Principios rectores y directrices:

Respeto, dignidad y no discriminación: Toda persona en situación de vulnerabilidad deberá ser tratada con respeto y dignidad y no discriminación: con respeto y dignidad, en términos de igualdad y no discriminación. (Arts. 7, 72 y 332 de la Constitución).

Voluntariedad:Para ampararse al presente régimen de trabajo especial, la persona en situación de vulnerabilidad deberá expresar su consentimiento libre e informado. En cualquier momento, podrá egresar del sistema, sin expresión de causa o justificación.

Participación: En el abordaje de cada situación, deberá fomentarse la participación activa de toda persona en situación de vulnerabilidad, tanto en la identificación de sus necesidades, como en el diseño y toma de decisiones sobre las medidas y procedimientos requeridos en las diferentes tareas de la atención.

Confidencialidad: Las actuaciones tendrán carácter reservado a fin de proteger el derecho a la intimidad de las personas amparadas por el presente sistema. El personal técnico, profesionales y funcionariado deberán guardar la confidencialidad de los datos personales recibidos calificados como sensibles, sin perjuicio del tratamiento de la información necesaria a quienes deban intervenir, de acuerdo a la etapa del trámite en el que se encuentren. (Art. 18 Ley de protección de datos personales N° 18.331).

Celeridad, economía y eficacia: Se tomarán los recaudos necesarios para que las actuaciones se desarrollen con la mayor prontitud y eficacia posible. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las situaciones, garantizando su pronta resolución, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo ameriten, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso.

No revictimización: Se evitará la reiteración del relato de los hechos, así como también, la exposición de la persona en situación de vulnerabilidad.

Protección: Se protegerá la integridad psico-física de toda persona en situación de vulnerabilidad y se realizará su contención desde la consulta y durante todo el abordaje de la situación.

Especialización: Se priorizará que los servicios sean brindados por equipos interdisciplinarios especializados, y con los recursos institucionales adecuados para garantizar su calidad.

Coordinación y colaboración: Los esfuerzos para la inclusión, protección y atención oportuna y eficiente de las personas en situación de vulnerabilidad, deberán planificarse y ejecutarse de manera coordinada y colaborativa entre actores intra e interinstitucionales.

Integralidad: El abordaje de la situación planteada se realizará de forma integral. Comprenderá acciones para la persona en situación de vulnerabilidad y también para su espacio laboral.

Ámbito de aplicación. Este régimen sólo procederá cuando no existan otros medios institucionales que garanticen a la persona en situación de vulnerabilidad, el acceso real al ejercicio de sus derechos en el espacio laboral, o cuando, si existieran, fueran claramente ineficaces.

La situación deberá ser analizada y valorada preliminarmente en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles por un Comité de Recepción el que se integrará por una dupla técnica especializada dependiente de la Secretaría de Bienestar Laboral e Igualdad de Género.

El Comité de Recepción podrá proponer el ingreso de la persona interesada a este sistema de trabajo. A dichos efectos, recabará su consentimiento a través de un medio de comunicación que proporcione certeza, así como su autorización para el acceso a información incluyendo el levantamiento del secreto profesional, si correspondiere. Si el consentimiento fuera expresado verbalmente, se labrará un acta dejando constancia de ello. Tanto el consentimiento como la autorización para el acceso a la información serán requisitos necesarios para poder ampararse a la presente reglamentación.

Seguidamente, la Secretaría de Bienestar Laboral e Igualdad de Género convocará a un Comité de Evaluación especialmente conformado para analizar el caso en concreto, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a partir del consentimiento de la persona interesada.

El Comité de Recepción podrá asimismo sugerir y/o adoptar medidas temporales de protección previamente acordadas con la persona interesada, hasta tanto el caso no fuere analizado por el Comité de Evaluación.

En el caso de que el Comité de Recepción valore que la situación planteada no se encuentra comprendida por la presente reglamentación, realizará un informe fundado el que deberá ser notificado a la persona interesada.

La estrategia de intervención deberá realizarse en acuerdo con la persona interesada, incluirá recomendaciones técnicas y podrá comprender entre otras medidas: cambio de tareas, de horario de trabajo o de dependencia funcional, teletrabajo, suspensión del cargo presupuestal o función del contrato, sin derecho al cobro de remuneración, por un plazo máximo de hasta 3 (tres) años. Esta estrategia deberá comprender cómo se realizará el seguimiento de cada situación, y cuándo será la próxima evaluación del Comité.

En el caso de que la persona interesada se encuentre sometida a un sumario por inasistencias, dicho procedimiento podrá ser suspendido o reconsiderado en su objeto, previo informe fundado del Comité de Evaluación.

La permanencia en el sistema será por períodos renovables de hasta 6 (seis) meses a partir de la fecha del dictado de la resolución referida en el artículo precedente, sujeta a evaluación del Comité de Evaluación, hasta un máximo de 3 (tres) años.

El egreso del sistema podrá darse por recomendación técnica del Comité de Evaluación, por agotamiento de los plazos, o por la sola voluntad de la persona interesada, debiendo en todos los casos reintegrarse al sistema ordinario de trabajo.