos organismos a los que alcanzare la aplicación de la Ley No. 17.060 tendrán el deber de comunicar a la Junta Asesora la nómina de los cargos y funciones contratadas comprendidos en los artículos 10 y 11 de dicha ley, dentro del plazo de treinta días de publicado este decreto en el Diario Oficial. Las alteraciones producidas en la nómina de cargos o funciones contratadas en su respectivo organismo deberán también ser comunicadas a la Junta Asesora dentro del término de treinta días de acaecidas desde el ingreso o la desvinculación fun­cional.
Sin perjuicio de ello, la Contaduría General de la Nación, las Contadurías Centrales de los demás Poderes del Estado, el Registro de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, los órganos y organismos estatales así como las personas públicas no estatales a que se aplica esta ley suministrarán, a requerimiento de la Junta Asesora, la informa­ción señalada en el inciso anterior.

El plazo de cómputo de la obligación establecida en el artículo 24(*) de este decreto para la presentación de la declaración jurada inicial será de treinta días corridos siguientes a los sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo o función contratada. Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la fecha del estado de situación patrimonial correspondiente a la declara­ción inicial, siempre que el funcionario continuare a esa fecha en el ejercicio del cargo o función contratada.
Toda vez que cesare, el funcionario deberá presentar una decla­ración final dentro de los treinta días de su desvinculación. En caso de ingreso del funcionario a otro cargo o función contratada, también comprendido en los artículos 10 y 11 de la Ley No. 17.060, no se requerirá declaración final del cese ni inicial del ingreso, manteniendo vigencia la declaración anterior durante el período de dos años a que refiere el inciso precedente de este artículo.

Las declaraciones juradas serán presentadas en sobre cerrado ante la Junta Asesora. En la carátula de dicho sobre, a su vez, lucirá una declaración firmada por el funcionario en la que confirma que en su interior incorporó la decla­ración jurada que le exige este decreto así como, en su caso, la de su cónyuge y, si correspondiere, la de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. Dicho sobre será recibido por la Junta Asesora o por funcionario competente autorizado por la misma, el que en esa ocasión firmará la nota de cargo y expedirá la constancia de su recepción.
El sobre cerrado también podrá ser recibido por la autoridad de la oficina en que revista el funcionario, que haya sido expresamente designada al efecto por la Junta Asesora para recibir las declaraciones jurada. En tal caso, dicha autoridad quedará obligada personalmente a remitir a la Junta Asesora, bajo su responsabilidad, las declaraciones juradas recibidas. Dejará constancia de que la firma de quien suscribe el sobre fue puesta en su presencia por quien dice ser el funcionario declarante y que agrega la fotocopia de su cédula de identidad debidamente inicialada.
La presentación ante la Junta Asesora, del declarante o de la autoridad designada, deberá ser personal o mediante apoderado en legal forma. Pero, en caso de que no pudiere así verificar­se, se requerirá que la firma que luce en la carátula del sobre haya sido certificada por escribano público en el país o por cónsul uruguayo acreditado en el extranjero, lo que se adjunta­rá al sobre cerrado. Se requerirá la constancia de la recepción de la declaración jurada en las condiciones exigidas, a fin de acre­ditar el cumplimiento de la obligación establecida en el artícu­lo 24(*) de este decreto.
La Junta Asesora, que tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas presentadas, tomará las medidas necesarias a fin de mantener la reserva de la identificación del declarante así como del contenido del sobre.

La Junta Asesora llevará un Registro de las declaraciones juradas de los funcionarios referidos en los artículos 10 y 11 de la Ley No. 17.060 así como proporcionará los instructivos y formularios que correspondan para la correc­ta declaración jurada. Los instructivos deberán ser publicados en el Diario Oficial.
Los formularios e instructivos requeridos habrán de ser retirados en la sede de la Junta Asesora, solo serán enviados a las respectivas reparticiones públicas en el caso de los fun­cionarios determinados en el artículo 10 de la Ley No. 17.060 así como a aquellos que desempeñan el cargo o función contratada en el interior o en el exterior del país.

Ante la omisión de presentar la declaración jurada en los casos establecidos en los artículos 24 y 27(*) de este decreto, la Junta Asesora cursará aviso personal a los funcionarios omisos, a cuyo efecto será suficiente que el mismo haya sido notificado en el domicilio personal del funcionario, o en la respectiva oficina de personal o quien cumpla esta función. Si en los quince días posteriores a la recepción del aviso por el funcionario el mismo no cumpliere con la obligación de presentar la declaración jurada o no justificare un impedimento legal, quedará en condiciones de ser incluido en el listado de funcionarios omisos, que cuatrimestralmente, la Junta Asesora publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, identificando el nombre y cargo de dichos funcionarios. Asimismo, la omisión constituye falta grave a los deberes inherentes a la función pública, lo que la Junta Asesora comunicará al jerarca respectivo o, en su caso, al órgano de control.