Las siguientes normas contenidas en el presente Apartado II contienen el denominado “Plan Montevideo" (Plan de Ordenamiento Territorial, 1998-2005) y sus modificativas.

Contenido. El presente capítulo contiene las normas generales sobre el ordenamiento del territorio departamental, la planificación urbanística y su ejecución, a las que deberán adecuar su actuación las dependencias, las demás entidades públicas en lo que corresponda, los agentes privados, los propietarios de bienes inmuebles y en general las entidades y los habitantes del departamento conforme con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y la legislación departamental aplicable.

Ámbito y naturaleza. El Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Montevideo es el instrumento mediante el cual se ordena en forma general e integral el territorio y se define el estatuto jurídico-territorial de los bienes inmuebles del Departamento, a través de las directrices contenidas en dicho Plan y de las normas del presente título y de las que lo desarrollan.

Vigencia. El Plan de Ordenamiento Territorial tendrá vigencia mientras no se apruebe otra figura de planificación que lo sustituya. Su previsión temporal es de ocho años (1998-2005). Transcurrido este plazo se procederá, de acuerdo al grado de concreción de sus previsiones, a la modificación o revisión del Programa de Acción Territorial y a la revisión del Plan si se estima conveniente.
Entrará en vigencia el 1° de diciembre de 1998, salvo los artículos D.198, D.200, D.205, D.209, D.219 y D.220 que entrarán en vigencia con la publicación y también se exceptúan aquellas disposiciones que expresamente prevean otro momento de entrada en vigencia. En un plazo que no exceda los tres años de su vigencia, el Plan, será sometido a una exhaustiva evaluación tanto en su contenido como en la experiencia de su gestión. Dicha evaluación incluirá una consultoría técnica independiente. El informe que resulte de ello será sometido a la Junta Departamental de Montevideo con las propuestas legislativas que se entiendan pertinentes.

Modificación. Cualquier otra alteración del Plan de Ordenamiento Territorial, durante su vigencia, que en general no alcance a la globalidad del mismo por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general y orgánica del territorio o a la clasificación del suelo, se considera modificación del mismo.

A) Modificación simple. Cuando las modificaciones no alteren significativamente ningún elemento sustancial, la aprobación de la modificación corresponderá al Intendente de Montevideo, previo informe de la Comisión Permanente del Plan, comunicándolo a la Junta Departamental de Montevideo.

B) Modificación cualificada. Cuando la modificación afecte algún elemento sustancial, cambio de la categorización de suelo o modificación directa del régimen del suelo, la aprobación corresponderá a la Junta Departamental de Montevideo, a iniciativa del Intendente de Montevideo y previo informe de la Comisión Permanente del Plan.

En ambos casos, las modificaciones podrán suponer un retorno de valorización o mayor aprovechamiento de un predio, según sea el caso, entendiéndose por tales el incremento del aprovechamiento resultante de una mayor edificabilidad, una mayor intensidad de usos o la superación de parámetros vigentes aún sin constituir mayor edificabilidad.

Interpretación y aplicación. La interpretación auténtica será realizada por la Junta Departamental de Montevideo, la interpretación de ejecución y aplicación de las determinaciones técnicas y las normas del Plan de Ordenamiento Territorial corresponde, según los casos, a los órganos del Gobierno Departamental con competencia jurídico-urbanística.
Las Memorias Informativa, de Ordenación y de Gestión y Seguimiento tendrán valor de exposición de motivos en las cuestiones de interpretación del presente Plan y como asimismo las actas de las Sesiones de la Comisión de Planeamiento Urbano, Vivienda, Obras y Servicios y el acta de la Sesión de la Junta Departamental, con la aprobación del Plan.
Las normas urbanístico-territoriales que otorgan valor jurídico al Plan y que integran el presente cuerpo normativo, prevalecerán sobre cualquier otra disposición que regule de forma parcial o sectorial aspectos que tengan relevancia urbanístico-territorial y que con la entrada en vigencia del Plan queden en contradicción con el mismo.
Las cuestiones interpretativas que se pudieran suscitar en la aplicación de las determinaciones técnicas y normas urbanísticas se resolverán atendiendo a los siguientes principios y criterios:
A) Principios jurídicos:
1. Interpretación contextual, sistemática y orientada por las finalidades y los principios rectores del Plan.
2. Interpretación estricta, esto es, que no admite la extensión analógica, en situaciones de limitación, gravamen o disfavor para los particulares.
3. Primacía del interés general sobre el interés individual, siempre que ello no vulnere un derecho adquirido.
4. La actividad urbanística y de ordenamiento territorial es de interés y naturaleza pública y consecuentemente se desarrolla en el marco del principio de legalidad y se fundamenta en el interés general.
B) Criterios técnicos urbanísticos:
1. Procurar el más adecuado equilibrio posible entre el aprovechamiento urbanístico y edilicio y los equipamientos urbanos.
2. Privilegiar los espacios libres.
3. Procurar la conservación adecuada y progresiva del patrimonio protegido.
4. Evitar o mitigar el deterioro del ambiente, del paisaje y de la imagen urbana.
5. Procurar la transformación de los usos y actividades existentes con los menores costos posibles, conforme a las directrices del Plan.
6. Tutela del interés urbanístico más general.
7. Equitativa distribución de beneficios y cargas resultantes del urbanismo.

Planes y proyectos de otras entidades públicas. Los planes y proyectos que desarrollen las Entidades Estatales con incidencia territorial deberán obtener, con carácter previo a su aprobación, un dictamen preceptivo del órgano competente en materia de Ordenamiento Territorial del Gobierno Departamental.
El dictamen contendrá un pronunciamiento sobre la coherencia del plan o proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial, y será producido en un plazo no mayor de tres meses, transcurrido el cual y de no existir pronunciamiento del órgano competente, se entenderá que la opinión es favorable al plan o proyecto. Se propiciará que la resolución de las discrepancias que pudieran plantearse se realice de común acuerdo, para lo cual se podrán constituir comisiones mixtas de concertación.
En el caso del Plan Especial "Fénix"/La Aguada, se constituirá de inmediato la Comisión Mixta de Concertación para la elaboración y ejecución del correspondiente convenio de cogestión (Artículo 79). En ese caso, el plazo de aprobación ficta se reducirá a 30 días.

Deberes urbanísticos. Establécese que el interés general urbanístico- territorial conlleva, para los titulares de los inmuebles del Departamento, según las leyes nacionales y los decretos departamentales aplicables, los siguientes deberes:
1) Deber de usar. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones, deberán destinarlos efectivamente al uso en cada caso previsto por el presente Plan y por los que se formulen en desarrollo del mismo.
2) Deber de conservar. Todos los propietarios de terrenos y construcciones deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
3) Deber de proteger el medio ambiente. Todos los propietarios quedarán sujetos a las normas sobre protección del medio ambiente.
4) Deber de proteger el patrimonio cultural. El cumplimiento de las normas de protección del patrimonio cultural incumbe y afecta a todos los propietarios de bienes inmuebles.
5) Deber de rehabilitar. En su caso, quedarán sujetos al cumplimiento de las normas de rehabilitación urbana.