(Mora). La mora se configura por la no extinción de la deuda por concepto de cualesquiera de los tributos y precios departamentales en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento de los plazos acordados al efecto. Será sancionada:

A) Con una multa del 0,5% diario –tasa lineal-, calculada sobre el monto impago, hasta el trigésimo día calendario a contar desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación. A partir del trigésimo día, la multa será del 15%. La suma resultante se actualizará por el índice de precios al consumo (IPC), fijado por el Instituto Nacional de Estadística o quien cumpla sus funciones, a partir del cumplimiento del trigésimo día del vencimiento de la obligación.

B) Con un recargo calculado a partir de una tasa efectiva anual equivalente a la suma del coeficiente de variación del índice de precios al consumo (IPC) más la tasa media anual de interés del sistema financiero en unidades indexadas correspondiente a operaciones de préstamo para vivienda para familias vigente al mes de noviembre del año anterior. A los efectos de esta disposición, el coeficiente de variación del índice de precio al
consumo (IPC) será el que determine el Instituto Nacional de Estadística o quien cumpla sus funciones, y se fijará anualmente por la Intendencia de Montevideo, correspondiendo a la variación operada en los 12 (doce) meses cerrados el 30 de noviembre del año anterior. Dicho recargo se devengará a partir del día siguiente
a la fecha de vencimiento de la obligación.

Se exceptúan temporalmente del mencionado régimen sancionatorio los tributos, precios y sanciones administrados a través del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) creado por la Ley Nº 18.860, promulgada el 23 de diciembre de 2011, respecto de los cuales regirán, durante su vigencia, los acuerdos del Congreso de Intendentes incorporados al derecho departamental a través del Decreto de la Junta Departamental Nº 34.038, promulgado por resolución Nº 6058/11, del 30 de diciembre de 2011 y aplicados por Resolución Nº 13/12/2000, de fecha 3 de enero de 2012.

Establécese que los recargos por mora en el pago de las obligaciones tributarias que percibe la Intendencia de Montevideo, se capitalizarán mensualmente de acuerdo a los valores y en la forma que periódicamente fijará la Administración.

(Variación del I.P.C.). El período de variación del I.P.C. a que alude el art. 26 (*) del Decreto Departamental Nº 29.434 de 10 de mayo de 2001, será el del semestre anterior anualizado.

Entiéndese por cuenta corriente en situación regular de pago, a aquellas cuentas que no han registrado atrasos en los últimos dos años, no han solicitado financiación, ni mantienen deuda por períodos anteriores.

Los contribuyentes que hagan uso de este beneficio sólo podrán reiterarlo cumplido el plazo establecido en el Artículo 2º.(*)

Fijar la tasa de recargo por mora aplicable a todos los tributos y precios departamentales en el dos por ciento (2%) mensual capitalizable.
El régimen precedentemente establecido regirá a partir del 1° de febrero de 2007.

Facultar a la Intendencia de Montevideo para exonerar las multas y recargos generados por falta de pago de tributos y precios desde el 1º de enero de 2021 y hasta el 30 de junio de 2022, y que correspondan a cuotas de tributos o precios comprendidas desde la primera del año 2021 a la última del año 2021, siempre y cuando se cumpla además con los restantes requisitos exigidos por el presente artículo y los artículos 56.10 a 56.17 del TOTID y su reglamentación. Quedan incluidas las reliquidaciones de tributos o precios generados con anterioridad, siempre que se les haya asignado el período de cobro antes mencionado.

Disponer que las cuotas impagas de convenios de pago celebrados antes de la vigencia del Decreto Nº 37.880, podrán diferir su respectiva fecha de vencimiento pasando a vencer la primera cuota impaga el 10 de enero de 2022 y las subsiguientes en los meses posteriores a razón de una por mes. Para que resulte de aplicación el presente artículo será necesario que se trate de convenios que no registren adeudos por cuotas anteriores a la primera del 2021 a la fecha de vigencia del Decreto Nº 37.880. El diferimento previsto en este artículo no es aplicable a los convenios celebrados al amparo del Decreto Nº 37.546, ni a los convenios que hayan recibido el beneficio de diferimento de cuotas previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 37.546.

Establecer que los beneficios previsto en los los artículos 56.9 a 56.11 podrán ser otorgados siempre y cuando a la fecha de su vigencia, no se registren adeudos anteriores a la primera cuota del año 2021 por el tributo o precio por el cual se solicita el beneficio. En todos los casos, a los efectos del otorgamiento de la exoneración establecida en el artículo 56.9 se admitirá la existencia de convenios vigentes por deudas anteriores, siempre que hayan sido celebrados antes de la vigencia del Decreto Nº 37.880, y que, a la misma fecha, no se registren adeudos por cuotas anteriores a la primera del 2021.

Además, será necesario que se verifique alguna de las siguientes situaciones:

1º) Se trate de personas físicas contribuyentes u obligados al pago que formen parte de núcleos familiares con integrantes que se encuentren o hayan estado en seguro de paro total o parcial o hayan sido despedidos de un trabajo a partir del 14/03/2020 y que hayan permanecido al menos cuatro meses sin actividad laboral en el año 2021;

2º) Personas físicas contribuyentes u obligados al pago que formen parte de núcleos familiares con integrantes que sean beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social o de las canastas de emergencia que proporciona el MIDES;

3º) Beneficiarios de esperas por parte del Tribunal de Quitas y Esperas. En este caso no se tendrá en consideración el período adeudado que haya sido suspendido por resolución, siendo necesario que para acceder a los beneficios por los períodos no comprendidos en la suspensión, no se registren adeudos anteriores a la primera cuota de 2021 a la fecha de vigencia del Decreto Nº 37.880.

4º) Monotributistas y titulares de empresas unipersonales comprendidos en el tope de ventas establecido en el literal E) del artículo 52 del Capítulo IX – Exoneraciones – Título 4 – Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas del Texto Ordenado de 1996 del título del Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva;

5º) Personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos destinados a alojamientos turísticos;

6º) Personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos destinados a salones de fiestas o eventos registrados en la base de datos del Servicio de Convivencia Departamental a la fecha de vigencia del Decreto Nº 37.880;

7º) Personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos destinados a agencias de viajes y turismo;

8º) Personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos destinados a bares, restaurantes, cafés, parrilladas, pizzerías y toda empresa alimentaria donde se expendan alimentos con servicio de mesa;

En los casos de los numerales 4º a 8º será necesario que las personas físicas o jurídicas cuenten con las habilitaciones que las diferentes normas exigen para el desarrollo de la actividad.

Establecer que los contribuyentes que mantengan un convenio vigente realizado al amparo del Decreto Nº 37.546 podrán acceder a los beneficios del Decreto Nº 37.880 una vez que lo hayan cancelado.

Indicar que la Intendencia de Montevideo reglamentará los artículos 56.9 a 56.16 estableciendo los requisitos necesarios para acreditar las situaciones previstas en el artículo 56.13 así como toda instrumentación necesaria.

(Defraudación). Defraudación es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del Gobierno Departamental a la percepción de los tributos.
Se considera acto fraudulento a todo engaño u ocultación que induzca o sea susceptible de inducir a los funcionarios de la Administración a reclamar o aceptar importes menores a los que corresponda o a otorgar franquicias indebidas.
Se presume la intención de defraudar salvo prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Contradicción evidente entre las declaraciones juradas presentadas y la documentación en base a las cuales deben ser formuladas aquéllas.
b) Manifiesta disconformidad entre las normas y la aplicación que de las mismas se haga al determinar el tributo o al entregar informaciones a la Administración.
c) Exclusión de hechos generadores que impliquen una disminución de la materia imponible.
d) Presentar documentación en todo o en parte falsa que favorezca la disminución de los créditos fiscales.
e) Incumplimiento de la obligación de exhibir libros y documentos contables, o existencia de dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos.
f) Omisión de extender la documentación requerida por la ley o la normativa departamental con fines de control.
g) Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas jurídicas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados.
h) Omitir la versión de las retenciones efectuadas.
i) Omisión de denunciar los hechos previstos en las normas departamentales como generadores de tributos, cuya responsabilidad corresponde al contribuyente, y de efectuar las inscripciones en los registros correspondientes.
Será sancionada con una multa de entre 10 U.R. y 350 U.R., mediante resolución fundada y de acuerdo a cada caso. El monto de las multas podrá fijarse de una a quince veces el monto del tributo defraudado o pretendido defraudar, dentro de los límites mencionados en la primera parte de este inciso.

(Responsabilidad). La responsabilidad por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas expresamente.
Están sujetos a responsabilidad por hecho propio o de personas de su dependencia, en cuanto les concierne, los obligados al pago o retención y versión del tributo, o quienes los representen, los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrinjan los decretos, reglamentos o disposiciones administrativas o cooperen a transgredirlas o dificulten su observancia.

(Responsabilidad de las personas jurídicas).- Las personas jurídicas y demás entidades podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física.
Sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la persona jurídica, sus representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios o gestores serán sancionados por su actuación personal en la infracción, cuando así correspondiere en mérito a la conducta de cada uno.

(Eximentes de responsabilidad).- Excluyen la responsabilidad:
1º) La incapacidad absoluta, cuando se carece de representante legal o judicial. Cuando el incapaz tuviere representante, ambos responderán solidariamente, pero el primero solamente hasta la cuantía del beneficio o provecho obtenido.
2º) La fuerza mayor y el estado de necesidad.
3º) El error excusable en cuento al hecho que constituye la infracción.