(Impuesto). Impuesto es el tributo cuyo presupuesto de hecho es la prestación pecuniaria que el Gobierno Departamental exige imperativamente a los contribuyentes, sin contraprestación determinada.

(Tasa). Tasa es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por la prestación de un servicio determinado o cuando se ha provocado una actividad específica del Gobierno Departamental hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación y su monto deberá guardar una razonable equivalencia con las necesidades o costo total del servicio.

(Definición de Viviendas de la Intendencia). Viviendas de la Intendencia. A los efectos tributarios, entiéndese por viviendas de la Intendencia:

a) aquellas construidas directamente por la Intendencia;

b) las construidas por convenio con instituciones públicas o privadas en el marco de vivienda de interés social;

c) las realizadas a través de planes especiales urbanos de valor estratégico en los que la Intendencia haya intervenido aportando no sólo el terreno sino también la asistencia técnica en la realización o ejecución del proyecto.

No serán consideradas tales las vivienda construidas directa o indirectamente por otros organismos públicos o por entidades privadas, aún cuando éstas se levanten en suelo de la Intendencia.

(Vencimiento del plazo de cobro no descentralizado). Cuando el vencimiento del plazo término establecido para el pago de cualquier obligación tributaria departamental coincidiere con día no laborable, cualquiera fuese la circunstancia, el contribuyente responsable u obligado a abonar el tributo, podrá efectuarlo sin incurrir en mora, el primer día hábil siguiente.

Cuando por error u omisión imputable a la Administración, el contribuyente se hubiere visto impedido de pagar en tiempo sus adeudos tributarios, precios o multas, el Ejecutivo Departamental podrá dejar de aplicar las multas y los recargos correspondientes y cobrar únicamente la deuda actualizada por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), operada entre el mes que debía efectuarse el pago y el inmediato anterior al que este se haga efectivo. En la misma resolución la Administración fijará plazo para el pago en estas condiciones.

(Solidaridad en la deuda). Estarán solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales sé verifique un mismo hecho generador.

En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por la ley.

En cumplimiento de un deber formal por uno de los deudores no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan.

Asimismo, la exención o remisión de la obligación libera a todos, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona, en cuyo caso la obligación se reducirá en la parte proporcional al beneficiado.

(Solidaridad de los sucesores). Los adquirentes de casas de comercio y demás sucesores en el activo y pasivo de empresas en general, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesores; esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo. La responsabilidad cesará al año a partir de la fecha en que la oficina recaudadora tuvo conocimiento de la transferencia.

La solidaridad establecida en el art. 134 (*) del Decreto Departamental No. 22.488 de 18 de noviembre de 1985 se extiende a los promitentes compradores con promesa inscripta y a los mejores postores en remate aprobado judicialmente.

No operará esta solidaridad cuando los muebles, inmuebles o derechos que recaigan sobre los mismo fueran adquiridos en remate judicial realizado como consecuencia de un juicio ejecutivo tributario promovido por esta Intendencia.(*)
 

(Domicilios constituidos). Los contribuyentes y responsables deberán fijar un domicilio a los efectos tributarios con la conformidad de la oficina recaudadora.

Esta conformidad se presume si no se manifiesta oposición dentro de los sesenta días de fijado el domicilio.

El domicilio así constituido es válido a todos los efectos tributarios y será de aplicación aún en sede judicial mientras no sea cambiado ante los estrados.

En cualquier momento en que el domicilio constituido resultare inconveniente para la tarea de la Administración, ésta podrá requerir la constitución de un nuevo domicilio.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 26(*) y por los incisos primero, segundo y tercero de este artículo, en cualquier actuación se podrá constituir un domicilio que tendrá validez a los solos efectos de esa tramitación administrativa.

(Creación. Tribunal de Quitas y Esperas). Créase un Tribunal de Quitas y Esperas, integrado por 5 (cinco) miembros, los que serán designados por el Intendente conjuntamente con sus suplentes respectivos

En función de las circunstancias de cada caso, el Tribunal asesorará al Intendente sobre la concesión de quitas, esperas o fórmulas de pago o sobre el rechazo de la petición.

En caso de quitas, la solicitud se remitirá a la Junta Departamental para su correspondiente anuencia.

El Ejecutivo Comunal remitirá semestralmente a conocimiento de la Junta Departamental una relación de los asuntos considerados.

En función de las circunstancias de cada caso, el Tribunal de Quitas y Esperas creado por el Decreto Nº 30.044 de 2 de setiembre de 2002, asesorará al Intendente sobre la concesión de quitas, esperas o fórmulas de pago, o sobre el rechazo de la petición, respecto de deudas generadas por tributos inmobiliarios o precios que justifiquen, por excepcionalidad, un tratamiento diferenciado.

Como condiciones para el otorgamiento de las Quitas y/o Esperas el Tribunal tendrá en cuenta:

a) el patrimonio y los ingresos del solicitante y de su grupo familiar, mediando declaración jurada sobre esos aspectos cuando el valor real del inmueble sea inferior a $ 400.000,00, pudiendo el Tribunal solicitar certificación notarial del estado patrimonial e ingresos de los mismos, cuando el valor real fuese superior al mencionado;

b) que se trate de tributos generados por viviendas modestas, entendiéndose por tales las que estén aforadas en un valor real no superior a $ 800.000,00;

c) que se trate de viviendas destinadas a casa habitación del solicitante y de su grupo familiar, debiendo constituir, en todos los casos, la única vivienda de los mismos;

d) los buenos antecedentes como contribuyente del peticionante, condición que será juzgada en cada caso por el Tribunal, debiendo éste considerar la antigüedad de la deuda, pagos o convenios realizados, cumplimiento de las obligaciones en otros tributos o tarifas y cualquier otro elemento concordante;

e) debe tratarse en todos los casos de propietarios, poseedores u ocupantes de las viviendas por las que se hayan contraído las deudas a estudio del Tribunal.

Los valores referidos en los literales a) y b) corresponden a enero de 2008 y serán actualizados por igual índice con el que se actualizan los valores reales de los inmuebles.

Las condiciones establecidas en los literales a) y b) no regirán para la solicitud del beneficio que se establece en el literal d) del artículo 6o.(*)

El Tribunal de Quitas y Esperas podrá citar a los solicitantes cuando lo entienda necesario, a efectos de requerir ampliación de los datos o informaciones proporcionados, así como efectuar inspecciones oculares para comprobar los dichos de aquéllos.

Se considerará que desisten de la solicitud en los siguientes casos:

a) cuando sean citados hasta por segunda vez y no se presentaran en la fecha fijada por el Tribunal.

b) cuando la Administración les solicite la presentación de determinada documentación y la misma no sea presentada dentro del plazo de un mes de solicitada.

c) cuando no se permita realizar la inspección ocular fijada por el Tribunal.

El Tribunal de Quitas y Esperas podrá sugerir el otorgamiento de alguno o algunos de los siguientes beneficios:

a) Quita de hasta un 100% de las multas y recargos, con actualización de las deudas resultantes de la aplicación de la quita, de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC) al momento del pago efectivo o de la firma del convenio;

b) En casos debidamente justificados, se podrá otorgar una quita de hasta el 50% sobre el monto de la deuda originaria actualizada por el Indice de Precios al Consumo (IPC);

c) Espera con un plazo máximo de dos años, improrrogable, actualizándose el monto adeudado más sus multas y recargos por el Indice de Precios al Consumo (IPC) desde el momento en que comience dicho plazo de espera;

d) Suspender, previa anuencia de la Junta Departamental de Montevideo, el incremento que se hubiese producido a partir del ejercicio 2008 sobre el Impuesto de Contribución Inmobiliaria de inmuebles de propiedad de pasivos siempre que dicho incremento haya sido superior en términos porcentuales, al operado en los ingresos de su núcleo familiar. Dicha suspensión estará condicionada a mantenerse al día en el pago del tributo y el incremento suspendido deberá estar abonado necesariamente al momento de la venta del inmueble. Para acceder a este beneficio, los ingresos del núcleo familiar del pasivo no podrán superar la veinte Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC).-

Los deudores beneficiados con una quita y/o espera deberán desde su notificación abonar la totalidad de los tributos o precios que se generen en el futuro a favor de la Intendencia, dentro de los plazos establecidos con carácter general para su pago. El incumplimiento de dichos pagos, por dos períodos consecutivos producirá la pérdida de la quita y/o espera otorgadas.

Para el caso de cancelación al contado de las deudas reliquidadas se le otorgará al contribuyente un plazo de 30 días corridos a partir de la notificación de la resolución favorable, para el pago de su adeudo. Vencido dicho plazo caducará automáticamente la resolución, volviendo la situación a su estado de origen.

Una vez otorgado el amparo a los términos del Decreto 30.044, no se podrán realizar gestiones judiciales o extrajudiciales tendientes al cobro de las deudas de que se trata mientras dure el beneficio y respecto solamente de las deudas comprendidas. Aquellas deudas respecto de las cuales ya se había promovido juicio, éste se mantendrá en el estado en que se encuentre al momento del otorgamiento de la quita y/o espera la que deberá ser comunicada inmediatamente al Servicio de Gestión de Contribuyentes a esos efectos.

Asimismo el cobro de las deudas amparadas deberá comprender las costas de los procesos judiciales generadas hasta la fecha de su otorgamiento (Art. 688 del Código Civil). El Tribunal, en caso de entenderlo necesario, podrá sugerir el otorgamiento de facilidades para el pago de las aludidas costas.

En relación a los costos judiciales devengados por las actuaciones procesales necesarias para procurar el pago de los adeudos sobre los que se apliquen los beneficios del Decreto Nº 30.044, se aplicará el siguiente régimen:

A) Cuando se otorgue una quita, el porcentaje rebajado (que resultará de la aplicación de las diferentes alícuotas y la actualización por IPC), será descontado igualmente de la totalidad de los costos devengados por la deuda originaria, debiéndose imputar la rebaja de los costos en primer lugar al 40 % correspondiente a la Administración, y luego, en caso de exceder, al 60 % restante correspondiente a los funcionarios del Servicio que los recaude.

Los costos podrán abonarse al contado o hasta en la misma cantidad de cuotas que se otorgaron para el pago de la deuda, no pudiendo exceder de doce (12) consecutivas, actualizadas de acuerdo a la variación del Indice de Precio al Consumo (IPC).

B) Cuando el beneficio consistiese en una espera, el beneficiario deberá abonar los costos en una sola vez, dentro del correr del primer año de la espera, actualizados por el Indice de Precios al Consumo (IPC).

El Tribunal se pronunciará sobre cada caso considerado, por mayoría absoluta de sus integrantes. Quienes se hallen discordes con el pronunciamiento adoptado tendrán derecho a dejar constancia escrita de las razones de la discordancia.-

 El ámbito de los Directores Generales elevará la solicitud al Intendente en caso de entender que existen razones suficientes que justifiquen un tratamiento de excepción, a los efectos de su remisión a la Junta Departamental de Montevideo.
En caso contrario devolverá la solicitud al Tribunal a los efectos del trámite pertinente.(*)

Los beneficios que se otorguen a los contribuyentes en el marco de actuación del Tribunal de Quitas y Esperas, retrotraerán sus efectos a la fecha en que el solicitante haya completado la declaración jurada y agregado la totalidad de los recaudos que se le exijan. En el caso que fuera necesario la presentación de declaración jurada por otros titulares del bien o la agregación de otros documentos, se tendrá como fecha de comienzo de los beneficios, aquélla en que se hubiera formulado la última de las declaraciones juradas o aquélla en que se hubiera adjuntado los documentos complementarios requeridos

(Convenio de facilidades de pago). Amplíase de 36 a 48 meses el plazo máximo de que podrá disponer el Ejecutivo Comunal para establecer convenio de facilidades por precios y tributos departamentales impagos.

(Convenios de pago de tributos con carácter previo al vencimiento).- En los casos en que el contribuyente manifieste en forma previa al vencimiento de la deuda la imposibilidad de pago de la misma, facúltase a la Intendencia a celebrar con éste convenios de pago de tributos, en las condiciones que se establecerán en la reglamentación.

Las facilidades otorgadas permitirán que el pago se realice sin generar ni recargos por mora, en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, debiéndose abonar la primera de ellas simultáneamente con la suscripción del respectivo convenio de pago.

Los interesados deberán concurrir ante el Servicio de Gestión de Contribuyentes hasta el mismo día del vencimiento del tributo a los efectos de proceder al otorgamiento del respectivo convenio de pago, en el que se declarará la imposibilidad de hacer efectivo en forma parcial o total el pago respectivo.

En caso de pago parcial, cuando éste signifique el veinticinco por ciento (25%) o más de la deuda, se diferirá el pago de la primera cuota en treinta (30) días calendario.

No podrá hacer uso de este beneficio el contribuyente que no se encontrara al día en el pago del tributo o aquél que, habiendo suscrito un convenio del previsto en la norma que se reglamenta, lo hubiera incumplido.

(Posibilidad de disminuir o exonerar multas y recargos).- La Intendencia  podrá, por vía de excepción y en casos debidamente justificados, disminuir el pago de multas y recargos hasta en un 75%, previa anuencia de la Junta Departamental, siempre que la percepción del tributo no se encuentre asegurada por ningún otro medio y se efectúe al contado el pago de lo adeudado.

En ningún caso, la bonificación importará que lo adeudado al momento del pago, sea inferior a la deuda original actualizada por el Indice de Precios al Consumo.

Facultar a la Intendencia de Montevideo a reliquidar los recargos por mora en la forma establecida en el literal B del Artículo 53 del TOTID, sobre las deudas vencidas con anterioridad a la fecha indicada en el artículo 54 del TOTID que permanezcan impagas, en cuanto su aplicación resulte más favorable para el contribuyente, siempre que se haya pagado regularmente respecto de las mismas las obligaciones exigibles durante los últimos 12 (doce) meses, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. En estos casos, el recargo se calculará a partir de una tasa efectiva anual equivalente a la suma del coeficiente de variación del índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al año civil de su aplicación más la tasa media anual de interés del sistema financiero en unidades indexadas correspondiente a operaciones de préstamo para vivienda para familias vigente al 30 de noviembre de 2015.

Las deudas reliquidadas podrán ser financiadas hasta en 72 (setenta y dos) cuotas mensuales, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
En todos los casos, el atraso de tres o más meses consecutivos de cualesquiera de lascuotas de la financiación y/o de los débitos corrientes futuros, dará derecho a la Intendencia de Montevideo a hacer caer el régimen de facilidades otorgado, sin necesidad de comunicación ni intimación alguna, quedando sin efecto la reliquidación efectuada y reactivándose la deuda original de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de su exigibilidad.

Aprobar la siguiente reglamentación de los artículos 2 y 3 del Decreto No. 36.045 de fecha 8 de setiembre de 2016(*):
Artículo 1o.- Los recargos por mora generados por el atraso en el pago de tributos, precios, multas y otros ingresos departamentales, vencidos con anterioridad al primero de octubre de 2016 y que permanezcan impagos, con exclusión de los tributos, precios y sanciones administrados a través del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) creado por la Ley Nº 18.860 de 23 de diciembre de 2011, serán reliquidados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto No. 36.045 de fecha 8 de Setiembre de 2016, en la forma y con las condiciones que se establecen a continuación.
En estos casos, el recargo se calculará a partir de una tasa efectiva anual equivalente a la suma del coeficiente de variación del índice de precios al consumo (I.P.C.) que determine la Dirección Nacional de Estadísticas o quien cumpla sus funciones correspondiente al año civil de su aplicación más la tasa media anual de interés del sistema financiero en unidades indexadas correspondiente a operaciones de préstamo a familias para vivienda vigente al 30 de noviembre del 2015. Dicho recargo se devengará desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación.
La reliquidación antedicha queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
A) En el caso de tributos y precios departamentales con vencimientos periódicos corresponderá la aplicación siempre que el deudor haya pagado regularmente todas las obligaciones generadas y exigibles en los doce (12) meses anteriores a la fecha de su presentación. A los solos efectos de esta disposición se entenderá por pago regular el verificado hasta el último día del mes siguiente al respectivo vencimiento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones por mora que hubieren correspondido. Se tendrán en cuenta los doce meses calendario contados hacia atrás desde el último día del mes anterior a la presentación del contribuyente para acogerse a este régimen.
B) Cuando, en virtud del régimen de facturación dispuesto hasta la fecha por la Intendencia, el deudor se hubiere encontrado imposibilitado de pagar solamente las obligaciones generadas y exigibles en los doce (12) meses anteriores a la fecha de su presentación de forma independiente de la deuda anterior acumulada, igualmente podrá acceder a la reliquidación abonando previamente al contado dichas obligaciones con las sanciones por mora vigentes al momento de su exigibilidad.
C) Tratándose de tributos y precios con vencimientos no periódicos, o con vencimientos periódicos pero respecto de los cuales, a la fecha de la presentación del deudor, no sea posible la facturación referida en el literal anterior o no registren obligaciones generadas y exigibles en los últimos doce (12) meses, o en el caso de multas por infracción a los decretos departamentales, los recargos por mora serán reliquidados para su pago contado o financiación por el régimen previsto en el Decreto que se reglamenta a solicitud del interesado.-

Artículo 2o.- Se exonera de multas y recargos para su pago voluntario (contado o financiado) a las deudas por concepto de tributos y precios de emisión periódica de cuentas corrientes que se encuentren cerradas (“cuentas truncas”) al momento de la entrada en vigencia del Decreto que se reglamenta, actualizándose el monto por el coeficiente de variación del índice de precios al consumo (I.P.C.) que determine la Dirección Nacional de Estadísticas o quien cumpla sus funciones, desde el vencimiento de cada débito hasta el momento de la liquidación para su pago.-

Artículo 3o.- Las deudas reliquidadas de acuerdo a las disposiciones de los artículos que anteceden podrán ser financiadas hasta en setenta y dos (72) cuotas mensuales y consecutivas. Se aplicará un interés compensatorio sobre saldos igual a la tasa de recargos por mora vigente al momento del otorgamiento de las facilidades y un interés moratorio mensual capitalizable para el caso de incumplimiento a una tasa igual al recargo por mora para tributos y precios vigente al momento de su aplicación. El monto de cada cuota no podrá ser inferior al equivalente a unidades reajustables cero coma cincuenta (U.R. 0,50) a la fecha de su otorgamiento. La Dirección del Servicio Gestión de Contribuyentes podrá excepcionalmente autorizar convenios de pago con cuotas menores. En todos los casos, el atraso de tres o más meses consecutivos en el pago de cualesquiera de las cuotas de la financiación y/o de los débitos corrientes futuros, dará derecho a la Intendencia a hacer caer el régimen de facilidades otorgado, sin necesidad de comunicación ni intimación alguna, quedando sin efecto la reliquidación efectuada y reactivándose la deuda original de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de su exigibilidad.-

Artículo 4o.- Los deudores que hayan celebrado convenios de pago con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto que se reglamenta, aunque estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones y aún cuando no registren débitos impagos posteriores a los periodos incluidos en dicho convenio, podrán solicitar la anulación del mismo para el pago contado de la deuda reliquidada, o una nueva financiación y, en su caso, la consolidación de deuda posterior, siempre que cumplan con las condiciones o se encuentren en las situaciones del artículo 1o. de la presente reglamentación. En caso de optar por la subsistencia del convenio anterior, solo se admitirá el pago contado de la deuda posterior reliquidada si correspondiese, y siempre que dicho convenio no presente cuotas vencidas impagas.
La norma del inciso anterior será aplicable, en lo pertinente, a aquellos deudores que otorguen convenios a partir de la entrada en vigencia del Decreto que se reglamenta respecto de deudas no amparadas en la reliquidación.-

Artículo 5o.- Respecto a las deudas reclamadas judicialmente, será aplicable el siguiente régimen:
A) Hasta el ingreso en la vía de apremio (proceso de ejecución) inclusive, las deudas podrán reliquidarse con los mismos criterios y condiciones que se establecen para las deudas sin juicio.
B) Desde que recaiga decreto de remate de bienes o conste la existencia de sumas depositadas a la orden del Juzgado, sin perjuicio de requerirse las condiciones del artículo 1 literal A si correspondiera, procederá la reliquidación únicamente para pago contado o convenio con entrega mínima del cincuenta por ciento (50%) del monto adeudado, incluyendo igual porcentaje de las costas y costos generados, y el saldo financiado hasta en un máximo de veinticuatro (24) cuotas, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 3o. de la presente resolución.
C) Desde la realización del remate de bienes o el libramiento de orden de pago sobre las sumas depositadas a la orden del Juzgado, las deudas no se reliquidarán en ningún caso, salvo por el saldo impago luego de imputadas las sumas que fueran percibidas judicialmente, y en las condiciones del artículo 1o., si correspondiera.-

Artículo 6o.- El otorgamiento de facilidades de pago respecto de deudas reclamadas judicialmente cuya reliquidación hubiera correspondido de acuerdo a los artículos anteriores, no producirá la suspensión de los trámites judiciales promovidos para el cobro de tributos, precios y multas incluidos en el acuerdo, salvo el remate de bienes inmuebles y el cobro compulsivo de sumas embargadas, así como tampoco impedirá el inicio de procesos nuevos. El hecho de no encontrarse el deudor al momento de su presentación en las condiciones que establece esta reglamentación para que proceda la reliquidación de la deuda, aunque manifieste expresa o implícitamente su voluntad o intención de solicitarla en el futuro cuando se configuren dichas condiciones, no obliga a la Administración a conceder ninguna espera ni suspender la acciones judiciales, inclusive el remate de bienes inmuebles y/o el cobro compulsivo de sumas embargadas.-

Artículo 7o.- Cuando corresponda la aplicación de los artículos 1o. y 2o. de la presente reglamentación, los honorarios generados por las acciones y medidas judiciales tendientes al cobro de los créditos departamentales serán calculados sobre los montos resultantes de la reliquidación de los recargos por mora o actualizaciones sustitutivas.

Aprobar la siguiente reglamentación del artículo 4º del Decreto No. 36.045 de fecha 8 de setiembre de 2016(*):

Artículo 1o.- La Intendencia de Montevideo podrá conceder facilidades de pago: a) respecto de deudas generadas por atrasos en el pago de todos los ingresos departamentales y; b) respecto de aquellas reliquidaciones efectuadas por la Administración, de las que surjan retroactividades en los mismos.-

Artículo 2o.- Se otorgará hasta un máximo de 48 cuotas mensuales y consecutivas.-

Artículo 3o.- Se aplicará un interés compensatorio sobre saldos igual a la tasa de recargos por mora vigente al momento del otorgamiento de las facilidades y un interés moratorio mensual capitalizable para el caso de incumplimiento a una tasa igual al recargo por mora para tributos y precios vigente al momento de su aplicación.-

Artículo 4o.- Cuando al deudor se le conceda un régimen de facilidades, la Intendencia de Montevideo podrá exigir la constitución de garantía a propuesta del Servicio de Gestión de Contribuyentes, quedando sujeta la misma a la resolución de la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros.-

Artículo 5o.- Cuando el deudor incurra en incumplimiento en el pago de las facilidades acordadas, podrán concederse nuevas facilidades de pago, en cuyo caso se podrán exigir las garantías a que hace referencia el numeral anterior.-

Artículo 6o.- Por resolución de la Dirección del Servicio de Gestión de Contribuyentes se podrá autorizar la financiación o refinanciación de períodos que no abarquen la totalidad de la deuda.-

Artículo 7o.- En los convenios de pago podrán incluirse cuotas documentadas aún no vencidas.-

Artículo 8o.- El monto de cada cuota no podrá ser inferior al equivalente a unidades reajustables cero coma cincuenta (U.R. 0,50) a la fecha de su otorgamiento. La Dirección del Servicio Gestión de Contribuyentes podrá excepcionalmente autorizar convenios de pago con cuotas menores.-

Artículo 9o.- Podrán financiarse aquellos ingresos departamentales de generación no periódica.-

Artículo 10o.- El atraso de tres meses en el pago de cualesquiera de las cuotas de la financiación y/o de los débitos corrientes futuros, dará derecho a la Intendencia a hacer caer el régimen de facilidades otorgado, sin necesidad de comunicación ni intimación alguna, reactivándose la deuda original de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de su exigibilidad.-

Artículo 11o.- Para las financiaciones de cuentas reclamadas judicialmente (esperas en juicio) se aplicarán las normas que anteceden en lo que resulten aplicables.

Reliquidar las deudas por Contribución Inmobiliaria y tributos de cobro conjunto, al amparo del Decreto Nº 36.045 de 6 de mayo de 2016, eximiendo a las viviendas prometidas en venta por parte Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda de la condición establecida en el artículo 2º del mencionado Decreto.(*)

Ratificar la vigencia de los beneficios acordados por el Decreto 32.624 de 14 de agosto de 2008, en su artículo 10 por el cual se establece que las deudas de las cuentas de Adicional Mercantil a la Tasa General, Tasa de Contralor de la Higiene Ambiental y Tasa por Conervación de la Red de Alcantarillado que se encuentren cerradas al momento de la promulgación del presente Decreto, serán reliquidadas aplicando una exoneración del 100% de multas y recargos, actualizando las mismas por la evolución del Índice de precios al Consumo desde el vencimiento de cada cuota. Esta reliquidación se mantendrá vigente sin plazo.

La reliquidación que corresponda efectuar en tributos o precios departamentales -generadas por altas, cambios de valor del bien sobre el cual se calcula el tributo, o por cualquier otra causa que implique modificación en el monto imponible o en la cuantia determinada- no podrá ser superior a 4 años contados a partir del período inmediato anterior al que se considere. La presente norma se aplicará a las reliquidaciones que por cualquier causa se deban realizar a partir de la vigencia de este Decreto.

La Administración podrá renunciar al cobro de retroactividades generadas en altas masivas de tributos y precios en cuentas nuevas.

Igual facultad tendrá la Administración cuando las retroactividades sean producto de modificaciones tributarias o de precios un plazo máximo de un año a partir de su constatación fehaciente.

Cuando el sujeto pasivo comunique hechos que generen una nueva obligación tributaria o un precio, o un incremento tributario o de precios, y la determinación sea potestad exclusiva o con intervención preceptiva de la Intendencia, ésta tendrá también la facultad prevista en el párrafo anterior.

La Intendencia reglamentará la presente facultad.

Los aumentos porcentuales a que sé refieren diversas disposiciones de este decreto se aplicarán de manera uniforme y con carácter general a todos los tributos expresamente comprendidos en dichos aumentos. A tales efectos se deberá incrementar en la proporción correspondiente las alícuotas (fijas o porcentuales) aplicables y se adecuarán las cuantías mínimas y máximas establecidas para cada tributo, así como los importes mínimos de los recibos y cualesquiera topes, cifras o cantidades utilizadas o que deban utilizarse para el otorgamiento de exenciones o bonificaciones tributarias

Los ingresos por todo concepto fijados en moneda nacional que se encuentran expresados en valores de diciembre de 2012, se ajustarán cuatrimestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo.

La Intendencia procederá a actualizar el catastro departamental sobre bases técnicas y homogéneas que eliminen notorios desfasajes entre el valor de mercado y el valor real de la propiedad. Dicha reestructura se incorporará como modificación presupuestal en la rendición de cuentas que corresponda.

Facúltase a la Intendencia a extender el régimen previsto en el artículo 23 del Decreto Departamental N° 30.094, de 22 de octubre de 2002, a los avalúos que se realicen en todo tributo que tenga como base de determinación la declaración de niveles de actividad por parte del contribuyente.

(Ajustes diferenciales) Habilítase a la Intendencia de Montevideo a reglamentar ajustes diferenciales de 0 a 100% (cero a ciento por ciento) del Indice de Precios al Consumo (IPC) previsto en la norma presupuestal, respecto al monto de los tributos establecidos, tomando en cuenta las bases imponibles, y atendiendo al valor catastral o aforo del bien cuando corresponda, la que previamente a su aplicación será sometida a la aprobación de la Junta Departamental de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo podrá mantener los actuales valores imponibles de los tributos de base inmobiliaria, aún cuando mediasen variaciones en los valores reales establecidos por la Dirección Nacional de Catastro, en tanto éstos no sean el resultado de un estudio general de los valores reales de todos los inmuebles del Departamento de Montevideo.
Exceptúanse de la aplicación de la presente disposición las variaciones en los valores reales que resulten de modificaciones en las superficies construidas, y las situaciones de modificación predial debidas a fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos, como también a rectificaciones de áreas producidas por expropiaciones parciales emergentes de obras nacionales o departamentales.

Facúltase a la Intendencia de Montevideo para fijar semestralmente el interés de financiación aplicable a todas las deudas por tributos departamentales, multas y recargos, el que no podrá superar en ningún caso los topes máximos fijados por el Banco Central del Uruguay para el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario sin cláusula de reajuste.

(Compensación a petición de parte).- Dispónese la compensación, a petición de parte de créditos de naturaleza tributaria, civil o comercial que tenga el sujeto pasivo contra la Administración, y de oficio, los créditos de naturaleza tributaria, en los términos dispuestos por el Art. 35 del Código Tributario.

(Interpretación de los artículos 1511 num.1 Código Civil y 381 numeral 8 CGP) Declárase por vía de interpretación de los artículos 1511 numeral I del Código Civil y 381 numeral 8 del Código General del Proceso, que los particulares no pueden compensar deudas por tributos, tarifas u otros cargos o gravámenes con créditos que obtengan o hayan obtenido por cesiones de terceros.
Declárase igualmente que la expresión “Propiedades, rentas públicas y municipales”, utilizada en el citado artículo 381 numeral 8 del Código General del Proceso, comprende toda clase de bienes, cuentas o créditos del Estado o de los Municipios (artículo 460 del Código Civil).

Facúltase a la Intendencia a que en casos debidamente fundados, cuando celebre contratos o convenios con particulares de los que se derive un crédito para éstos, el mismo pueda ser imputado como pago de la Contribución Inmobiliaria correspondiente a los padrones que a tales efectos se determinen.

Facúltase a la Intendencia de Montevideo a aceptar, con carácter de excepción, la cancelación de obligaciones por concepto de tributos inmobiliarios mediante la modalidad de dación en pago de bienes inmuebles, en la forma y condiciones que se regulan en el presente Decreto.

La extinción de los adeudos tributarios no operará hasta tanto se otorgue escritura traslativa del dominio. Una vez obtenida la misma, la Administración expedirá al titular la correspondiente certificación de estar al día en el pago de los tributos referidos.

El rechazo de la propuesta no generará en ningún caso derecho a indemnización o compensación de especie alguna.

Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respectivo, por tres quintos de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales.

(Pago total o parcial precios departamentales).- Facúltase a la Intendencia, por vía de excepción y mediante resolución fundada del Intendente, a aceptar como pago total o parcial por precios departamentales, la prestación de bienes o servicios, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:
a) Que los bienes o servicios ofrecidos en pago sean de necesidad o especial interés de la Administración.
b) Que su valor sea debidamente avaluado por las oficinas competentes como equivalente a la deuda por el precio.
c) Que dicha adquisición no contravenga la normativa del TOCAF.

Las liquidaciones de deudas tributarias departamentales se redondearán en todos los casos a la unidad de pesos más próxima.

Los créditos y las reclamaciones contra el sujeto activo regulados por esta Sección caducarán a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.
Esta caducidad operará por períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional reclamando devolución o pago de una suma determinada.

El derecho al cobro de los tributos departamentales prescribirá a los veinte años contados a partir de la terminación del año civil en que sé produjo el hecho gravado.(*)

(Suspensión de la prescripción). La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta; se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso.

Cuando por cualquier motivo quedaran suspendidos o sin efecto cualesquiera de los tributos e ingresos establecidos o modificados por las disposiciones de este decreto, mantendrán su vigencia y se aplicarán automáticamente las normas sustituidas por aquellos.
A los efectos de no alterar las obras y los servicios, observando el debido equilibrio presupuestal, los tributos e ingresos que mantengan su vigencia según el inciso anterior, deberán ser revisados de acuerdo a los montos de los tributos e ingresos que fueren suspendidos o dejados sin efecto. Para ello, la Intendencia remitirá de inmediato a la Junta Departamental el proyecto de decreto correspondiente.

Los Gobiernos Departamentales, a solicitud de parte interesada, expedirán el Certificado Unico Departamental creado por el artículo 487 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el que tendrá vigencia anual. Dicho Certificado deberá solicitarse en cada Gobierno Departamental donde el contribuyente posea bienes y acreditará que no tiene adeudos pendientes por concepto de contribución inmobiliaria y patente de rodados, así como por las sanciones fiscales relativas a estos tributos, sobre los padrones y vehículos declarados de su propiedad, conforme al artículo 7º del presente Decreto; o que dispone de plazo acordado para realizar el pago mediante un convenio.

Sustituyese el artículo 7° del Decreto 502/007, de 20 de diciembre de 2007, por el siguiente: “Artículo 7°.- El Certificado único departamental, deberá solicitarse acompañado únicamente de una declaración jurada, que identificará al contribuyente a través del número de Registro único Tributario (R.U.T) de la Dirección General Impositiva, detallando los padrones de bienes inmuebles y las matrículas de los vehículos automotores de los cuales es titular en el Departamento. No se incluirán en la declaración jurada aquellos bienes inmuebles o automotores, respecto de los cuales el solicitante sea titular de derechos de mejor postor en remate o cesionario de tales derechos.
El formulario de declaración jurada será único para todos los Gobiernos Departamentales y deberá ser provisto por éstos. Dicho formulario será aprobado por la Comisión Sectorial del artículo 230 de la Constitución de la República.”

El Certificado que se reglamenta será exigible a partir del 1º de abril de 2008.

Exonéranse del control del Certificado Único Departamental previsto en el artículo 487 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005, así como del control de todo tributo, a los actos e inscripciones en los cuales intervenga el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda o éstos como administradores o fiduciarios de fideicomisos y fondos, cuyo beneficiario sea una persona de derecho público.

Establécese el certificado único acreditante de no existencia de adeudos tributarios pendientes para con la Administración. En todos los pliegos de licitación y en los contratos o convenios de cualquier naturaleza que celebre la I.M., constará que dicho certificado será exigible en ocasión de efectuarse pagos a toda persona física o jurídica que contrate con la misma.
Exceptúase de la presentación del mencionado certificado a las personas físicas que se encuentren en relación de dependencia con la I.M.
El Ejecutivo Comunal reglamentará la presente disposición, estableciendo los modos y la oportunidad de hacer efectiva la exigencia referida.

A aquellas Organizaciones No Gubernamentales que contraten con este Gobierno Departamental -en función de proyectos socio laborales- la prestación de determinados servicios, mientras tengan pendiente de resolución trámites de exoneración de tributos departamentales, se les extenderá un Certificado Único provisorio de seis meses de vigencia, mientras se concluye el procedimiento exentivo solicitado.

Autorízase a la Intendencia a fijar por concepto de servicios y costos de administración, recaudación o gestión, un precio que variará entre 0,1% y 3% de los importes administrados, recaudados o gestionados. El precio correspondiente será fijado en las diversas contrataciones de percepción de ingresos para terceros que acuerde la Intendencia.

Será totalmente nula toda enajenación, promesa de compraventa, inscripta o no, cesión y, en general, toda operación sobre cuotas indivisas de bienes inmuebles ubicados en las zonas suburbanas o rurales, con destino a la formación de centros poblados o de núcleos de viviendas, realizadas infringiendo normas nacionales o departamentales que regulan la subdivisión de la tierra.

Los Registros Públicos rechazarán de oficio la inscripción de actos comprendidos en el inciso anterior.

A tales efectos el escribano interviniente deberá dejar constancia en el acto respectivo, de la certificación municipal que acredite que la operación no se encuentra comprendida en la precedente prohibición.

Sin perjuicio de la expresada nulidad, dichas operaciones serán sancionadas por una multa equivalente al valor venal de cada solar que hubiere sido irregularmente negociado, la que beneficiará por partes iguales al comprador y a la respectiva Intendencia Municipal. El monto de la multa deberá ser fijada por un perito designado por la sede jurisdiccional competente, siguiéndose el procedimiento establecido por los artículos 321 y siguientes del Código General del Proceso. Todo ello sin perjuicio de someter a los responsables a la Justicia Penal atento a lo dispuesto por el artículo 347 del Código Penal.

Se presume que las contrataciones a que se refieren los incisos precedentes conducen a la formación de un centro poblado o de un núcleo de viviendas, y que en consecuencia se hacen pasibles de las nulidades y sanciones previstas, cuando se dan circunstancias tales como el número de operaciones concertadas respecto de un mismo inmueble, el precio fijado a cada cuota indivisa, la publicidad desarrollada fomentando aquéllas y demás elementos de análogo carácter.

La multa se aplicará por la respectiva Intendencia Municipal en vía de apremio y recaerá por mitades en la persona física o jurídica promotora de la negociación y en el o en los profesionales intervinientes.