Cuando para el esclarecimiento de irregularidades, omisiones o delitos, corresponda efectuar investigaciones, se procederá de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo y su reglamentación, salvo cuando se denuncie una situación de acoso sexual laboral, acoso, violencia o discriminación en el ámbito laboral o en la relación docente estudiante, incluídas aquellas por razón de género, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Título V del Volumen II del Digesto Departamental.

El/La funcionario/a sumariado/a podrá ser suspendido/a preventivamente por un plazo no mayor de cuatro meses y con privación total o parcial de sueldos, si no se creyera del caso trasladarlo a otra repartición o Servicio mientras se sustancia el sumario.

Asimismo, cometida una falta grave que a juicio del Jefe inmediato del infractor/a haga inconveniente su presencia en el Servicio, aquel podrá solicitar al Director o Directora de División o al Alcalde o Alcaldesa la suspensión preventiva del/la funcionario/a.

Dispuesta por éste la referida suspensión preventiva, deberán someter de inmediato los antecedentes a la División Asesoría Jurídica a los efectos de informar y sugerir al Intendente/a si corresponde la suspensión en el ejercicio de sus funciones, con retención total o parcial de sueldos, según tenga o no familiares a su cargo. El/La Intendente/a, adoptará resolución en el plazo de 10 (diez) días. De no adoptarse resolución dentro del plazo establecido, quedará sin efecto la suspensión preventiva.

No obstante, a petición del interesado o de oficio, el/la funcionario/a sumariado/a podrá ser reintegrado/a a su cargo u otro de grado equivalente antes de la conclusión del sumario y sin perjuicio de las resultancias de éste.

Cuando el funcionario no concurriere a desempeñar sus tareas, por hallarse detenido en sede policial, imputado de haber cometido un delito u otra infracción, no se abonará remuneración por el lapso de su detención, salvo que la autoridad competente, lo hubiere puesto en libertad sin procesarlo.

En los casos no comprendidos en la parte final del artículo anterior y de delitos comprendidos en el Título IV del Libro II del Código Penal, se podrá disponer la retención de hasta la totalidad del sueldo, siempre que el funcionario no tenga familiares a su cargo o personas a quienes su actividad sirva de sustento principal, cuando la gravedad de la infracción lo justifique, atendidas las circunstancias del caso. Esta medida se considerará plenamente justificada cuando la infracción sea de aquellas que comprometen el patrimonio o el prestigio de la Administración.

Siempre que el funcionario procesado haya obtenido la libertad provisional, y permaneciera vinculado a la función pública de esta Intendencia, deberá solicitar la reanudación de su actividad funcional dentro de los quince días de la fecha de su liberación. En caso omiso, le serán retenidos la totalidad de sus haberes y se procederá conforme al artículo D. 47 del presente Título. La Administración decidirá la solicitud, atendidas las circunstancias del caso.